Ciudad de México. | 14 julio de 2016
Tribuna Libre.- Seguir la ruta del
dinero será la base del proceso que sigue para investigar, y en su caso
castigar, a los gobernadores sobre los que pesan señalamientos de corrupción,
afirmaron especialistas. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó
ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de
inconstitucionalidad en contra de los Congresos y los Gobernadores de Quintana
Roo, Veracruz y Chihuahua luego de que el mes pasado los legisladores locales
aprobaron reformas “que se oponen a los lineamientos generales” del Sistema
Nacional Anticorrupción. Pero eso solo fue el primer paso.
La Ley General
Anticorrupción –que entrará en vigor una vez sea promulgada por el poder
Ejecutivo– previó que los estados deben esperar a la expedición de las leyes
generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten y
armonicen al Sistema Nacional. Pero los priistas Roberto Borge Angulo, Javier
Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez –cuyas administraciones han sido
cuestionadas– se adelantaron y modificaron la reforma en este rubro con la
intención de blindarse al buscar designar a funcionarios encargados de promover
la justicia.
Ante el anuncio,
Borge Angulo lo negó. Duarte de Ochoa desistió nombrar a magistrados y al
Fiscal. Duarte Jáquez calló.
Expertos
consultados por SinEmbargo aseguraron que la acción de la PGR fue acertada
(aunque tardía) pero, dijeron, solo es una parte del camino, ya que la nueva
maquinaria anticorrupción dará las herramientas para profundizar en auditorías,
seguir la ruta del dinero y juntar evidencia para desmantelar las redes de
corrupción. El trabajo será documentarlo bien y, finalmente, actuar en consecuencia
por la vía penal, no solo a nivel administrativo.
“La acción [de
inconstitucionalidad] está bien, es un mecanismo de control y un recurso legal.
Pero si nos queremos meter al fondo del asunto, tenemos auditorías, menciones
documentadas de temas como deuda pública, pago a proveedores; fallas en el
incumplimiento de responsabilidades financieras del estado que darían lugar
para meterse al fondo”, expuso Ricardo Corona, abogado general del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Además, de acuerdo
con Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación
(Gesoc), el poder Ejecutivo debe determinar estas acciones ante la SCJN como de
“alta relevancia” para que la resolución no tarde mucho tiempo, ya que no queda
otra medida al ser cambios ya aprobados por los Congresos locales.
“Es lamentable que
en su momento no haya habido ningún pronunciamiento público o intervención por
parte del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, la PGR o la Secretaría de la
Función Pública”, cuestionó sobre el proceso de los gobernadores para cobijarse
debajo de los nombramientos a modo.
Lourdes Morales
Canales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, declaró que “falta
desmantelar las redes de corrupción, localizarlas, hacer el rastreo de la ruta
del dinero que se ha desviado y reintegrarlo al erario público […] Ojalá
también se lograra el resarcimiento del daño a la sociedad veracruzana,
chihuahuense y de Quintana Roo”.
El dinero, aseguró
el dirigente de Gesoc, puede ser rastreado a través de inteligencia financiera
y con el sistema fiscal para juntar la evidencia necesaria y después la
Fiscalía Anticorrupción podrá actuar de manera inmediata.
“Lo que sigue en
las próximas semanas y meses es utilizar los instrumentos del Sistema Nacional
Anticorrupción para evitar que se caigan los casos como antes. Cuando tienes
capacidad de seguir la ruta del dinero y de las consecuencias fiscales, tienes
un caso muy robusto para actuar en consecuencia con las vías penales, no solo
las administrativas. Sigue realmente lo importante; construir casos sólidos
para llegar por la vía penal hasta lo más alto”, refirió. www.revistarepublica.com
