* La renuncia de Raúl Cervantes
Andrade a la PGR y la intención de postergar el nombramiento del nuevo Fiscal
General de la República, tal y como mencionó Enrique Peña Nieto, tienen por objeto
facilitar el proceso electoral al PRI, sostiene el Senador Ernesto Ruffo Appel.
*Organizaciones
de la sociedad civil también criticaron la propuesta del Presidente Peña Nieto
de aplazar el cambio institucional y constitucional.
*“Estamos
viviendo uno de los años con mayores niveles de violencia, y homicidios, y
considera que los familiares de esas víctimas pueden esperar al siguiente
sexenio para tener una Fiscalía [General de la República] con capacidad de
investigación sí se me hace una negligencia”, afirmó Juan Pardinas, director
General del IMCO.
Ciudad de México. | 18 octubre de 2017
Tribuna Libre.- El Senador del Partido Acción Nacional (PAN)
Ernesto Ruffo Appel consideró que el Presidente Enrique Peña Nieto pretende
retrasar la discusión sobre la nueva Fiscalía General de la República después
de los comicios para evitar una factura electoral. Mientras, organizaciones de
la sociedad civil urgieron que a la discusión y nombramientos del nuevo
ministerio público nacional se le dé celeridad ante la crisis de inseguridad e
institucional que atraviesa el país.
El legislador explicó que después del 1 de julio, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) mantendría aún por dos meses la mayoría en
la actual legislatura del Congreso de la Unión, por lo que se podría convocar a
una Comisión Permanente para dictaminar sobre la procuración de justicia.
“Entonces, ya con conocimiento del resultado electoral y de cual
irá a ser la composición del nuevo Poder Legislativo, el PRI tomaría algunas
estrategias. […] No hay que olvidar que el resultado electoral del 2018 va ser
en julio y todavía va estar presente la actual legislatura”, dijo.
El panista sostuvo que con la postergación para discutir este tema
también se evitará hablar de cómo combatir la corrupción, lo que le “costaría”
votos al PRI conforme se llevan a cabo las discusiones de la Fiscalía Anticorrupción
del Sistema Nacional.
“Lamentablemente una serie de averiguaciones de corrupción han
sido minimizadas por el actual Gobierno a través de la Secretaría de la Función
Pública, y la incorporación del nuevo sistema de justicia penal, que todavía
ocupa que se hagan las reformas legales para la operación misma de varias de
las dependencias incorporadas al Sistema Nacional Anticorrupción”, expuso
Ruffo.
Ayer, Raúl Cervantes Andrade decidió dejar la titularidad de la
Procuraduría General de la República (PGR) y argumentó que se utilizaron sus
supuestas aspiraciones políticas como una excusa para no terminar de aprobar
las leyes que den vida a la Fiscalía General de la República.
Horas después, el Presidente Enrique Peña Nieto -quien debe elegir
a tres de los candidatos que el Senado le ofrezca para ser titular de la PGR-
aseguró que la designación se haría después de las elecciones, una vez se haya
apagado “la efervescencia” política.
“Es muy desafortunada la coincidencia de puntos de vista entre
Andrés Manuel López Obrador y el Presidente Peña Nieto de que esto es algo
postergable […]. Estamos viviendo uno de los años con mayores niveles de
violencia, y homicidios, y considera que los familiares de esas víctimas pueden
esperar al siguiente sexenio para tener una Fiscalía con capacidad de
investigación sí se me hace una negligencia”, señaló Juan Pardinas, director
General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ocho días antes de la renuncia de Cervantes, Andrés Manuel López
Obrador, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
propuso nombrar a los fiscales después de las elecciones.
Otros partidos de oposición no están de acuerdo con la
postergación del nombramiento del nuevo Fiscal de la nación.
“El tema electoral, seguramente, afectará en muchas decisiones que
se tengan que tomar por consenso político. Pero, por encima de eso, tiene que
estar la obligación de quienes tratamos en el Poder Legislativo y Ejecutivo de
hacer lo que nos toca para que las instituciones funcionen”, dijo apuntó la
presidente de la Comisión de Justicia del Senado Pilar Ortega Martínez.
Ortega Martínez, Senadora por el PAN, priorizó entre las próximas
tareas a emprender la aprobación de las leyes orgánicas y constitucionales de
tal forma que se garantice la autonomía de la Fiscalía General.
Trabajos que, estimó, podrían realizarse de haber voluntad
política antes del 15 de diciembre.
Aunque consideró que “nombrar ahorita un titular de la PGR no
sirve de nada. Al contrario volveríamos a la discusión de que ese titular de la
PGR puede ser que tenga el pase automático”.
Derivado de las reformas electorales del 2014, se aprobó la
transformación de la PGR en Fiscalía General, donde los legisladores
estipularon que el Procurador General se convierta automáticamente en Fiscal
General, una vez cumplida la transformación de la institución -cargo que
ocuparía por nueve años-.
Pese a que Peña Nieto propuso revertir el pase automático a través
de una iniciativa de ley enviada al Senado el 29 de noviembre del 2016, la propuesta
presidencial aún duerme el sueño de los justos.
“Y aquí estamos hablando de reformar la constitución, no sólo en
el transitorio [relacionado al pase automático], sino que tiene que modificarse
el [Articulo] 102 constitucional para eliminar la facultad del Presidente de la
República de proponer al Fiscal y de decidir si lo quita”, dijo el Senador Luis
Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
PROPUESTAS CIUDADANAS
El pasado 29 de agosto, 299 organizaciones de la sociedad civil,
redes civiles y grupos empresariales, conglomeradas en las iniciativas
#VamosPorMas y #FiscalíaQueSirva, firmaron una demanda ciudadana para exigir
cambios a la reforma del 2014. Hoy, las organizaciones como el IMCO, o el
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD), señalaron que
la sociedad civil está lista para participar en cualquier mesa de coadyuvancia
para redactar leyes.
“Al 2017 todavía le quedan 10 semanas para por lo menos sacar el
diseño constitucional, un periodo extraordinario el año que entra para sacar el
diseño legal, y después nos concentramos en quién la va a encabezar”, aseveró
Pardinas.
De acuerdo con la propuesta ciudadana, los aspirantes al cargo de
Procurador no podrán haber ocupado de forma previa un puesto de elección
popular en los últimos cuatro años. El planteamiento civil dejaría fuera una
vez más a Cervantes, quien fue Senador del PRI hasta el 25 de octubre del año
pasado.
“La decisión de renunciar está más en función de esa relación con
el Ejecutivo federal y no tanto con el proyecto institucional”, explicó Édgar
Cortez Morales, investigador IMDHD.
La propuesta ciudadana también pretende la creación de un Consejo
del Ministerio Público, que haga contrapeso al interior de la Fiscalía a las
decisiones del titular de la dependencia. El Consejo estaría compuesto por seis
consejeros, encargados de evaluar el desempeño de la próxima institución.
Cortez señaló que la división de poderes debería de verse
reflejada en la decisión de iniciar los trabajos legislativos para modificar la
ley orgánica de la Fiscalía, y más tarde elegir un titular.
“Se reitera la posibilidad de tener una PGR que dé resultados. No
sólo pasa por la persona que la encabeza, sino en el rediseño de la
institución. Para que sea capaz de ofrecer resultados en pendientes, atrapados
por la corrupción o la impunidad”, dijo Cortez.
(sinEmbargo)
