Aquiles Córdova Morán | 29 marzo de 2017
Tribuna Libre.- Como publicó oportunamente
el Comité Ejecutivo, legalmente reconocido, del Sindicato de la empresa TAMSA,
ubicada en el Puerto de Veracruz, el viernes 24 de marzo, un grupo de hombres
armados, la mayoría disfrazados de obreros con flamantes uniformes de la
empresa aludida y respaldados por una minoría de pistoleros profesionales con
armamento de alto poder de fuego y movilizados en ostentosos vehículos último
modelo, atacaron el auditorio ubicado en
el municipio de Boca del Río, Ver., propiedad legal del Sindicato aludido,
donde se celebraba una asamblea informativa convocada por los dirigentes. La
primera embestida corrió a cargo de los golpeadores disfrazados de obreros,
quienes hicieron fuego indirecto y con armas cortas y de bajo calibre. La gente
reunida, que no había notado la presencia de los pistoleros profesionales, optó
por parapetarse en el interior del inmueble e incluso comenzó a repeler a los
asaltantes con piedras y palos que hallaron a su alcance. Rechazado así el
primer asalto, entraron en acción los verdaderos sicarios, que entraron
accionando sus poderosos rifles de asalto y apuntando directamente a la masa de
trabajadores. El saldo fue de 2 obreros muertos, Pedro Cruz Maldonado y
Margarito Molina García, y uno de los policías que resguardaban el local por
órdenes del Gobierno del estado. Hubo, además, 14 heridos de bala, 8 de los
cuales se reportan muy graves a la hora en que escribo estas líneas.
Dado el contexto político
veracruzano, creo indispensable aclarar, antes de seguir, que en todo el
desarrollo del conflicto el Movimiento Antorchista de Veracruz (y nacional) no
ha tenido ninguna intervención, que ninguno de los actores principales, de los
muertos o de los heridos pertenece a sus filas y que, por tanto, al ocuparnos
del asunto solo buscamos ejecutar un acto de congruencia político-social de
nuestra organización, que en sus 43 años de lucha contra la pobreza y la
injusticia, nunca ha traicionado sus ideales ni ha dado jamás la espalda a los
débiles y desamparados para granjearse la simpatía de los poderosos. Hoy
pasamos lista de presentes al lado de los obreros de TAMSA, porque estamos
seguros de que el derecho y la razón están de su parte, y eso basta para
sentirnos obligados a tenderles nuestra mano solidaria sin ningún interés ni
condición. Dicho esto, retomo el hilo de mi artículo.
No creo necesario ni útil
meterme a desembrollar la madeja legaloide que se ha tejido en torno al
conflicto, a pesar de que he leído con cuidado la versión de los directivos de
la empresa al respecto. Pienso que basta y sobra con subrayar enérgicamente que
el “líder sindical” que ellos defienden públicamente, el señor Pascual Lagunes
Ochoa, se hizo con el poder sindical de TAMSA en 1990, es decir, que lleva nada
menos que veintiséis años como gerifalte indiscutido de los obreros de TAMSA.
Entiendo que eso no basta para concluir que se trata de un dictador abusivo, corrupto
y antidemocrático; es más, bien visto el asunto, puede ser prueba de lo
contrario, es decir, que se trata de alguien que ha sabido conservar el cariño,
el apoyo y la confianza de sus representados, razón por la cual lo han
reelegido una y otra vez. Para saber, pues, quién es realmente Pascual Lagunes
Ochoa, Antorcha hizo una encuesta rápida entre los obreros de base y esto fue
lo que encontró:
a) El 100% de los
entrevistados lo califica, sin vacilar, como un incondicional de la empresa a
quien poco o nada le preocupan los problemas de sus agremiados. A pesar de
esto, no todos descalifican su gestión. b) Casi el 80% acusa a Lagunes Ochoa de
nepotismo descarado, es decir, que ha impuesto a familiares cercanos suyos en
los principales cargos sindicales. c) Más del 70% lo acusa de haber “entregado”
(sic) a la empresa prestaciones como el día libre por onomástico del
trabajador, rebaja del número de días de vacaciones pagadas, rebaja del monto
de la despensa del trabajador. d) El 80% asegura que jamás ha rendido un
informe sobre el manejo y destino de las cuotas sindicales. e) Poco más de la
mitad asegura que se ha quedado con el seguro de vida de muchos trabajadores en
vez de entregarlos a sus legítimos beneficiarios. f) Un 70% dice que Lagunes
Ochoa cobró la pensión de ex trabajadores acumulada por más de 20 años, que
ascendía a 435 millones de pesos, mismos que se embolsó íntegros. g) Casi todos
lo acusan de hacer negocio con la venta de plazas. h) Igual cantidad de obreros
lo acusan de abuso de poder y malos tratos. Aunque no a todos parece
importarles en igual medida, es un rumor absolutamente generalizado que Pascual
Lagunes ha acumulado, en 26 años de liderazgo forzado, una fortuna personal que
difícilmente se explica por el salario que formalmente devenga.
