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¿Qué entiende hoy un trabajador o trabajadora
si le preguntan sobre sus prestaciones laborales? Lo primero que se viene a la
cabeza son las vacaciones, el aguinaldo, el seguro o con suerte, un bono de
puntualidad.
*¿Qué
vendrá a la cabeza de alguien que tiene de facto cerca de 22 prestaciones?
Habría que preguntarle al Presidente, a su gabinete, a los 500 diputados y a
los 128 senadores.
*El
número de prestaciones laborales de los principales funcionarios públicos de
México se ha mantenido con el paso de los años, mientras que los trabajadores
han tenido que soportar los cambios a las leyes laborales que esa misma cúpula
se ha encargado de elaborar, promover y aplicar: los gobiernos del PAN se
fueron contra la seguridad social, el de Peña Nieto no logró acabar con el yugo
de pobreza que significa hoy el salario mínimo.
*La
Unidad de Datos de SinEmbargo realizó la contabilidad de las prestaciones que
los funcionarios públicos tienen frente a las de un trabajador común y las
realidades parecen ser de mundos diferentes: los primeros pueden tener cada uno
21 prestaciones, el resto, o como lo definen académicos: “los generadores de la
riqueza”, tienen siete en promedio y no tienen comparación en términos de
montos económicos y beneficios sociales.
Ciudad de México. | 29 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- Roberto García tiene hoy 80 años. Hace cinco
logró obtener su pensión, luego de 25 años de trabajar como carpintero. Dejó de
trabajar porque el cuerpo ya no le dio para más. A pesar de que, desde años
antes, el cansancio y dolores en piernas y brazos le pedían reposo, pero la
necesidad de tener un salario siempre fue mayor. Luego de meses enteros de
hacer trámites y más trámites obtuvo su retiro. Hoy vive con su esposa de la
misma edad, con 2 mil 400 pesos mensuales.
Del otro lado de la mesa está el Senador
Javier Lozano Alarcón, quien antes de ocupar ese puesto fue el titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la administración de Felipe
Calderón. En ese puesto creó y dejó como herencia a los mexicanos la Reforma
Laboral.
A diferencia de Roberto, el Senador Lozano
Alarcón tendrá poca preocupación cuando se retire, ya que entre las 21
prestaciones que goza por derecho [seguro de separación, seguro colectivo de
retiro, además hace aportaciones a su
seguridad social, tiene un pago por riesgos, potenció su seguro de vida, tiene
algo que se llama “ahorro solidario”] y con todas las facilidades que se le
otorgan –como primas vacacionales, celular, ayuda para despensa, prima
quinquenal, apoyo económico para comprarse un auto–, puede gozar de su salario
íntegro de 2 millones 796 mil 810 pesos y puede ahorrar; entonces la pensión
parece un asunto solucionado.
Así, la realidad del señor Roberto y la del
Senador Lozano,son drásticamente diferentes. Será lo mismo si se compara la de
un joven de 25 años que no sabrá nunca qué es recibir utilidades porque está
contratado por outsourcing, frente a la del Presidente Enrique Peña Nieto,
quien puede presumir su seguro institucional por 8.2 millones de pesos o los 5
mil pesos que se le dan para cubrir sus gastos de alimentación.
En entrevista con SinEmbargo, Alfonso Bouzas
Ortiz, investigador del ámbito laboral en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), describe que el tema de las prestaciones sociales hacen un
contraste de negro a blanco si se habla de la clase gubernamental y la
trabajadora. En la primera hay una paraíso laboral con una lista en la que está
asegurada la salud, el bienestar y el futuro. En la segunda sólo hay
incertidumbre, iniquidad y más pobreza.
Observador del desempeño de los sindicatos
mexicanos y la política laboral, Bouzas Ortiz expone que después de la Reforma
Laboral promulgada en 2012, “los trabajadores afiliados al IMSS están con un
salario mínimo, lo que repercutirá en una jubilación mínima, en tanto que los
del ISSSTE tienen un tope de 20 salarios mínimos. No hubo defensa. Los trabajadores
tuvieron que aceptar que se les diera de alta con un salario muy diferente a lo
que perciben, y los del Estado burocrático con un tope”.
