*Aquiles
Córdova Morán | 24 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- Manuel Hernández Pasión, Presidente Municipal
de Huitzilan de Serdán, en la Sierra nororiental del estado de Puebla, fue
asesinado arteramente en las goteras de la ciudad de Zacapoaxtla, en la misma
zona serrana, el día martes 10 de octubre de los corrientes. Ha pasado ya, por
lo tanto, más de un mes del crimen sin que las autoridades responsables den
alguna señal visible de querer hacer justicia en el caso.
Creo que todo mundo sabe de la proverbial
ineficacia (o falta de interés) de los órganos encargados de investigar y
castigar el delito en México, tal como lo demuestra elocuentemente la
estadística que dan a conocer periódicamente los especialistas en el tema: de
cada cien delitos que se denuncian ante el Ministerio Público (recordar que
mucha gente se abstiene de hacerlo por temor o por considerarlo absolutamente
inútil), solo 5 son investigados y solo 2 llegan a recibir sentencia, es decir,
la impunidad en México anda por el orden del 90 o 95%, algo realmente
escandaloso que debiera preocuparnos a todos los mexicanos por igual.
Teniendo esto en cuenta, creo probable que
todo el que sepa del asesinato del Presidente huitzilteco tienda a pensar que
no hay nada nuevo en ello; que se trata solo de una cifra más para la
estadística de la impunidad, pero creo poder demostrar que no es así. Es cierto que Manuel no es el primer
antorchista abatido a tiros por los enemigos del progreso y de la participación
organizada de las masas populares en la política nacional; por el contrario, la
lista de víctimas inocentes que pertenecieron a nuestras filas y que siguen
esperando justicia como quien espera a Godot, es larga y dolorosa. Para no ir a
buscar ejemplos a lugares y tiempos remotos, permítaseme traer a la memoria uno
muy reciente y escandalosamente brutal e injusto, el secuestro y posterior
sacrificio de don Manuel Serrano Vallejo, padre de la destacada luchadora
Maricela Serrano Hernández, cuya familia, su señora madre en primer lugar, no
ha recibido de las autoridades ni siquiera los restos de su ser querido para
darles una sepultura digna.
De acuerdo con esto, también es larga y bien
aprendida nuestra experiencia en la lucha contra la insensibilidad, la sordera
y la ineficacia de las autoridades judiciales; sabemos cuál es el argumento
infalible tras del cual se atrincheran siempre para eludir su responsabilidad
frente a quienes reclaman justicia: una y otra vez, tantas como sean necesarias
para aburrirlos y desanimarlos, les recitan la misma letanía: el “informe
detallado de los avances”, la enumeración prolija de los “indicios” con que cuentan,
la lista de “sospechosos” a quienes están “investigando”, las “pistas” que
están “agotando”, etc., etc. Pero nunca pasan de ahí. El final es siempre el
mismo: a pesar de sus ingentes esfuerzos, dicen, “no ha sido posible dar con
los culpables” y, por tanto, tampoco es posible aplicarles “todo el peso de la
ley” como habían prometido.
Pues bien, lo nuevo y distinto en el caso de
Manuel es que las autoridades poblanas no pueden atrincherarse detrás del
consabido pretexto de las prolijas y eternas investigaciones, sencillamente
porque, ya a las pocas horas de haberse cometido el crimen, los autores
materiales habían sido plenamente identificados. Ello obedeció a varios
factores: a) el asesinato se cometió a plena luz del día en un lugar muy
transitado, b) la zona está ampliamente vigilada por cámaras de seguridad,
algunas de ellas propiedad de SEGOB federal, c) los asesinos echaron mano de
cuatro vehículos que fueron fácilmente identificados por las cámaras, d) el
asesino directo de Manuel usó un camuflaje fácil de distinguir y recordar, e)
para colmo de certezas, el vehículo del
asesino directo fue abandonado en la escena del crimen, y dentro de él se halló
el camuflaje respectivo. Hay testigos oculares que lo vieron abordar el
vehículo abandonado y que identifican plenamente tanto al carro como al
usuario, a este último por nombre y apellido.
