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Documentos muestran responsables de obra, el
de seguridad estructural y ex funcionarios de la delegación Tlalpan por
omisiones.
Ciudad de México. | 30 septiembre de 2017
Tribuna Libre.- La tragedia en el colegio Enrique Rébsamen
comenzó a edificarse en 1983 cuando Mónica García Villegas solicitó una
licencia de construcción en dos predios ubicados en Rancho Tamboreo 11 y 19,
colonia Nueva Oriental Coapa. Después de 34 años, durante el sismo de 7.1
grados que cimbró a la Ciudad de México, uno de los edificios colapsó.
Fallecieron 21 niños y cuatro adultos.
Horas posteriores al temblor, la atención se
centró en rescatar a los sobrevivientes y en recuperar a las personas que
perdieron la vida. Pasaron los días y un video de un brigadista sembró la duda.
Decía que arriba del inmueble derrumbado estaba la casa de la directora y que
la estructura ni siquiera tenía columnas. Entonces preguntó ¿quién autorizó la
construcción?
El edificio que colapsó fue el área
administrativa. El piso de arriba albergaba un departamento y una terraza. No
había aulas. Para poder acceder a una de las salidas se tenía que pasar por ese
sitio. Es por eso que al momento de derrumbarse, varios niños se quedaron
atrapados, intentaban salir.
Las responsabilidades no son claras. Las
autoridades involucradas se deslindan de acuerdo a sus facultades. Los que han
dado sus versiones: delegación Tlalpan, Instituto de Verificación
Administrativa (Invea) y el Tribunal Administrativo de lo Contencioso. Han
callado los demás, incluso, la directora y única dueña: Mónica García Villegas.
La delegación Tlalpan señaló que según los
documentos relacionados a la seguridad estructural y de operación que integran
el expediente que realizó la demarcación, la escuela contaba con autorizaciones
y papeleo de manera regular.
Sin embargo, para establecer que los
documentos corresponden con la realidad de la construcción y seguridad
estructural, la delegación solicitó una investigación al Colegio de Ingenieros.
“Quién nos puede decir si presuntamente el
DRO no decía la verdad o el Corresponsable Estructural no decía la verdad o en
realidad estaba construida con vicios ocultos. Los únicos que nos pueden decir
eso son los expertos en seguridad estructural y ellos están en el Colegio de
Ingenieros Civiles de México", aseguró la jefa delegacional, Claudia
Scheinbaum.
¿Quiénes
avalaron las estructuras de los edificios?
Documentos oficiales revelan que en los
últimos años, los Directores Responsables de Obra (DRO) Manuel Velarde Gámez y
Juan Apolinar Torales, así como el Corresponsable en Seguridad Estructural,
Francisco Arturo Pérez Rodríguez, fueron los que avalaron las construcciones:
de la primaria y secundaria. Ellos firmaron documentos responsivos en los que
aseguraban que la estructura de la escuela estaba en buenas condiciones, no
tenía fallas y que podía soportar sismos.
Los DRO, en general, son expertos en
construcciones, ingenieros o arquitectos, cuya certificación en la Ciudad de
México la otorga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para
vigilar el proceso constructivo de acuerdo a los reglamentos y emitir
recomendaciones cuando algo no se realiza de manera adecuada.
Sus dictámenes forman parte de los trámites
que las empresas o dueños tienen que presentar en las distintas instituciones
para otorgar los permisos. En el caso Rébsamen, los DRO fueron contratados por
el colegio, indicó Scheinbaum.
El 26 de junio de 2014, la delegación le
notificó a la escuela que había una falla estructural que constituye un peligro
significativo y le solicitó unas pruebas de carga, las cuales son una manera de
certificar la estructura.
Para estos análisis se utilizaron sacos de
arena. El DRO determinó que la estructura no muestra "evidencia visible de
falla", es decir no presentó agrietamientos, descascaramiento o deflexión
de tal magnitud y extinción que sea obviamente excesiva e incompatible con los
requisitos de seguridad, indica el documento.
