Ciudad de México. | 28 octubre de
2016
Tribuna Libre.- La impunidad que
rodea el caso del Gobernador veracruzano con licencia Javier Duarte de Ochoa no
es la excepción; es la regla en un sistema político-electoral basado en el
intercambio de favores entre quienes ocupan cargos públicos.
Así explica el
académico Edgardo Buscaglia. La falta de ejecución, por parte del Gobierno
federal, de la orden de aprehensión contra el mandatario veracruzano, girada
días después de que pidiera licencia de su cargo, es el mejor ejemplo, dice.
“Es una simulación”, afirma el experto en marcos
legales del combate a la delincuencia organizada.
“La política es
una puerta giratoria: entra uno y sale otro. No es cuestión de un nombre, sino
de un sistema que permite llegar al poder político dejando dinero o pagando a
alguien; entonces, se responde a ese alguien y no al pueblo”, agrega.
Investigador de
Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, Buscaglia ha insistido tanto
en sus libros como en foros y entrevistas, en la necesidad de que el combate a
la delincuencia organizada pase por el aseguramiento de los bienes
patrimoniales de los operadores, incluyendo a los políticos que protegen estos
ilícitos.
También, en la
urgencia de reformas a las leyes electorales que permitan que las candidaturas
a los cargos de elección se definan a través del voto popular y no a discreción
de los partidos, que tienden a seleccionar sólo a quienes garanticen protección
ante los abusos de poder.
Pero como ese
marco legal no es el actual en México, dice Buscaglia en entrevista sobre
Duarte de Ochoa, no sorprende que el ex mandatario haya tenido tiempo de
preparar su escape.
“Ese es el modus
operandi que se usaba en los mejores épocas de la mafia en Italia, donde a los
políticos les avisaban días antes para que se escaparan”, dice. “Es un modus
operandi muy usual entre gobiernos de todos los partidos que han entrado a un
comportamiento mafioso, como el mexicano”.
Javier Duarte de
Ochoa fue expulsado el pasado martes del Partido Revolucionario Institucional,
en donde una demanda interna busca castigarlos por corrupción a él y a los
también ex mandatarios priístas César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto
Borge Angulo, de Quintana Roo, y a Rodrigo Medina, de Nuevo León.
La medida fue
posterior a las derrotas tricolores en los primeros tres estados durante la
elección del pasado 5 de junio, atribuidas a las acusaciones de corrupción
contra los ex mandatarios, y como medida preventiva del PRI ante otro voto de
castigo en 2018.
En este contexto,
Televisa anunció el pasado 17 de octubre que la Procuraduría General de la
República había girado una orden de aprehensión contra el veracruzano por los
probables delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia
ilícita.
Cinco días antes,
sin embargo, Duarte de Ochoa –que deja 35 mil millones de pesos sin explicar,
de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación– había solicitado
licencia de su cargo.
“No dudo que (la
ex Procuradora) Arely Gómez hubiera querido capturar a Duarte, pero quienes la
rodeaban forman parte del pacto de impunidad (…) y hasta que no se rompa, no
habrá investigaciones patrimoniales”, dice Buscaglia.
Ese mismo pacto de
impunidad, dice, ayuda a explicar la remoción de Gómez de la PGR el mismo
pasado martes 25.
“Un poco confirma
esto. Me reuní con ella en varias oportunidades y, de lo que yo le decía, nunca
dijo que no tuviera razón; pero con sus acciones me confesaba que no podía. El
problema es que ella formaba parte de un grupo que no le dejaría actuar como
debería haber actuado”, dice.
En ese contexto,
Buscaglia recuerda el caso del aún Fiscal Especial para la Atención de Delitos
Electorales, Santiago Nieto Castillo, que giró orden de aprehensión contra el
ex vocero del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, y luego él
mismo fue investigado por presuntamente filtrar los datos.
“Arely Gómez
generó una orden de aprehensión y ahí está”, dice. “Está también lo que le pasó
a Santiago Nieto; hay un pacto de impunidad política en México”, insiste.
Otro de los
planteamientos de Buscaglia es que ni la corrupción ni el crimen organizado
internacional son problemáticas únicas de México, sino los vacíos legales e
institucionales –como la falta de controles al patrimonio de los políticos y a
la forma en la que llegan a sus cargos– que permiten la impunidad y, en
consecuencia, los miles de asesinatos y desapariciones de la última década.
Otro faltante del
combate a la corrupción y al crimen organizado, menciona, es un movimiento
social que lo exija.
“Giovanni Falcone
(el juez italiano destacado por su trabajo contra la mafia de ese país) tenía a
la sociedad detrás de él, exigiendo, protegiéndolo”, cierra. http://www.revistarepublica.com.mx/