*El Director de Servicios Jurídicos, Ángel Ramírez detalló
que hay un proceso habilitado en el que participan diversas áreas que impiden
el registro de una empresa irregular.
Xalapa, Ver. | 11 Julio de 2017
Tribuna Libre.- Las empresas que integran el
padrón de proveedores del Congreso de Veracruz cumplen con los requisitos
legales al estar dadas de alta en el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) y comprobar su experiencia de servicio a través de un dictamen de
desempeño, refirió el Director de Servicios Jurídicos de la LXIV Legislatura,
Ángel Ramírez Bretón, quien descartó la existencia de un proveedor “fantasma”
debido a que el proceso es riguroso e impide caer en alguna irregularidad
administrativa.
Dijo que entre los
requerimientos que se pide a las empresas son los registros que demuestren
estar al corriente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el acta
constitutiva y la presencia del apoderado legal.
Señaló que la actual
Legislatura –a diferencia de otras administraciones- ha implementado una nueva
forma para la contratación de los servicios que requiere el Poder Legislativo.
Se desarrolla todo un proceso para determinar la viabilidad presupuestal y
posteriormente se elige la mejor opción, agregó.
Explicó que para la
contratación de servicios, en primer término, el Departamento de Adquisiciones
revisa minuciosamente que los proveedores cumplan con los requisitos de: las últimas
dos declaraciones fiscales ante el SAT, el acta constitutiva y la presencia del
apoderado legal para los trámites necesarios; además se les solicita la Carta
de Comportamiento que emite el SAT, en el que se determina si el desempeño de
esta empresa es bueno o malo.
El área que utilizará el
servicio emite un Dictamen Técnico en el que se plasman las necesidades y que
se toman en cuenta al momento de integrar el presupuesto, sostuvo.
En este proceso, es el
Subcomité de Adquisiciones el que valida que toda la información sea conforme a
la ley y además la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros emite
un Dictamen de Viabilidad Presupuestal, es decir, se establece que hay
presupuesto para la contratación del servicio. “Antes se hacía de otra forma,
se elegía a discreción y ya después completaban los trámites administrativos”,
expuso.
Angel Ramírez manifestó que
el área de Comunicación Social del Congreso es la primera de toda la estructura
administrativa que, además de firmar los convenios uno por uno con los
prestadores de servicios, cuenta con una ficha curricular de la empresa, un
registro fotográfico de la firma del acuerdo comercial en el que participa el
apoderado legal y personal del Congreso y todos los expedientes que para el
caso valida previamente la Dirección de Servicios Jurídicos.
Por todo lo anterior,
refirió Ramírez Bretón, es inaceptable hablar de la celebración de un contrato
con empresa fantasma debido a que en la actual Legislatura se ha cuidado que
las contrataciones sean conforme a la ley y se ha verificado que los
proveedores cumplan con los requisitos legales y de buen desempeño.
De manera inédita toda la
información relativa al gasto está disponible en el portal de transparencia de
la página oficial del Congreso del Estado y cualquier ciudadano puede consultar
libremente, concluyó.