Xalapa, Ver. | 30 Junio de 2017
Tribuna Libre.- Al menos 90 diputados
veracruzanos en dos legislaturas recibieron sobornos por alrededor de 150
millones de pesos de Javier Duarte de Ochoa, para aprobarle cerca de 500 leyes
y decretos.
La corrupción dentro de la
administración del priísta Javier Duarte de Ochoa no sólo fue con funcionarios
de su gabinete que desviaron recursos a empresas fantasma, sino con al menos 90
diputados locales, quienes en seis años recibieron alrededor 150 millones de
pesos.
Los encargados de negociar
con los legisladores veracruzanos fueron Gabriel de Antes, quien fue oficial
mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y secretario del trabajo,
el secretario particular de Duarte, José Ramón Cardeno Shaadi y el líder de la
fracción priísta en la LXII Legislatura y hoy diputado federal, Jorge Carvallo
Delfín.
En la lista de Duarte para
sobornar a los diputados estuvieron también Octavia Ortega Arteaga, presidenta
de la mesa directiva de la LXIII Legislatura y Juan Nicolás Calleja, presidente
de la Junta de Coordinación Política, además del ex subsecretario de gobierno y
actual diputado federal Eric Lagos Hernández.
Para recibir los sobornos,
los legisladores del PRI trataban de manera directa con Cardeno Shadi en
distintos puntos, entre ellos el aeropuerto de El Lencero en la capital Xalapa.
Entre tanto los legisladores
de mayor rango en la Cámara de Diputados, como Carvallo, Lagos, Ortega y
Callejas, siempre trataron de forma personal con el Gobernador para cabildear a
sus colegas de oposición.
Duarte trabajó en su sexenio
con la LXII y LXIII Legislaturas, cuyos integrantes aprobaron principalmente
leyes, reformas, nombramiento de un fiscal general y aprobación de las cuentas
públicas de seis ejercicios fiscales.
Javier Duarte de Ochoa fue
Gobernador de Veracruz del 1 de diciembre del 2010, al 12 de octubre de 2016,
cuando solicitó licencia al cargo para enfrentar acusaciones por delincuencia
organizada presentadas por autoridades federales en su contra.
El exgobernador de Veracruz
fue detenido en Guatemala ya que existía una orden de aprehensión en su contra
por dos delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia
organizada.
Investigaciones de la PGR
indican que Duarte de Ochoa es responsable de encabezar una red delictiva que
permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario
público.
Dicho dinero fue entregado a
empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de
compañías y estas a diferentes prestanombres.
Mientras eso ocurría en las
distintas secretarías del gabinete, el Poder Legislativo en Veracruz tampoco se
salvó de la estructura operadora de Duarte de Ochoa, con la que corrompió al
noventa por ciento de los congresistas locales en ese sexenio.
En un audio de una
conversación telefónica, que circula en redes sociales, entre la presidenta de
la mesa directiva del Congreso anterior, Octavia Ortega Arteaga y el presidente
de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, ambos del
PRI, parecen confirmar las informaciones del dinero que recibieron los ex
diputados para aprobar las iniciativas de Duarte de Ochoa.
Los legisladores de la
pasada administración en Veracruz hablan de “chocolates” para referirse al
dinero público que repartieron a los legisladores, cuando al Gobernador le
interesaba que sus iniciativas se aprobaran por mayoría o unanimidad y obtener
consenso.
Aunque no se detalla qué
iniciativa era de forma específica, Ortega Arteaga le dice a Nicolás Callejas
en ese audio que ya habló con el Gobernador, porque algunos legisladores
estaban pidiendo más dinero.
“Ya hablé con estos
cabrones, les dije que se dejaran de pendejadas, que nuestro jefe es Duarte y
que los chocolates que reciben de él no salían de la nada. Con la misma
disposición que reciben los chocolates, que igual saquen las iniciativas”,
menciona la legisladora.
El ex presidente de la Junta
de Coordinación Política dijo en el audio filtrado a medios veracruzanos y
potenciado en redes sociales, que él se encargaba de los diputados de casa para
sacar adelante las iniciativas.
“Ya están planchados, los de
casa. De los de casa me encargo yo. Tú céntrate en los demás. Por aquí no
podemos hablar mucho, tú lo sabes. Si nos vemos al rato donde mismo platicamos.
Ya quiero verte”, le explica Callejas a la presidenta de la mesa directiva en
esa legislatura.
