La SCJN puede, si quiere, frenar a los medios “domesticados” por gobiernos, dicen grupos civiles

*México atraviesa por una coyuntura crítica en materia de regulación del presupuesto ejercido por su gobierno en publicidad oficial. La penuria de normas adecuadas y de controles que eviten el derroche de recursos; la falta de transparencia y de rendición de cuentas al respecto, y las omisiones por parte de las autoridades, no sólo hacen vulnerable a la sociedad en su derecho de acceso a la información, sino también a los medios de comunicación en su derecho de libertad de expresión –por su dependencia al presupuesto, que reciben por parte de la actual administración, que limitaría su imparcialidad al momento de comunicar noticias.

*Ante esta situación, representantes de la sociedad civil pugnan una larga batalla desde sus respectivas trincheras, con la finalidad de solucionar las omisiones de las autoridades. Este 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará un proyecto de sentencia que podría apuntalar un antecedente legal, no sólo para la protección sino también para la ampliación de los derechos fundamentales de la ciudadanía mexicana. Aun si se diera este buen paso, “se requiere un efectivo cumplimiento [de la norma] y este seguramente va a ser el reto si se aprueba una Ley”, dijo Leopoldo Maldonado, abogado defensor de Artículo 19, a SinEmbargo.

Ciudad de México. | 14 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- Ya siendo Presidente electo y sin haber entrado en funciones, Enrique Peña Nieto prometió, en julio de 2012, impulsar “la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno”. A ello se sumarían los compromisos de 2015 y 2017 –recortes al gasto real en publicidad oficial-, además de una reglamentación en la materia, estancada a raíz de la Reforma Política y Electoral de 2014.

Sin embargo, la falta de cumplimiento y las nulas medidas en favor de la libertad de expresión y del derecho a la información en México, ha provocado que representantes de la sociedad civil, en los últimos años, se hayan dado a la tarea de luchar, inclusive ante las cortes, para que el Estado cumpla con su palabra. Este 2017, además, se ha convertido en el año en la exigencia se ha intensificado y este 15 de noviembre podría rendir frutos.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso amparar a la organización Artículo 19 para que el Congreso de la Unión regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018 y acabar así con la discrecionalidad de las autoridades que la usan como castigo a los medios críticos.

Ese es el sentido del proyecto de resolución del amparo en revisión enlistado para ser discutido en la sesión del próximo 15 de noviembre en la Primera Sala del máximo tribunal.

Zaldívar Lelo de Larrea plantea que el Congreso de la Unión ha sido omiso en su obligación de expedir la Ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, según lo estableció el artículo Tercero Transitorio del Decreto que la reformó en materia político-electoral y que se publicó el 10 de febrero de 2014.

Ante esta situación, las organizaciones civiles han redoblado sus esfuerzos de investigación y difusión para que más mexicanos se involucren en un problema que impacta negativamente a la libertad de expresión y a la democracia del país.

“El uso de la publicidad oficial sigue rigiéndose bajo las mismas malas prácticas: escueta información y nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de millones de recursos públicos que se asignan sin regla”, refiere una misiva pública de Fundar, centro de análisis y de investigación.

Los datos de esta Organización No Gubernamental (ONG), acerca de los reportes de gastos en comunicación social de la Secretaría de Gobernación (Segob), refieren que mientras el presupuesto aprobado entre 2013 y 2016 se redujo 16.4 por ciento, el presupuesto ejercido aumentó 31.2 por ciento. Este resultado, en ese mismo periodo de tiempo, también lo obtuvo México Evalúa en su revisión de los reportes de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda (SHCP). En su ejercicio, la organización detalla que a pesar de que el presupuesto aprobado decreció 3.4 por ciento, el ejercido se incrementó 62.4 por ciento.

La austeridad –al menos en materia publicitaria– no es una virtud del Gobierno federal. Desde que el priista, nacido en Atlacomulco, Estado de México, inició su mandato y hasta junio de 2017, su administración ha sobreejercido 15 mil millones de pesos. En ese periodo, su Gobierno gastó 37 mil 725 millones en publicidad, monto que supera en 71.86 por ciento el dinero aprobado por el Congreso de la Unión, para el ejercicio 2013-2016, indica Fundar en su informe “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del Gobierno federal 2013 a 2016”.

Esta cantidad es tan grande que, inclusive, equivale a lo que el Gobierno de México estima que costará reparar los daños causados por el sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre de este año –37.5 mil millones de pesos, dijo en septiembre pasado Enrique Peña Nieto, al encabezar la reunión de evaluación sobre los estados afectados por el temblor–.


En la opinión de Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, “hay dos efectos perniciosos en este gasto” desmedido que supera lo autorizado por el Poder Legislativo: el costo de oportunidad de estos recursos, o bien, “lo que se dejó de hacer en otros ámbitos prioritarios […] por canalizar recursos a este rubro”; y una “bolsa multimillonaria de recursos [que] está domesticando a medios de comunicación, sobre todo a los que dependen fuertemente de la publicidad oficial para existir”, refirió hace unos días en su columna en El Financiero.

Los datos de Fundar y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) corroboran esta última aseveración. Para la ONG, el grado de dependencia de algunos medios de comunicación, en relación con los fondos que reciben del Gobierno federal, es amplia.

Las televisoras son las más beneficiadas por el gasto en publicidad oficial, ya que, de 2013 a 2016, seis proveedores concentraron el 38.81 por ciento de las erogaciones totales para el rubro: Televisa [17 por ciento] y TV Azteca [10 por ciento], además de los Estudios Churubusco, la agencia publicitaria Starcom Worlwide, El Universal y Grupo Radio Fórmula, cada uno con una tajada de casi tres por ciento, según datos de Fundar.

Las cifras de la CIDH, por su parte, establecen la existencia de medios de comunicación cuyo presupuesto depende, en un 40 ó 50 por ciento, de la publicidad oficial del Gobierno federal.

(SinEmbargo)
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