Ciudad de México. | 19 agosto de 2017
Tribuna Libre.- Pilar Argüello Trujillo, una joven
veracruzana, fue asesinada en 2012, cuando tenía 20 años de edad. Su pareja
sentimental, de entonces 17 años, confesó el crimen y describió detalladamente
lo que le hizo. Pero a la Fiscalía General del Estado de Veracruz no le bastó:
él fue liberado apenas dos meses después de pisar la cárcel.
Ahora sus padres, oriundos de Coscomatepec,
vienen y van con sus escasos recursos por el estado, la Ciudad de México e
incluso han llegado a instancias internacionales en busca de justicia para su
hija.
“Queremos que haiga justicia. Uno tiene que
tener dinero para que le hagan a uno justicia y eso no debe de ser, no es
justo. ¿Es porque es mujer?”, se pregunta Reyna Trujillo Reyes, madre de Pilar.
Salió al parque un domingo y no regresó más a
su hogar, una modesta construcción que compartía con sus cinco hermanos y sus
padres, y que la vio crecer durante las dos fugaces décadas de su vida.
Pilar Argüello Trujillo, una joven
veracruzana, fue asesinada en septiembre de 2012, cuando tenía 20 años de edad.
Su pareja sentimental, de entonces 17 años, confesó el crimen y describió
detalladamente lo que le hizo.
Pero a la Fiscalía General del Estado de
Veracruz del Gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa no le bastó: él fue
liberado apenas dos meses después de pisar la cárcel.
El joven asesino detalló ante las autoridades
que había bebido alcohol y que Pilar se negó a mantener relaciones sexuales,
por lo que la golpeó con una piedra, la violó y la asfixió. Después se retractó
de sus dichos. Las autoridades consideraron que no se había cumplido el debido
proceso ni había pruebas suficientes y lo dejaron en libertad.
Sus
padres nunca conocieron a la pareja y verdugo de Pili.
“Era su novio, pero el error de Pilar era que
no le gustaba que uno le conociera al novio”, dijo su madre, la señora Reyna
Trujillo Reyes. “Ella tenía a su novio, pero no le gustaba llevarlo a la casa”,
agrega su padre, don Pedro Argüello Morales.
La muchacha de piel morena, “Pili”, como la
llamaban con cariño sus más cercanos, cursó hasta el segundo año de primaria y
se ganaba la vida realizando quehaceres domésticos. Ese domingo 2 de septiembre
era su día de descanso.
“Era muy alegre, le gustaba pasear y los
bailes. Ese domingo salió de la casa, dijo que iba al parque, pero ya nunca
regresó, ya no la volvimos a ver”, recuerda con tristeza don Pedro.
En Coscomatepec, nombrado Pueblo Mágico en
2015, nació y creció Pili, y allí mismo la encontraron muerta un día después de
que salió al parque un domingo. Fue hasta el martes cuando se supo que la
muchacha hallada sin vida en un predio donde se siembra chayote era Pili.
Ese martes, un periódico local voceaba la
noticia por todo el pueblo. Don Pedro recuerda que vio impresa la imagen de su
hija, arrebató el diario al vendedor y corrió a buscarla.
“La mató de un piedrazo en la cabeza, la
asfixió, la violó y después quiso tener sexo con ella ya muerta”, lamenta don
Pedro.
Así fue asesinada Pili, en Veracruz, el
estado donde de acuerdo con datos oficiales, del año 2000 a 2015 ocurrieron mil
214 homicidios dolosos contra mujeres, de los que 498 fueron consignados y sólo
57 recibieron sentencias condenatorias, es decir, únicamente el 5 por ciento.
Araceli González Saavedra, coordinadora de
Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres,
organización que le ha dado acompañamiento legal a la familia de Pili, plantea
que la edad de esas mujeres víctimas de feminicidio oscila entre los 25 y 34
años.
ALERTA
INÚTIL
El 29 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó
alerta de género en 11 municipios Veracruz y González señala que los más
letales para las mujeres son Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos.
Para el decreto de la alerta, el estado
pasaba por momentos difíciles en materia de Gobierno: Se desconocía el paradero
de Javier Duarte de Ochoa, quien un mes antes pidió licencia como Gobernador;
Flavino Ríos Alvarado se encontraba como mandatario interino y Miguel Ángel
Yunes Linares tenía un pie como la autoridad máxima en el estado.
Esta
alerta poco ha funcionado.
“[La alerta de género] ha servido para muy
poco. Hay un avance en cuanto a la articulación de las instituciones, hay una
avance en cuanto a la articulación de acciones muy básicas de seguridad, del
registro de casos, del seguimiento a las investigaciones iniciadas, pero en los
últimos tres años los feminicidios han incrementado respecto a los ocurridos
antes de 2014. En este año, por ejemplo, hay muchos casos de asesinatos y
desapariciones de mujeres”, destacó González en entrevista para SinEmbargo, tras
una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México el pasado 17 de
agosto pasado.