"Debo mencionar que para efecto de dar
cumplimiento a los artículos 185 y 186 del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal se realizaron las pruebas de carga verificando el
comportamiento de dichos elementos y después de ser sometidos a las pruebas,
por lo tanto no tengo inconveniente en dar el Visto Bueno de la Constancia de
Seguridad Estructural", señalan los resultados de pruebas de cargas
entregados a la demarcación el 15 de julio de 2014 para los inmuebles Rancho
Tamboreo 11 y 19 con uso de Escuela y firmados por Velarde Gámez.
Ese día, el mismo arquitecto entregó otro
documento en el que establece que con inspección ocular y verificación de la
edificación cuenta con los equipos y sistemas de seguridad para situaciones de
emergencias.
El DRO Velarde Gamez y el Corresponsable
Pérez Rodríguez fueron los que emitieron las Constancias de Seguridad
Estructural con vigencia de cinco años en 2014, durante la administración del
perredista Héctor Hugo Hernández, para ambos predios: Rancho Tamboreo 11 y 19.
Así como el Visto Bueno de la Constancia de Seguridad Estructural.
"Existe evidencia suficiente de que la
edificación inspeccionada no tiene daños estructurales ni los ha tenido, ni ha
sido reparado y que el comportamiento de la cimentación ha sido satisfactoria.
Que no existen defectos en la calidad de los materiales ni en la ejecución de
la obra. Y que el sistema estructural es el idóneo para resistir las fuerzas
estáticas y sísmicas", dice la carta responsiva suscrita por Francisco Arturo
Pérez Rodríguez el 22 de septiembre de 2014 y avalada por el DRO Mario Velarde
Gámez, quien con este documento emitió la Constancia en Seguridad Estructural
para Rancho Tamboreo 11.
Para junio de 2017, ya en el gobierno de
Claudia Scheinbaum, el DRO Juan Apolinar Torales Iniesta, fue el encargado de
avalar todo lo relacionado con la seguridad estructural, incluso se comprometió
a conservar "en perfectas condiciones de seguridad e higiene las
instalaciones de los inmuebles.
"Bajo protesta de decir la verdad la
Propietaria y el DRO manifestamos que el predio (Rancho Tamboreo 19) No ha sido ni será modificado el Uso de Suelo
para escuela en sus cuatro niveles de construcción permitido en toda la
superficie construida y que reúne todas las condiciones de seguridad previstas
en el Reglamento de Construcciones, publicado el 17 de junio de 2016",
dice la carta compromiso firmada el 2 de junio de 2017 y entregada a la
delegación.
No obstante a toda la documentación
presentada ante la delegación, en relación al uso de suelo de Rancho Tamboreo
19, el Invea encontró irregularidades.
Delegación
Tlalpan y las clausuras
De acuerdo con sus facultades legales, la
delegación Tlalpan solo se encarga de emitir las licencias de construcción y
avalar los documentos relacionados con la seguridad estructural de los
inmuebles.
Luego de varias quejas vecinales en contra
del colegio Rébsamen, el gobierno delegacional tanto de 2010 como de 2014 y
debido a que en esos años la escuela realizó algunas obras (sin especificar
cuáles) y no contaba con la manifestación de construcción para esas
modificaciones realizaron dos clausuras. Se pagó la multa y se emitió el
permiso, por lo que se levantaron los sellos de suspensión, aseguró Scheinbaum.
El
Invea y el documento apócrifo
Meyer Klip, titular del Instituto de
Verificación Administrativa (Invea), explicó que luego de una denuncia vecinal
del predio con dirección en calle Rancho Tamboreo 19, a finales de 2016, el
Invea realizó una verificación al colegio y una investigación sobre el uso de
suelo.
El Invea encontró que la escuela tenía un
certificado de uso de suelo por derechos adquiridos en 1993, es decir para una
ampliación o modificación del plantel. La Seduvi dijo que ese documento no lo
había emitido y que no coincidía con los datos del colegio. No lo reconocía.
