Samuel Aguirre Ochoa| 16 Junio de 2017
Tribuna Libre.- En una sociedad
capitalista como la nuestra, en la que unos cuantos individuos se han adueñado
prácticamente de toda la riqueza nacional, generando al mismo tiempo, un mayor
número de pobres y haciendo que la pobreza se agudice cada vez más, se hace
necesario la formación de un aparato especial llamado estado burgués, que tiene
como función reprimir a las clases trabajadoras, mantenerlas sometidas para que
no se revelen en contra de la enorme injusticia que significa la mala
distribución de la riqueza nacional, resultante de la explotación a la que son
sometidas las clases que producen dicha riqueza, es decir, los obreros y
campesinos.
El estado burgués, como ya lo hemos
dicho antes, está compuesto por los diferentes tipos de policías, sicarios al
servicio del gobierno, espías, Ministerios Públicos, medios de comunicación de
estado, aparato judicial, etc. Y desde que existen las clases sociales en la
historia de la humanidad se ha utilizado siempre para resguardar las riquezas
de los poderosos. Los que forman parte de este aparato se han enriquecido
también, apoderándose de una parte de la riqueza social, en particular la que
se paga en forma de impuestos. Es falso que el estado o gobierno burgués tenga
como función impartir justicia a todos por igual. A pesar de esto, en la historia
han existido matices en el actuar de los funcionarios que la función del
gobierno siempre ha sido someter a los débiles y proteger a los poderosos,
aunque ha habido matices de los diversos funcionarios en la forma de ejercer el
poder.
Unos son más tolerantes a los reclamos
de justicia de los sectores pobres; otros se preocupan por administrar bien los
impuestos que paga la ciudadanía, transformándolos en obras de beneficio
colectivo; algunos se preocupan porque haya seguridad e incluso manifiestan una
preocupación genuina en instrumentar políticas económicas y sociales para
distribuir mejor la renta nacional. Pero también han existido y existen
funcionarios intolerantes y represores ante la menor manifestación de la gente
pobre; astutos para vender una imagen falsa, escondiendo lo que realmente son;
que actúan de manera facciosa para favorecer sólo a sus incondicionales y, lo
que menos les preocupa, es distribuir en forma equitativa la riqueza social,
llevando obras de servicios públicos a las zonas marginadas y pobres que
permitan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Es de suma importancia que todos los
ciudadanos estemos atentos de las acciones de los funcionarios que forman parte
del estado burgués para distinguir estos matices.
Hoy que han pasado ya 6 meses del
gobierno burgués que encabeza el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, es
absolutamente necesario que la población haga un balance de su actuar, para
poderlo comparar con otros gobiernos del mismo tipo que han existido en
Veracruz y en otros estados de la República. Ya se ha dicho que las cosas no
han mejorado en el terreno de la inseguridad, en el de la construcción de obra
pública que beneficia a los sectores desprotegidos, en la creación de empleos y
en la forma de llevar a cabo los procesos electorales. Ahora hay que agregarle
otro aspecto, el del uso de la fuerza pública en el Estado. Y aquí tampoco las
cosas han mejorado, por el contrario, es muy preocupante observar el hecho de
que se está utilizando la policía para reprimir el más mínimo acto de protesta
de los ciudadanos. Ejemplos sobran y sólo mencionaré algunos:
El pasado 7 de junio un grupo de
estudiantes de escuelas del estado de Veracruz se manifestó en las oficinas de
Espacios Educativos y de inmediato llegaron más de 20 patrullas a desalojarlos.
Es cierto que les ofrecieron una audiencia para dos días después, pero en la
misma, la respuesta fue negativa, argumentando que no había dinero para
construir sus aulas, pero extrañamente ese mismo día, y casi a la misma hora en
que se manifestaban los jóvenes fenerianos, el licenciado Miguel Ángel Yunes
Linares y el Director de Espacios Educativos fueron a poner en marcha el
Programa de Inversión en Infraestructura Educativa 2017, en la escuela José
María Morelos y Pavón del municipio de Soledad de Doblado, tierra natal del
gobernador. Es decir, no hay recursos para las escuelas de los estudiantes de
la FNERRR, pero sí para las del municipio donde nació el gobernador.
Otros casos en donde se ha usado la
fuerza pública para reprimir a ciudadanos necesitados de atención son: el de
los habitantes del fraccionamiento Costa Dorada que solicitaban agua potable,
un servicio elemental; el de los campesinos de Soledad Atzompa, que solicitan
el arreglo de sus caminos; el de los vecinos de la colonia Carolino Anaya, que
exigían justicia por el asesinato de una persona, a manos de la policía en el
año 2016; etc.
Así pues, este gobierno que agachó la
cabeza ante la presencia de Paolo Rocca, poderoso empresario dueño de Tenaris
Tamsa, está utilizando a la policía, cuya inmensa mayoría son gente proveniente
del pueblo pobre y que se sostiene con los impuestos que pagan los ciudadanos,
para reprimir de manera sistemática todas las manifestaciones de la gente que
tiene sed, que tiene hambre, que pide educación y que exige justica, es decir,
se trata de un gobierno intolerante y represor.
Se trata, pues, de un gobierno que no
está resolviendo los problemas de los veracruzanos, además que su reputación es
seriamente cuestionada, pues tiene denuncias penales ante la Fiscalía del
Estado y la misma PGR. A pesar de todo esto, el gobernador del Estado está
empecinado de heredarle la gubernatura a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, un
individuo soberbio, grosero y hablador.
Se le olvidó acaso al gobernador, cómo
los presidentes municipales de su partido, encabezados por su hijo, al que
quiere heredar la gubernatura, dieron un golpe de estado a finales del año
pasado al tomar el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz. Quizá nuestro estado
se encamina hacia una dictadura de corte policiaco. El PAN de los Yunes, puede
violentar el estado de derecho como lo hicieron ya, y violentarlo también,
coartando el libre derecho de manifestación de todos los demás veracruzanos,
establecido en el artículo 9° de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos.
Los antorchistas no estamos de acuerdo
con esta política de represión y de carácter faccioso y daremos la lucha dentro
del marco de la ley para frenarla y conquistar un estado más progresista, en el
cual la riqueza se distribuya de manera más equitativa.