Esto dice la encuesta, pero,
¿es verdad todo eso? ¿Qué más hay que pueda respaldar esta información? Aquí es
donde entra en escena y cobra relevancia la sustancia del conflicto de que nos
venimos ocupando. En agosto de 2012, un grupo de obreros encabezados por José
Carlos Guevara Moreno, “el Profe”, levantó como bandera de lucha las
acusaciones antes enumeradas y se lanzó a pelear a Lagunes Ochoa la
representación del Sindicato; y lo revelador del asunto es que, a pesar de las
presiones y represiones de la empresa y de los golpeadores a su servicio, la
planilla de “el Profe” ganó la elección celebrada en octubre de 2012. La
respuesta fue que, en 2013 y alegando cualquier pretexto, “el Profe” y 380 de
sus seguidores fueron despedidos. A partir de ese momento, empresa y sindicato
espurio aceleraron la contratación de “gente segura” por decenas y cientos, a
pesar de lo cual, en septiembre de 2016, “el Profe” volvió a ganar la elección
a pesar de hallarse despedido. Como remate a todo esto, el 30 de enero de este
2017, la Secretaría del Trabajo le otorgó finalmente la toma de nota. De este
modo, dígase lo que se diga y sin importar quién lo diga, José Carlos Guevara
Moreno es, a la fecha, el dirigente legal y legítimo del sindicato de TAMSA, y
es esto, precisamente, lo que viene a confirmar de modo irrefutable las
opiniones y quejas que recogió nuestra encuesta y la imperiosa necesidad de un
cambio en la política sindical de TAMSA.
Ciertos medios han dicho que
lo ocurrido en Boca del Río fue un enfrentamiento entre obreros de la empresa y
la gente de “el Profe”, que se había apoderado violentamente del edificio
sindical. El enfrentamiento no se sostiene porque los muertos y heridos son de
un solo lado, del bando de “el Profe”, los agresores, en cambio, salieron todos
ilesos; y la toma “ilegal y violenta” se sostiene menos aún si se recuerda que
el inmueble es propiedad legal del sindicato y que quien lo ocupaba es
precisamente la base sindical y su directiva legalmente reconocida. Ítem más:
para poder entrar al edificio, “el Profe” y los suyos dieron parte al
Secretario de Gobierno de Veracruz, quien les proporcionó 5 patrullas para
resguardo de la seguridad de los asambleístas. Tan fue así que, además de los
dos obreros, en el lugar fue abatido también un policía, cuya identidad, muy
sospechosamente por cierto, se mantiene oculta. La vida de “el Profe”, a estas
alturas, pende de un hilo. Tampoco hacen falta pruebas del carácter patronal de
Pascual Lagunes y su gente; basta para ello el desplegado que la propia empresa
TENARIS TAMSA publicó con fecha 14 de febrero, dirigido al Presidente de la
República, en el cual descalifica y rechaza la toma de nota que la STPS otorgó
al Sindicato encabezado por “el Profe” y defiende abiertamente la legitimidad
del Sindicato espurio encabezado por Pascual Lagunes. Con esto pone totalmente
al descubierto el tipo de relación que hay entre ellos. No solo eso. Al recusar
la decisión de la autoridad competente y pronunciarse abiertamente a favor de
una de las partes, la empresa se inmiscuye de modo innegable en un asunto de
carácter exclusivamente sindical, con lo cual viola flagrantemente la Ley
Federal del Trabajo que le veda una acción semejante. No conforme con eso, la
empresa “advierte” al Presidente de la República que la decisión de la STPS
puede “resultar en una alteración de la seguridad y la paz” en la empresa, lo
cual, bien leído y entendido, es una clara amenaza. Por tanto, los hechos del
viernes 24 de marzo pueden y deben calificarse como amenazas cumplidas.
El desplegado de la empresa,
además, se anula a sí mismo por la evidente contradictio in adjecto que
encierra: por una parte, se inmiscuye francamente en un asunto de carácter
laboral, cosa que le prohíbe expresamente la LFT en vigor; por otro, asegura al
final que TAMSA es “absolutamente respetuosa de la libertad y la autonomía
sindical”. Ambas cosas son totalmente incompatibles entre sí, implican una
contradicción irreductible en los términos del documento que le resta toda
credibilidad racional. El respeto a la ley, a la libertad y a la autonomía
sindicales solo pueden demostrarse, en este caso, acatando la resolución de la
STPS y sentándose a dialogar con el Sindicato legalmente elegido por los
trabajadores, lo demás es palabrería hueca y, por añadidura, absurda. Hay algo
más: a la vista de la masacre del viernes 24, la empresa publica otro
desplegado en el que, haciendo gala de jesuitismo, lamenta las muertes ocurridas
y envía sus condolencias a los familiares, un pésame que suena a burla
sangrienta. En cambio, no dice una palabra sobre los autores intelectuales y
materiales del crimen ni de su abierto apoyo a Pascual Lagunes y los suyos.
Comparto con TAMSA la preocupación por la paz y la tranquilidad de las empresas
para laborar, pero añado que esto es necesario no solo en su empresa, sino en
el país entero. Es toda la nación la que necesita y exige un sindicalismo libre
e independiente del control de los charros y de las empresas; un necesario
contrapeso al poderío económico y a la perniciosa influencia política de ambos.
Cualquier otra solución, impuesta por la fuerza o mediante chicanas legaloides,
solo aplazará un conflicto que, tarde o temprano, volverá a explotar, allí o en
cualquier otro lugar del país.