Debido a que como se invalidaba ese
certificado apócrifo de 1993, el predio ubicado en Rancho Tamboreo 19 violaba
el uso de suelo. El Invea impuso una multa de 107 mil pesos y conminó al
colegio a cerrar o regularizar su uso de suelo.
"En lugar de cumplir lo solicitado
en la resolución decidió irse por la
vía de la impugnación, presentando un
juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de
México, por lo que el procedimiento de verificación del INVEA no se encontraba
firme", expresó.
La impugnación de la escuela fue presentada
ante el Tribunal a finales de marzo y el 31 de mayo el tribunal resolvió en primera instancia a favor del Invea que
notificó al Instituto el 26 de junio, pero la escuela apeló el 1 de agosto y
está pendiente su resolución, por lo que a la fecha el procedimiento del Invea
no puede proceder, aseguró Meyer Klip
La
respuesta del Tribunal Contencioso Administrativo
El Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México precisó en un comunicado que en el caso del juicio
I-23402/2017, iniciado por los representantes legales del colegio Enrique
Rébsamen en contra de los actos del Invea, el pasado día 26 de junio de 2017,
se notificó la sentencia que confirma la validez de la sanción, la cual es
únicamente una multa de 107 mil 448 pesos. En esa misma resolución, quedó firme
la "conminación" del Invea a la escuela de cumplir con el uso de
suelo permitido
"Mediante resolución de fecha 31 de mayo
del 2017, el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se reconoció la legalidad y
validez de la multa impuesta a la parte actora, mismo que se notificó al Invea
desde el pasado 26 de junio de 2017. Es decir: Invea ganó el juicio. Este
procedimiento, de ninguna manera, le impide al Invea continuar con el
procedimiento administrativo respecto a las materias de su competencia".
Presentan
denuncia penal
La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia
Sheinbaum, presentó este jueves una denuncia penal contra ex funcionarios
delegacionales por omisión en el proceso de ampliación del Colegio Enrique
Rébsamen, durante los periodos de 2010 y 2014.
En conferencia de prensa, la delegada señaló
que dicha denuncia, es adicional a la carpeta de investigación que por oficio
tiene que levantar la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México,
en el caso del colapso de un edificio del colegio privado ubicado en la colonia
Nueva Oriental Coapa, durante el sismo registrado el pasado 19 de septiembre.
Además, aseguró que la denuncia deriva de la
presencia de irregularidades en la documentación y reside, particularmente,
contra los ex funcionarios Alejandro Zepeda Rodríguez y Miguel Ángel Guerrero
López, quienes fungieron como directores generales de jurídico y gobierno en
Tlalpan, en los periodos de 2010 y 2014 respectivamente, así como contra la
directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, por corresponsabilidad.
La delegada Claudia Sheinbaum, señaló que en
la documentación jurídica con la que cuenta la delegación, se presentan una
serie de irregularidades que deberán ser investigadas a fondo, para encontrar y
castigar a los responsables de otorgar permisos o en su caso omitir el
ejercicio de sus funciones como autoridades delegacionales.
"Como persona y como jefa delegacional,
esto es indignante y tenemos que actuar porque estamos del lado de las
víctimas, del lado de la ley y queremos que se haga justicia. Le pedimos al
Procurador de Justicia de la Ciudad de México que revise con cuidado todos los
expedientes".
En ese sentido, informó que aún queda
pendiente el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles, en el que se
analizarán a fondo las estructuras del edificio, del concreto, de los planos,
de todos los expedientes, con los que hará un dictamen completo.
"En caso de que haya responsabilidad,
vamos a actuar de la misma manera contra el Director Responsable de Obra y el
corresponsable de seguridad estructural, que a la autoridad delegacional le
dicen de puño y letra que el edificio era seguro", aseveró Sheinbaum
Pardo.
