El impuesto al refresco cunde en el mundo; en México, país pionero, quieren que ahora sea del 20%

*Durante el foro “Impuestos a las bebidas azucaradas: tendencia mundial”, la doctora Lynn Silver, del Instituto de Salud Pública de California, aplaudió la medida de implementar el impuesto a bebidas azucaradas, ya que la evidencia científica ha revelado su responsabilidad en la situación: uno de los factores de riesgo para desencadenar la obesidad y la diabetes es el consumo de azúcares añadidos, presentes en altas concentraciones en estos productos. Por ejemplo, en el caso de una Coca Cola de 600 mililitros se utilizan 12 cucharadas de sacarosa, de acuerdo con información de la Alianza por la Salud Alimentaria.

Ciudad de México. | 09 agosto de 2017
Tribuna Libre.- El impuesto a las bebidas azucaradas se está convirtiendo en una tendencia internacional y la medida no sólo ayuda a mitigar el problema de obesidad y diabetes, sino funge también como una fuente de ingresos para inversión en bienestar social, señalaron especialistas en salud de Estados Unidos y México.

Alejando Calvillo, director de El Poder del Cosumidor (EPC), manifestó que antes de que el impuesto se estableciera en México, ya existía en otros países, no obstante, en los últimos años se ha propagado en diversas zonas del mundo, entre ella: Portugal, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Chile, Cataluña (España), Kerala (India) y las ciudades estadounidenses Filadelfia, Berkeley, Oakland, Boulder, Albany, Chicago y Seattle.

Durante el foro “Impuestos a las bebidas azucaradas: tendencia mundial”, la doctora Lynn Silver, del Instituto de Salud Pública de California, alertó que actualmente el planeta se encuentra en medio de una epidemia de obesidad, lo que ha provocado, entre otras cosas, un efecto de cuadruplicar los casos de diabetes.

“Es un un problema demasiado grande y demasiado costoso para dejar de hacerle caso”, dijo y subrayó que la política de implementar el impuesto al refresco precisamente ayuda a resolverlo.

Además, citó el caso de Berkeley en California, que fue la primera ciudad en EU en implementar el gravamen, donde la compra de dichas bebidas han bajado al menos 9.6 por ciento, sin que los empleos del sector del comercio e industria de alimentos hayan sufrido pérdidas.

Allí, incluso se ha creado un comité independiente que tiene como función recomendar al Gobierno el uso de los recursos recaudados, por ejemplo, en el entrenamiento de nutricionistas para la comunidad afroamericana, para programas de cocina y huertos al interior de las escuelas y para programas de prevención de obesidad y diabetes.

La especialista Silver indicó que la industria refresquera en EU gastó al menos 67 millones de dólares en acciones contra la propuesta del gravamen y alrededor de 120 millones para cabildear en Washington contra las políticas de salud pública, ya que ven en peligro sus ganancias.
En su oportunidad, la doctora Hannah Lawman, del Departamento de Salud de la Ciudad de Filadelfia señaló que en dicha demarcación con 1.5 millones de habitantes es una de las más pobres de EU y ocupa el segundo lugar en obesidad y diabetes.

En Filadelfia, puntualizó, el gravamen se implementó tanto en bebidas azucaradas, como en las que cuentan con endulzantes no calóricos. El impuesto es de 1.5 centavos de dólar por onza.

“Los ingresos están destinados a beneficiar a niños y familias de bajos recursos, con el subsidio en educación preescolar, mejoras en parques, centros recreativos, bibliotecas y escuelas”, comentó.

La experta señaló que en el año 1900, la gente moría por enfermedades infecciosas, como tuberculosis e influenza, mientras tanto en la actualidad la gente fallece a consecuencia de enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias y cáncer.

Por ello, aplaudió la medida de implementar el impuesto a dichas bebidas, ya que la evidencia científica ha revelado su responsabilidad en la situación: uno de los factores de riesgo para desencadenar la obesidad y la diabetes es el consumo de azúcares añadidos, presentes en altas concentraciones en los refrescos. Por ejemplo, en el caso de una Coca Cola de 600 mililitros se utilizan 12 cucharadas de sacarosa, de acuerdo con información de la Alianza por la Salud Alimentaria.

“Las enfermedades crónicas están asesinando a la gente hoy en día”, alertó.

Ante este panorama, la doctora Arantxa Colchero, investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México, destacó tres puntos por los cuales es importante implementar un impuesto al refresco:

1. Desincentivar el consumo de bienes que causan daños a la salud como alcohol y tabaco.

2. El consumo de bebidas azucaradas se asocia con ganancia de peso, diabetes y otras enfermedades crónicas.

3. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que azúcares añadidos no rebase el 10 por ciento de la ingesta, pero en México representan el 12.5 por ciento de la dieta y el 70 por ciento de ellos se consume a través de las bebidas azucaradas.

EL CASO DE MÉXICO

En México, la más reciente Encuesta Nacional de Nutrición y Salud reportó que 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños padecen exceso de peso, y aquí el 10 por ciento de las calorías consumidas provienen de las bebidas azucaradas.

La investigadora en el INSP recordó que desde la implementación de gravamen de un peso por litro de las bebidas azucaradas en el país, en 2014, las compras se redujeron en un 9.7 por ciento; mientras en el año que se estrenó, la cifra alcanzó 5.5, lo que en promedio se traduce en 5.1 litros per cápita menos anuales.
También aseguró que hubo un aumento en la compra de bebidas sin impuesto y explicó que la adquisición de agua embotellada creció 2.1 por ciento, es decir, 6.6 litros per cápita por año.

“La gente está acostumbrándose a no tomar bebidas azucaradas”, aplaudió.

No obstante, la especialista en salud y Alejando Calvillo, de EPC, cuestionaron una vez más: ¿qué está haciendo el Gobierno mexicano con los recursos obtenidos del gravamen? No hay respuesta. No se sabe.

Calvillo insistió en la urgencia de elevar el impuesto a dos pesos por litro y etiquetar el uso de los recursos obtenidos en prevención y mejoras en bienestar social de las comunidades de menores ingresos.

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