En entrevista, bajo la
condición del anonimato, un funcionario de altísimo nivel de Duarte de Ochoa,
quien durante tres años tuvo poder de decisiones económicas en el gabinete,
confirmó que al menos 150 millones de pesos fueron los que se entregaron a 90
diputados de ambas legislaturas.
Los 27 diputados de las
fracciones tricolores en ambas legislaturas, según la fuente, recibían cada uno
al menos dos millones de pesos al año, por aprobar las votaciones que le
interesaban a Duarte de Ochoa, como endeudamiento, aprobación de cuentas
públicas, creación de fideicomisos, entre otras.
Del 2010 al 2012, la
fracción panista estuvo conformada por once legisladores, habrían percibido
hasta 6 millones de pesos cada uno de ellos en un año, afirma el funcionario de
la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Duarte.
El resto de la Legislatura
la formaron cuatro diputados de Nueva Alianza, tres más de la Alianza PRD-Movimiento
Ciudadano y tres más independientes, quienes, al igual que la fracción
blanquiazul, percibieron al menos esa cifra en doce meses.
La LXIII Legislatura, cuya
época fue entre 2013 y 2016 y que fue la misma que cerró la administración de
Duarte, fue considerada una “aplanadora” con 26 diputados tricolores, 10 de
Acción Nacional, 6 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 2 del PRD, 3
de Nueva Alianza y 1 de la alianza PRD- Movimiento Ciudadano.
De 2011 a 2015, los
diputados en Veracruz, le aprobaron alrededor de 500 leyes y decretos al
Gobernador Javier Duarte. El 60 por ciento de ellas relacionadas con manejo
financiero de la Hacienda estatal.
Algunas derivaron en la
deuda pública calculada en 180 mil millones de pesos en Veracruz.
Los legisladores
veracruzanos, fueron cómplices de Javier Duarte al aprobar iniciativas como la
bursatilización de la Tenencia Vehicular y la reestructura de la deuda pública,
que derivó en un sobre endeudamiento del Estado.
Las iniciativas y decretos
del Gobernador en turno no sólo fueron avaladas por sus bancadas, que tenían
mayoría en ambas Legislaturas, sino que los congresistas opositores votaron
hasta en un 60 por ciento también a favor de Duarte, incluidos del PAN, PRD y
AVE, que en esos congresos eran oposición.
En 2015 por ejemplo, los
diputados locales de Veracruz aprobaron 110 leyes y decretos, el 80 por ciento
fueron iniciativas enviadas por el Gobernador del Estado, Javier Duarte de
Ochoa.
De éstas, el 70 por ciento
eran leyes o decretos o reformas a leyes existentes que le permitían o
allegarse de más recursos, o tener control de órganos que revisaban finanzas, o
cobraban servicios o subsidios que nunca se pagaron y se quedaron a deber.
En esta dinámica, Duarte y
los diputados votaban temas lo mismo a adultos mayores, policías o deudos de
policías.
La LXIII Legislatura local
presentó un promedio de 600 iniciativas en tres años. El Gobernador Duarte
presentó sólo un 30 por ciento de estas cifras.,
Sin embargo, a la hora de
dictaminar, se aprobaron 140 enviadas por el Ejecutivo Estatal, que representa
el 80 por ciento de las iniciativas del Gobernador, y apenas un 20 por ciento
de las iniciativas de los diputados, es decir 120.
Un 60 por ciento de
iniciativas de legisladores se quedaron sin votar, especialmente del PAN en
aquel entonces la oposición supuesta de Javier Duarte de Ochoa.
Algo similar sucedió con
iniciativas de legisladores de la LXII Legislatura local, que le tocó recibir
en ese entonces al nuevo Gobernador del Estado.
El Congreso de Veracruz
sesiona en promedio al año de 150 a 180 días al año.
De acuerdo al Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO) en el 2015 estuvo por debajo de la media
nacional, al sesionar sólo 50 veces al año. El promedio en el país fue de 70
sesiones anuales.
MALAS PRÁCTICAS DETECTA IMCO
EN LXIII LEGISLATURA
Por si esto no fuera poco,
en 2015 el IMCO reportó al Congreso de Veracruz con malas prácticas, al
detectar que aprobó169 millones de transferencias, subsidios, y otras ayudas,
que fueron directo al rubro de ampliaciones presupuestales de los Diputados, por
conceptos desconocidos.
De ese monto, confirma una
solicitud de Transparencia que hizo IMCO en 2016, 160 millones fueron enviados
a subsidios y subvenciones de Diputados, por conceptos que nunca dejaron claro
y no demostraron gastar en sus distritos en apoyo social, que por ley están
obligados a aportar.