* Hay
desinterés de los trabajadores mexicanos por saber cómo se maneja el dinero que
formará su pensión; "lo que aquí ocurre es un robo. Si revisamos casos
aislados de los trabajadores podemos ver que les están quitando más de un
millón de pesos por pensionado", dice Humberto Luna, abogado de
trabajadores; el camino estaría en obligar a las CIEFORES responsables de
administrar las inversiones de las Afores para que por ley lo hagan en
instrumentos como las FIBRA's y CECADES en lugar de invertir en papeles de
renta variable en la BMV, destaca el investigador del CESOP, Giovanni Jiménez
Bustos.
Ciudad
de México. | 04 octubre de 2017
Tere
López Zamudio
Tribuna Libre.- La opacidad con la fue armado el manejo de
las Afores desde el Congreso de la Unión tiene al sistema de pensiones a punto
de la quiebra y a la economía mexicana sobre una bomba de tiempo, advierten
investigadores al comprobar que en el Presupuesto de Egresos enviado por la
Federación para 2018 se sigue apostando en utilizar los recursos de las jubilaciones
como “caja chica” con el riesgo de dejar a millones de trabajadores con las
manos vacías.
Tal como ha ocurrido con el modelo de pensión
chileno, el sistema mexicano de pensiones y jubilaciones está a punto de
colapsar porque el gobierno utiliza los fondos de los trabajadores en el gasto
corriente y no para inversión que dejé dividendos, explica el abogado y
representante de la Organización de Jubilados y Pensionados de la Universidad
Nacional Autónoma de México (OJUPE), Humberto Luna y advierte que nadie sabe
dónde están los rendimientos y recursos que deberían integrar el fondo de
pensiones, cuyo monto se estima en alrededor de 10 billones de pesos.
Y es que, en virtud de una población en
envejecimiento a pasos agigantados, de un número cada vez menor de trabajadores
formales, aunado a la falta de ahorro voluntario y a los pocos mecanismos para
cubrir los gastos del gobierno, el sistema de pensiones se ha convertido en la
principal herramienta para operar financieramente y generar liquidez para el
gobierno de la República, recursos que maneja con una enorme opacidad y sin
rendir cuentas sobre la utilización de dichos recursos.
El proyecto de Egresos para 2018 enviado por
el Ejecutivo contempla 700 mil millones de pesos sólo para el pago de pensiones;
la cifra es enorme y equivale al 10 por ciento del presupuesto programable,
mayor que el presupuesto otorgado a las secretarías de Educación, Desarrollo
Social y Salud, en conjunto.
Esos 700 mil millones de pesos se irán a las
59 millones de cuentas concentradas en las 11 Afores existentes en el país,
pertenecientes a los 39 millones de trabajadores afiliados a algún sistema de
seguridad social y cuyo fondo total resulta en la cifra citada cercana a los 10
billones de pesos.
"Por el momento nadie tiene claridad de
dónde están esos 10 billones de pesos. Si esos recursos se fueran a inversión
productiva aún existirían, sin embargo, este dinero se ha utilizado para cubrir
los consumos gubernamentales", afirma Humberto Luna, al explicar que en los
años recientes el principal usuario y consumidor del dinero de los trabajadores
y manejado por las Afores, ha sido el propio gobierno de la República, al usar
tales fondos para cubrir su gasto corriente (consumido en pago de sueldos y
salarios y compra de insumos, etc., gasto que no produce ni interés ni
utilidades) y tal uso indebido impide que ese dinero se mantenga, se eleve como
resultado de inversión, sino que vaya mermando a pasos alarmantes.
“Es como si una familia pidiera un préstamo y
en lugar de utilizarlo para crear un negocio y generar más recursos, se
utilizar para comprar alimento o en unas vacaciones; ese dinero no tendría modo
de recuperarse. Así, el dinero ahorrado por los trabajadores está siendo
utilizado para cubrir los gastos que tiene el gobierno en sus distintos
niveles, pero sin un retorno de inversión”, explica.
"Cuando se denunció ‘La estafa maestra’,
el informativo Animal Político descubrió un fraude por 7 mil millones de pesos.
Ahora imaginen que anualmente accedas a 700 mil millones de pesos para la
seguridad social. No existen datos, ni fuentes de información de cuánto de ese
dinero verdaderamente se entrega a los trabajadores, ni a quien se entrega, ni
cómo ni cuándo. No sabemos a dónde se va ese recurso", precisa Giovanni Jiménez
Bustos, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
(CESOP) de la Cámara de Diputados.