Mixtla de Altamirano, Ver.
| 25 marzo de
2017
Jacinto Romero Flores
Tribuna Libre.- La presidenta municipal Dolores Amador
Margarito dijo que uno de los problemas a los que se ha venido enfrentando en
las últimas semanas, es con los propietarios de los predios por donde pasa el
trazo para la apertura de caminos, lo cual de alguna manera viene a provocar el
atraso de la obra pública.
Dijo que hay algunas personas que se dicen
propietarios de los predios por donde se ejecutan caminos que sólo retrasan la
ejecución de las obras al interponer denuncias en los juzgados, pero que
finalmente no les asiste la razón jurídica.
Ejemplificó el caso del señor Isauro Atlahua
Zopiyactle quien se dijo afectado de un predio en el poblado de Tlacotzinga, en
este municipio, e interpuso el juicio de amparo 378/2016 en el Juzgado Décimo
Sexto de Distrito, sin embargo, éste recurso legal no prosperó y las
autoridades federales le concedieron la razón al gobierno municipal de Mixtla
de Altamirano.
Aseguró que "Mixtla es uno de los
municipios más pobres a nivel estatal y es obvio que la gente lo que quiere es
obra, por lo que hay abogados que ponen obstáculos a través de acciones
dilatorias en relación a las habilitaciones, por ello es que se suspenden, a la
fecha las instancias correspondientes han resuelto y obviamente nosotros
estaremos en consideración de que nos notifiquen y hacer el análisis de
contestar y dar cumplimiento conforme a derecho, en el entendido de que ni
Profepa ni el poder judicial o juzgado de distrito, ha protegido o tutelado
derechos de esas personas", acotó.
Y precisamente el señor Atlahua Zopiyactle
quien es arrendatario y no propietario del predio pidió la intervención de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y pide la remuneración, por el supuesto
daño causado a un predio e interpone este proceso legal, toda vez que se
comprobó que el dueño es otra persona que dio el permiso correspondiente con la
condición de que se llevaran a cabo trabajos sólo de medición, ya que la obra se
encuentra suspendida el estar en espera de una cuestión administrativa por
parte de la dependencia normativa.
Sostuvo que la PROFEPA ha desahogado muchas
diligencias correspondientes, pero a la fecha no ha podido determinarse un
daño, quiero hacer mención que se trata de una situación de intereses que no
obedecen a los hermanos indígenas, sino a un abogado de nombre Juan Ventura
Zepeda que es la persona que desde hace algunos años ha estado usando a los
habitantes para fines propios.