El Comité Estatal antorchista de Puebla ha
tenido dos entrevistas con el Secretario de Seguridad Pública del estado y con
el titular de la fiscalía poblana en presencia del Secretario Diódoro Carrasco
y del Gobernador, Lic. Antonio Gali Fayad. En dichas reuniones (sobre todo en
la segunda) se pudieron confrontar los datos arrojados por la investigación de
la fiscalía con la información proporcionada a los antorchistas por diversos
testigos oculares. La coincidencia fue de casi el 100%, es decir, la
identificación de los asesinos quedaba fuera de toda duda razonable y las
autoridades presentes se comprometieron a arrestarlos en un plazo no mayor a
tres días a partir de la fecha de la reunión. La pregunta es, entonces, ¿por
qué no se ha cumplido el compromiso? ¿Quién está frenando, y por qué, la
aplicación de la ley? Debo añadir aquí, como dato relevante, que personas
aparentemente ebrias se han acercado, de noche y furtivamente, a los dirigentes
antorchistas de Huitzilan para susurrarles por lo bajo: “nomás quiero decirte
que te van a matar; que son tres de ustedes los que están en la mira”. Y
sueltan los nombres. Hay, pues, en marcha, una campaña de terror, de intimidación
que busca debilitar la voluntad de lucha de los antorchistas huitziltecos y su
decisión de exigir justicia para Manuel. ¿Qué pasará cuando sus promotores
comprueben que sus amenazas no surten el efecto deseado? ¿Cuántos asesinatos
más serán necesarios para desbloquear el ejercicio de la ley, en Huitzilan y en
todo el estado de Puebla?
Queda claro, pues, que el asesinato de Manuel
no es un número más para la estadística; que se trata de un hecho relevante en
el cual parece claro que las más altas autoridades del ramo se niegan a detener
y castigar a asesinos plenamente identificados. Quiérase o no, esto implica que
alguien con mucho poder está frenando el libre curso de la justicia, tal vez
por un contubernio inconfesable con los delincuentes, con lo cual desvirtúa
hasta el ridículo al Estado de Derecho, a las instituciones encargadas de
impartir justicia y al Estado mismo en su conjunto. Implica incrementar el
desprestigio y la creciente falta de confianza del gran público en la
democracia y en sus instituciones y abre el camino a todo tipo de peligros para
la paz pública. En efecto, muerta y pisoteada la ley, solo queda la fuerza
bruta para quien pueda y sepa usarla.
No olvidemos, además, que Manuel Hernández
Pasión fue asesinado en medio de un clima de linchamiento público, mediático
principalmente, de su persona, de su administración y de su militancia
antorchista, clima a cuya conformación contribuyeron muy destacadamente el cura
José Martín Hernández y el multimillonario cacique huitzilteco Alonso Aco, hoy
convertido en sacrificado defensor de los indígenas y futuro candidato al
Gobierno de Puebla por la alquimia política de MORENA. La santa alianza de
ambos pillos convirtió a Manuel en una “bestia apocalíptica” que amenazaba a su
pueblo y a sus sagradas creencias y merecía la muerte. La sucia campaña fue
eficazmente secundada y amplificada por la inmensa mayoría de los medios
poblanos, que le dieron todo el vuelo que pudieron, añadiéndole, además, todo
lo que su odio visceral o sus intereses venales les aconsejaron. Necesario es
decir, además, que semejante campaña de linchamiento no es nueva ni se
constriñe solo a Manuel; la sufre todo el antorchismo poblano y nacional desde
su nacimiento, y en ella confluyen los intereses electorales de los dinosaurios
de todos los partidos, incluido el PRI, el odio de los funcionarios ineptos y
corruptos que se niegan a resolver las legítimas demandas de los antorchistas y
responden atacando a sus líderes, las preferencias ideológicas o el interés
económico de medios y reporteros, que también se disfrazan de redentores
populares para poder lanzar impunemente sus ataques.
Esta mezcla explosiva y asaz destructiva no
es algo nuevo. Por el contrario, es algo conocido y varias veces vivido por la
sociedad, y no solo la mexicana (recordemos, por ejemplo, el sacrificio de
Madero y Pino Suárez) sino por otras más evolucionadas, como la Alemania de
Hitler. La desaparición de las fronteras entre criminales y cuerpos de
seguridad, entre delincuentes e impartidores de justicia, entre mafias torvas y
grupos de poder (que se puede rastrear, por ejemplo, en el teatro de Bertolt
Brecht), fue el preludio de la dictadura nazi fascista de Hitler. Una situación
así parece ser síntoma claro del agotamiento de un modelo económico, impuesto a
fortiori por el Gobierno; parece el fruto de una sociedad polarizada en favor
de una minoría privilegiada y a la que no le queda más recurso que el garrote y
el “rifle sanitario” para mantener a las mayorías sumisas, calladas y
trabajando para los poderosos. ¿Es eso lo que empieza a manifestarse entre
nosotros? ¿Nos encaminamos a la dictadura, es decir, al simple uso de la fuerza
bruta para gobernar al pueblo? Si es así, más vale saberlo a tiempo; si no,
entonces ¡hágase justicia completa y rápida en el caso de Manuel Hernández
Pasión! Señor gobernador Antonio Gali Fayad: usted tiene en sus manos la gran
oportunidad de devolver la confianza y la esperanza a los pobres de su estado,
que llaman a su puerta pacíficamente demandando elemental justicia. ¡Escúchelos
ahora que aún es tiempo! Mañana puede ya no ser necesario.
*Secretario
General del Movimiento Antorchista Nacional