Pero esa situación –según Bouzas– afecta sólo
a los trabajadores. Los Gobernantes quedaron protegidos y lejanos a las
circunstancias en las que quedaron millones de trabajadores.
“Fue un cambio histórico [la Reforma Laboral]
que dio al traste con batallas emblemáticas y cuyos resultados óptimos aún
parecen estar lejanos”, plantea el investigador.
Por su parte, José Manuel Cervantes Bravo,
académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM,
explica que aunque estas diferencias rayan ya en los terrenos de la injusticia,
la inequidad está dentro del marco de la Ley, ya que mientras la Constitución
establece derechos mínimos, se quedan mínimos para los trabajadores porque es
lo que se logra negociar con la figura patronal.
Pero por el otro lado, los funcionarios se
encargan de asignarse a ellos mismos sus salarios y sus prestaciones; no las
negocian con nadie y además, deciden ponerse bonos. Explicó que las mínimas
prestaciones han sido las de siempre, desde la Ley de 1931, desde la reforma de
1970 y la Ley que se hizo con el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y son
prestaciones a las que la mayoría de los mexicanos está acostumbrado de manera
muy natural: aguinaldo y vacaciones.
“Los funcionarios pueden justificar sus
prestaciones legalmente al decir que la Constitución establece mínimos y que
todo hacia arriba es legal, ¿pero un trabajador qué puede lograr? Un bono de
puntualidad, uno de asistencia, pero no más. Ellos, por el contrario, tienen
hasta prestaciones por eficiencia en el trabajo, ¿quién decide si se lo ganan o
no? Para ellos no hay un sistema de medición: todos ellos trabajan, todos son
chambeadores, son productivos y son un bien para la Nación”, comentó.
En uno de sus ensayos, el doctor Arturo
Fernández Arras, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expuso que los
derechos laborales no se reducen a una simple obligación del estado, sino que
también involucran a los particulares. Desde su perspectiva, son los derechos
laborales los que regulan la actividad privada entre patrón y trabajadores por
la desigualdad que esa relación guarda al interior.
En esa relación, el Estado interviene con una
regulación, aunque en teoría, su carácter tutelar es en favor de los
trabajadores y como ejemplo está el acceso a los servicios de salud, los
derechos a huelga y la libertad sindical.
El Derecho Laboral apareció en la Constitución
de 1917 con el Artículo 123. Para Fernández Arras, ese fue el “reconocimiento
histórico de las reivindicaciones sociales y del compromiso del Estado con los
trabajadores”.
El investigador ubica los derechos laborales
de “los obreros” como uno de los resultados de la Revolución Mexicana y entre
los personajes pioneros de eso menciona a los generales Francisco J. Mújica
Velázquez y Esteban Baca Calderón, líder de la Huelga de Cananea [que detonó el
1 de junio de 1906, en una mina de cobre de Cananea, Sonora], así como a los
constituyentes que “protagonizaron el debate más importante en la historia del
derecho laboral mexicano”.
El investigador concluye que en la
elaboración de las leyes es notorio que quienes las impulsan, no se muestran
interesados por los trabajadores, no tienen una visión de futuro y que no hay
conciencia de las necesidades de los interesados “quienes con su trabajo son
generadores de riqueza”.
Seguros por riesgo de trabajo, de separación,
de gastos médicos mayores, 20 días de vacaciones, gratificación de fin de año,
prima quinquenal, ayuda para despensa, pagos por gastos de alimentación, becas
del 100 por ciento para sus hijos en preparatorias y universidades, asistencia
legal, asignación de vehículo o apoyo para comprar uno, seguro de cesantía en
edad avanzada y vejez. Esas son algunas de las prestaciones que gozan el
Presidente, su gabinete, los senadores y los diputados.
(SinEmbargo)