La familia Argüello Trujillo desea justicia
para el caso de su hija y así se evite que sucesos similares se repitan en
Veracruz y en toda la República Mexicana. Pero sospechan que en el país
gobernado por Enrique Peña Nieto sólo quienes cuentan con recursos económicos
pueden “comprarla”.
“Queremos que haiga justicia. Uno tiene que
tener dinero para que le hagan a uno justicia y eso no debe de ser, no es
justo. ¿Es porque es mujer?”, se pregunta Reyna Trujillo Reyes, madre de Pilar.
“Sólo quienes tienen dinero, tienen acceso a
la justicia. Con la pena y el dolor uno no se enfoca en eso [exigir justicia] y
mientras ellos [los criminales] llevan la delantera. Ellos antes meten dinero y
les hacen más caso a ellos, que a uno que está dolido por la pérdida. Pido que
sean parejos con la justicia, con las personas”, agrega.
Don
Pedro también alza la voz.
“Lo que queremos decirle a la Fiscalía
[General del Estado de Veracruz] es, ¿dónde están nuestros impuestos?
Supuestamente de nuestros impuestos se les paga y no es justo que otra persona
con más poder, con dinero, le hagan caso y no a uno que está viviendo el dolor
por su hija difunta. Ellos [los delincuentes] muy conchudos salen libres y no
es justo”.
No obstante, el señor aclara que el asesino
confeso de Pili no es una persona con alto poder adquisitivo, pero “está en su
secta protestante que lo apoya en lo económico”.
ACUDEN
A INSTANCIAS INTERNACIONALES
Tras agotar la búsqueda de justicia en México
sin obtener respuesta, los padres de la joven veracruzana Pilar Argüello
Trujillo, víctima de feminicidio en septiembre de 2012, acudieron al Comité
para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Comité CEDAW) desde
2014 y hace poco obtuvieron respuesta, acompañada de un dictámen y
recomendaciones al Estado mexicano.
“El Estado ha negado el acceso a una justicia
real. Pedimos que haya modificaciones a los lineamientos [de justicia]”, dijo
en conferencia de prensa el pasado jueves, Adriana Fuentes Manzo, abogada de
Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres,
quien ha dado acompañamiento a la familia en la búsqueda de la justicia.
Dichas recomendaciones establecen medidas
específicas para garantizar justicia a la familia de la joven y para atender
las condiciones estructurales que limitan o niegan el acceso a la justicia a
las víctimas de feminicidio.
El Comité enunció las siguientes
recomendaciones para el Estado mexicano:
A) Con respecto a los autores:
Reanudar la investigación del asesinato de
Pilar Argüello Trujillo dentro de un plazo razonable, a fin de identificar y
eliminar los obstáculos de jure o de facto que hayan impedido aclarar las
circunstancias del delito y la identificación de sus autores. Esto pondría en
evidencia la determinación del Estado para garantizar el acceso a la justicia.
B) En términos generales, de conformidad con
la recomendación general del Comité en 2015 sobre el acceso de las mujeres a la
justicia y también en relación con su informe presentado de conformidad con el
artículo 8 del Protocolo Facultativo sobre México:
1. Garantizar el funcionamiento de
procedimientos adecuados (eficientes, imparciales e independientes) para
investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la
mujer, especialmente en los casos de feminicidio.
2. Detectar y eliminar las trabas
estructurales que obstaculizan el funcionamiento del sistema de justicia y la
investigación eficaz de los homicidios de mujeres por razón de género. En este
sentido, las investigaciones penales deben ser objeto de un seguimiento
judicial constante, sin escatimar esfuerzos para lograr el castigo adecuado de
los autores.
3. Reforzar la implementación de programas con
miras a promover y garantizar, de manera efectiva, la formación y capacitación
de todos los agentes estatales que participan en las investigaciones de casos
de violencia contra la mujer, especialmente cuando se produce la violencia
extrema que constituye el feminicidio. Los programas deben dirigirse, en
particular, a los agentes policiales, fiscales y jueces. Los contenidos deben
incluir no solo los aspectos técnicos de las investigaciones –para detectar la
ineficacia y las deficiencias en el proceso de investigación y la subsiguiente
impunidad- sino también las causas y las consecuencias de todas las formas de
violencia contra la mujer.
4. Garantizar el apoyo legal en el acceso a
la justicia y a todas las garantías legales de protección a los familiares de
las mujeres fallecidas como consecuencia de actos de violencia por razón de
género.
La abogada Fuentes Manzo señala que el
asesino confeso difícilmente podría ser procesado, pero, destaca, las
recomendaciones del Comité van más allá de Veracruz y abarcan todo el país.
En ese sentido, González Saavedra exigió
respuestas por parte del Gobierno de México.
“Estamos a la expectativa de qué va a hacer
el Estado mexicano [frente a las recomendaciones] para garantizar justicia para
la familia. Varias recomendaciones competen no sólo a Veracruz, no sólo a este
caso, sino al panorama nacional. Estamos a la espera de que las recomendaciones
se cumplan en el plazo de seis meses y estamos a la espera de la comunicación
de la Fiscalía con la familia”.