Ciudad de México. | 24 octubre de 2017
Tribuna Libre.- La Procuraduría General de la República (PGR)
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvieron las primeras 13
sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y
representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que
recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte.
Además, jueces federales giraron 13 órdenes
de aprehensión más contra otros involucrados, mientras que el SAT presentó
cinco nuevas denuncias contra quien resulte responsable tras confirmar que las
operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz fueron simuladas.
Entre los sentenciados hay personas de bajos
recursos, militantes del PRI en Vercacruz o gente que aunque no eran
empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales
falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las
compañías. Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias
reducidas que les permitieran no ser encarcelados.
Estos falsos empresarios están vinculados
directamente con las compañías fachada reveladas por Animal Político en mayo de
2016, y las cuales, mediante licitaciones simuladas y adjudicaciones directas
irregulares, recibieron contratos de cuatro dependencias del gobierno de
Duarte: Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF Estatal (este
último bajo la presidencia de Karime Macías, esposa de Duarte).
Los datos oficiales proporcionados a este
portal por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que las 13
sentencias fueron dictadas por jueces federales mediante la modalidad de
“proceso abreviado”, es decir, en juicios cortos luego de que los involucrados
aceptaran declararse culpables a cambio de una condena mínima.
El delito que se les imputó fue el “rendir
con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran
obligados los contribuyentes” estipulado en el artículo 110 del Código Fiscal
de la Federación. La pena para los que cometen este ilícito va de los tres
meses a los tres años de prisión.
Dado que los acusados comparecieron
voluntariamente ante las autoridades y se declararon culpables, el SAT y la PGR
aceptaron que cumplieran sus penas en libertad. Esto con la condición de
proporcionar toda la información relacionada con la forma en como fueron
convencidos para incurrir en este fraude.
Un funcionario ligado con la investigación
dijo que estaban conscientes de que estas personas eran el hilo más delgado de
la red de corrupción en el gobierno de Duarte (muchas de las cuales aceptaron
con engaños involucrarse en estos hechos debido a su situación económica), por
lo que el interés de las autoridades era obtener los datos y las sentencias
como antecedente legal, pero no que estas personas permanecieran en prisión.
El SAT también informó que hay otros 13
socios y representantes de esta red de empresas consignados ante los jueces y
en contra de los cuales ya se giraron las órdenes de aprehensión
correspondientes, dado que no han sido localizados ni se han presentado ante
las autoridades. De la misma forma hay cuatro procesos penales más en curso
también en contra de representantes, y otros dos que concluyeron sin sentencia.
La dependencia dijo que en total esta
investigación derivó en la identificación de 30 compañías fantasma que, en
definitiva, se confirmó que solo existían en el papel pero no en la realidad.
Por ello les fueron cancelados todos sus registros y certificados digitales. La
lista completa se encuentra en la información proporcionada por el SAT que se
adjunta al final de esta nota.
Indagan
simulación
El SAT dio a conocer que presentó cinco
denuncias ante la PGR tras confirmar que las operaciones por las cuales el
gobierno de Duarte contrató a estas compañías fueron simuladas. Solo por este
hecho los que resulten responsables podrían alcanzar penas de hasta seis años
de cárcel. Las carpetas de investigación están en curso.
La investigación periodística que en su
momento presentó este portal estableció que la red de compañías fantasma
recibió 645 millones de pesos mediante 71 contratos por productos y servicios
que nunca existieron. Los conceptos iban desde compra de materiales para
viviendas, hasta materiales escolares, despensas, etcétera. Todo fue falso.
La pesquisa posterior del SAT estableció que
este grupo de empresas había facturado más de tres mil millones de pesos en
distintas operaciones con dependencias del gobierno de Veracruz.
Cabe señalar que con la cancelación de las
facturas que emitieron las compañías fachada existen también consecuencias
fiscales inmediatas para las dependencias que las habían avalado sobretodo
relacionadas con pagos de impuestos.
Animal Político preguntó al SAT sobre que
dependencias y funcionarios estaban involucrados en estas investigaciones y las
consecuencias que podrían estar enfrentando, pero la dependencia dijo (como se
puede confirmar en el informe que se adjunta al final) que esta es información
clasificada como reservada.
De lo que el SAT tampoco quiso dar respuesta
es del resultado de las auditorías que practicó a por lo menos seis exfuncionarios
del gobierno de Duarte (incluyendo al propio exgobernador) a los cuales se les
encontraron posibles discrepancias entre operaciones reportadas con su nivel de
ingresos. De nuevo sostuvo que es información clasificada como “confidencial”
Altos
funcionarios impunes
Hasta ahora las indagatorias iniciadas entre
Hacienda y la PGR por la operación de compañías fantasma en Veracruz no han
traído consecuencias a ninguno de los altos exfuncionarios del gobierno de
Javier Duarte, ni tampoco a su esposa Karime Macías, pese a elementos y
señalamientos que existen en su contra.
Los hoy diputados federales Antonio Tarek
Abdalá, Adolfo Mota, Noemí Lagunes, Edgar Spinoso y Alberto Silva Ramos
encabezaron u ocuparon puestos relevantes en las dependencias que contrataron a
las compañías fantasma. La PGR no ha procedido en contra de ninguno de ellos,
al menos para solicitar su desafuero.
Otro exfuncionario clave es el hoy diputado
local Vicente Benítez, quien fuera tesorero y subsecretario de Desarrollo
Social en la administración duartista. La Fiscalía de Veracruz, ya en el
sexenio de Miguel Ángel Yunes, asegura que las indagatorias en contra de este
funcionario fueron atraídas en su momento por la PGR, sin embargo, la
dependencia federal no ha presentado hasta ahora acusación alguna contra el
exfuncionario.
Un caso similar es el de Karime Macías, quien
también está bajo investigación de la PGR desde 2016. A la exprimera dama de
Veracruz y expresidenta del DIF Estatal incluso se le han congelado algunas
cuentas bancarias pero hasta ahora no se le ha citado por lo menos a rendir una
declaración. La Fiscalía del estado sostiene que tiene una investigación contra
Karime por los contratos irregulares del DIF, pero tampoco existen resultados
hasta la fecha.