*México
atraviesa por una coyuntura crítica en materia de regulación del presupuesto
ejercido por su gobierno en publicidad oficial. La penuria de normas adecuadas
y de controles que eviten el derroche de recursos; la falta de transparencia y
de rendición de cuentas al respecto, y las omisiones por parte de las
autoridades, no sólo hacen vulnerable a la sociedad en su derecho de acceso a
la información, sino también a los medios de comunicación en su derecho de
libertad de expresión –por su dependencia al presupuesto, que reciben por parte
de la actual administración, que limitaría su imparcialidad al momento de
comunicar noticias.
*Ante
esta situación, representantes de la sociedad civil pugnan una larga batalla
desde sus respectivas trincheras, con la finalidad de solucionar las omisiones
de las autoridades. Este 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación votará un proyecto de sentencia que podría apuntalar un antecedente
legal, no sólo para la protección sino también para la ampliación de los
derechos fundamentales de la ciudadanía mexicana. Aun si se diera este buen
paso, “se requiere un efectivo cumplimiento [de la norma] y este seguramente va
a ser el reto si se aprueba una Ley”, dijo Leopoldo Maldonado, abogado defensor
de Artículo 19, a SinEmbargo.
Ciudad de México. | 14 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- Ya siendo Presidente electo y sin haber
entrado en funciones, Enrique Peña Nieto prometió, en julio de 2012, impulsar
“la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la
contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los
niveles de gobierno”. A ello se sumarían los compromisos de 2015 y 2017
–recortes al gasto real en publicidad oficial-, además de una reglamentación en
la materia, estancada a raíz de la Reforma Política y Electoral de 2014.
Sin embargo, la falta de cumplimiento y las
nulas medidas en favor de la libertad de expresión y del derecho a la
información en México, ha provocado que representantes de la sociedad civil, en
los últimos años, se hayan dado a la tarea de luchar, inclusive ante las
cortes, para que el Estado cumpla con su palabra. Este 2017, además, se ha
convertido en el año en la exigencia se ha intensificado y este 15 de noviembre
podría rendir frutos.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso amparar a la
organización Artículo 19 para que el Congreso de la Unión regule la publicidad
oficial antes del 30 de abril de 2018 y acabar así con la discrecionalidad de las
autoridades que la usan como castigo a los medios críticos.
Ese es el sentido del proyecto de resolución
del amparo en revisión enlistado para ser discutido en la sesión del próximo 15
de noviembre en la Primera Sala del máximo tribunal.
Zaldívar Lelo de Larrea plantea que el
Congreso de la Unión ha sido omiso en su obligación de expedir la Ley
reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, según lo
estableció el artículo Tercero Transitorio del Decreto que la reformó en materia
político-electoral y que se publicó el 10 de febrero de 2014.
Ante esta situación, las organizaciones
civiles han redoblado sus esfuerzos de investigación y difusión para que más
mexicanos se involucren en un problema que impacta negativamente a la libertad
de expresión y a la democracia del país.
“El uso de la publicidad oficial sigue
rigiéndose bajo las mismas malas prácticas: escueta información y nula
rendición de cuentas sobre el ejercicio de millones de recursos públicos que se
asignan sin regla”, refiere una misiva pública de Fundar, centro de análisis y
de investigación.
Los datos de esta Organización No
Gubernamental (ONG), acerca de los reportes de gastos en comunicación social de
la Secretaría de Gobernación (Segob), refieren que mientras el presupuesto
aprobado entre 2013 y 2016 se redujo 16.4 por ciento, el presupuesto ejercido
aumentó 31.2 por ciento. Este resultado, en ese mismo periodo de tiempo,
también lo obtuvo México Evalúa en su revisión de los reportes de la Cuenta
Pública de la Secretaría de Hacienda (SHCP). En su ejercicio, la organización
detalla que a pesar de que el presupuesto aprobado decreció 3.4 por ciento, el
ejercido se incrementó 62.4 por ciento.
La austeridad –al menos en materia
publicitaria– no es una virtud del Gobierno federal. Desde que el priista,
nacido en Atlacomulco, Estado de México, inició su mandato y hasta junio de
2017, su administración ha sobreejercido 15 mil millones de pesos. En ese
periodo, su Gobierno gastó 37 mil 725 millones en publicidad, monto que supera
en 71.86 por ciento el dinero aprobado por el Congreso de la Unión, para el
ejercicio 2013-2016, indica Fundar en su informe “Contar lo bueno cuesta mucho.
El gasto en publicidad oficial del Gobierno federal 2013 a 2016”.
Esta cantidad es tan grande que, inclusive,
equivale a lo que el Gobierno de México estima que costará reparar los daños
causados por el sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre de este año
–37.5 mil millones de pesos, dijo en septiembre pasado Enrique Peña Nieto, al
encabezar la reunión de evaluación sobre los estados afectados por el temblor–.
En la opinión de Edna Jaime, fundadora y
directora general de México Evalúa, “hay dos efectos perniciosos en este gasto”
desmedido que supera lo autorizado por el Poder Legislativo: el costo de
oportunidad de estos recursos, o bien, “lo que se dejó de hacer en otros
ámbitos prioritarios […] por canalizar recursos a este rubro”; y una “bolsa
multimillonaria de recursos [que] está domesticando a medios de comunicación,
sobre todo a los que dependen fuertemente de la publicidad oficial para
existir”, refirió hace unos días en su columna en El Financiero.
Los datos de Fundar y de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) corroboran esta última aseveración. Para la ONG, el
grado de dependencia de algunos medios de comunicación, en relación con los
fondos que reciben del Gobierno federal, es amplia.
Las televisoras son las más beneficiadas por
el gasto en publicidad oficial, ya que, de 2013 a 2016, seis proveedores
concentraron el 38.81 por ciento de las erogaciones totales para el rubro:
Televisa [17 por ciento] y TV Azteca [10 por ciento], además de los Estudios
Churubusco, la agencia publicitaria Starcom Worlwide, El Universal y Grupo
Radio Fórmula, cada uno con una tajada de casi tres por ciento, según datos de
Fundar.
Las cifras de la CIDH, por su parte,
establecen la existencia de medios de comunicación cuyo presupuesto depende, en
un 40 ó 50 por ciento, de la publicidad oficial del Gobierno federal.
(SinEmbargo)
