*La Minuta, enviada por el Senado de la República,
establece las bases del Sistema Nacional Anticorrupción.
Xalapa, Ver. | 03 mayo de 2015
Tribuna Libre.- La LXIII
Legislatura de Veracruz aprobó por mayoría la Minuta enviada por el Senado de
la República, que reforma la Constitución federal y establece las bases del
Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Con 44 votos a
favor y uno en contra, del diputado Fidel Robles Guadarrama, se avaló por obvia
resolución estas modificaciones que contemplan crear un Comité Coordinador
integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del
Ejecutivo responsable del control interno, del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa y el presidente del organismo garante que establece el artículo
6º constitucional.
Se faculta al
Tribunal Federal de Justicia Administrativa para emitir sus fallos y sancionar
actos de corrupción de servidores públicos y privados, como los casos de
enriquecimiento ilícito. También sancionará a particulares que intervengan en
actos vinculados a faltas administrativas graves, con independencia de otro
tipo de responsabilidades.
La norma obliga a
resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o entes
públicos federales, locales o municipales. Prevé sancionar a las personas
morales, a las que podrá ordenar la suspensión de actividades y la disolución o
intervención de la sociedad respectiva, cuando obtenga un beneficio económico y
se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de
sus socios.
También obliga a
los servidores públicos a presentar bajo protesta de decir verdad su
declaración patrimonial y de intereses, y contempla la figura de “juicio
político”, para sancionar a los servidores públicos que incurran en actos u
omisiones que redunden en prejuicio de los intereses públicos.
Los recursos
locales provenientes de deuda respaldados por la Federación se fiscalizarán por
la ASF, y las instituciones públicas instalarán órganos internos de control
para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas.
Dichos órganos sancionarán conductas que no
competen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presentarán las
denuncias por hechos u omisiones que pudieran constituir delito ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El Instituto Nacional
Electoral (INE) también será autoridad en la materia, para evitar excesos o
abusos de las autoridades estatales, federales y municipales.