Ciudad de México. | 21 octubre de 2017
Tribuna Libre.- Santiago Nieto Castillo, fue removido de la
Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), por
transgredir el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República
(PGR).
La decisión fue tomada por el encargado de la
PGR y subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías
Beltrán, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley
Orgánica de la dependencia.
“En esta fecha removió de su cargo al titular
de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Lo anterior,
toda vez que el referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código
de Conducta de la Procuraduría General de la República”, informó la
dependencia.
Agregó que de esta manera, la Procuraduría
General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de
los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así
como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en
su conjunto.
A continuación el comunicado oficial:
“El Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales, Alberto Elías Beltrán, actuando en suplencia del Procurador
General de la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 137 de su Reglamento,
y en ejercicio de las facultades previstas en el artículo Décimo Octavo
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia político-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario
Oficial de la Federación, en esta fecha removió de su cargo al titular de la
Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.
“Lo anterior, toda vez que el referido
servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la
Procuraduría General de la República.
“De esta manera, la Procuraduría General de
la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los
servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así
como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en
su conjunto.”