*Madres
del colectivo Solecito Veracruz, denunciaron que la Fiscalía de Veracruz faltó
a un acuerdo con la federación y víctimas indirectas.
Tribuna Libre.- Madres del colectivo Solecito Veracruz,
denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) faltó a un acuerdo con
autoridades federales y víctimas indirectas. Sin dar aviso, peritos de la institución
local realizaron trabajos de exhumación en las fosas del rancho Chicahuaxtla,
ubicado en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz.
“Nos agarraron de tontas; prácticamente
fuimos sus chalanes porque nosotras les chapeamos el terreno y ellos exhumaron
las osamentas de dos personas. ¿Qué esconden?, ¿Por qué hacen las cosas en
secreto?”, recriminó Marcela Zurita Rosas, líder de la agrupación.
El pasado 13 de octubre de 2017, integrantes
de 13 colectivos de familiares de desaparecidos, pactaron con autoridades
estatales y federales búsquedas en cinco puntos de la entidad señalados como
campos de exterminio, incluido la propiedad de la comunidad San Isidro
Ixtaczoquitlán.
Los lugares a rastrear fueron: un pozo
ubicado en el municipio de Omealca; la Academia de Policías de El Lencero, en
Xalapa; el rancho La Gallera, en Tihuatlán; y un predio llamado Punta Caracol,
en Coatzacoalcos. Lo anterior, fue avalado por el Fiscal General Jorge Winckler
Ortiz y Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación (Segob).
En el rancho Chicahuaxtla, las diligencias
comenzaron desde el 10 de febrero de 2017, con el hallazgo de cinco cadáveres
inhumanos a pie de cerro. El descubrimiento se derivó de un caso de plagio, a
cargo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).
Sin embargo, la propia autoridad aplazó la
búsqueda al asegurar que “ya no había espacio en los Servicios Médicos Forenses
(Semefos) para seguir apilando gente”.
Las madres de la zona centro regresaron a
Chicahuaxtla el 25 de octubre de 2017, acompañados por antropólogos forenses y
binomios caninos de la Procuraduría General de la República (PGR). El resultado
fue la ubicación de al menos 20 puntos marcados como “positivos”, es decir, con
restos humanos escondidos bajo tierra.
Terminado el plazo de búsqueda de PGR, la
Fiscalía de Veracruz se comprometió a retomar los trabajos en el lugar, con la
presencia de las madres de desaparecidos, pero no fue así.
“Fueron más de 15 días que solicitamos
medidas de seguridad a la UECS para regresar a buscar, pero solo nos daban
largas. Tengo los mensajes de cuando solicité entrar al predio y me dijeron que
todavía no. Ahora sabemos que en ese tiempo ellos trabajaron dos fosas
clandestinas”, reprobó Zurita Rosas.
“No somos cualquier cosa para que nos tomen
el pelo. La primera vez que venimos, chapeamos el lugar que se iba a procesar y
no respetaron los acuerdos. Lo único que
queremos es que nos permitan buscar a nuestros hijos”, insistió.
Zurita Rosas aseguró que el casi medio mes
sin respuestas de parte de la Fiscalía también figuró como un “gasto extremo”,
al trasladar a integrantes de la brigada de búsqueda del puerto de Veracruz y
de Iguala, Guerrero.
“Definitivamente habrá más fosas y nosotros
queremos participar. Lo que hicieron fue violar nuestros derechos como víctimas
indirectas. Exigimos medidas de seguridad pues es evidente que estamos ante un
lugar que fue ocupado para el exterminio masivo de personas”, agregó la madre.
Finalmente el grupo solicitó que el resguardo
de la zona quede a cargo de la Policía Federal, así como el procesamiento de
restos. “No es para menos, hay motivos y de sobra para que se desconfíe de
nuestras propias autoridades”, concluyó la madre.