*El
periodo de 60 días establecido en el Tratado de Extradición entre México y
Guatemala para que se concrete la entrega del exgobernador mexicano Javier
Duarte comenzó a correr hoy, pero Guatemala urge que sea cuanto antes.
*El
ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que Guatemala ya notificó a
México que hay luz verde para la extradición de Duarte.
Guatemala. | 08 Julio de 2017
Tribuna Libre.- "Entre más rápido lo entreguemos,
mejor", declaró el funcionario a Noticieros Televisa.
Enfatizó que para Guatemala ha sido una gran
responsabilidad porque la vida del exgobernador corre peligro aquí, al punto
que hay grupos del crimen organizado que pretenden atentar en su contra.
La Procuraduría General de la República (PGR,
fiscalía) indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala
notificó a la Embajada de México en ese país de la resolución judicial mediante
la cual se admitió el allanamiento a la solicitud de extradición de Duarte,
"no existiendo recurso jurídico alguno en contra de dicha
resolución".
"Al haber recibido la notificación
correspondiente por las autoridades guatemaltecas, ha comenzado a computarse el
término de 60 días naturales establecido en el artículo Décimo Segundo del
Tratado de Extradición entre México y Guatemala para que se concrete la entrega
del reclamado", apuntó el texto.
Añadió que al recibir la notificación
correspondiente, la PGR "coordinará el operativo para su entrega en
extradición, velando en todo momento por los derechos humanos y la seguridad
del reclamado, en cumplimiento al debido proceso dentro de nuestro marco
jurídico y del Tratado de Extradición entre ambos países".
Duarte, exgobernador del oriental estado
mexicano de Veracruz (2010-2016), quien se encuentra detenido provisionalmente
en Guatemala, aceptó el martes pasado la segunda orden de extradición a su
país, en este caso por delitos federales, pero negó los cargos en su contra.
"No cometí tales delitos y es mi deseo
así acreditarlo", declaró Duarte en una audiencia celebrada en el Tribunal
Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de
Guatemala, en la que escuchó los cargos que la justicia mexicana tiene en su contra
por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta es la segunda orden de extradición que
aceptó en la última semana el político, recluido en una prisión en el Cuartel
Militar Matamoros, después de que el 27 de julio aceptara otra por los delitos
de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de
influencias y coalición.