* Autoridades federales
reconocieron el abandono de la Fiscalía de Veracruz, así como probables
indicios en el narcopredio.
Tribuna Libre.- Tras una inquietante espera de ocho meses y
13 días, familiares de desaparecidos retomaron una búsqueda de fosas
clandestinas en el rancho La Gallera. Desde el acceso principal, el grupo se
enfrentó con una barrera de maleza que alcanzaba el metro y medio de altura,
reflejo del abandono que sufrió el predio por parte de la Fiscalía de Veracruz.
Este lunes 13 de noviembre de 2017,
integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera A.C., y de la
Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas emprendieron lo que será
la tercera diligencia en este terreno, ubicado en la comunidad de Rancho Nuevo,
Tihuatlán, en el norte de la entidad.
El rancho La Gallera, fue explorado por
primera vez el 2 de febrero de 2017, y tuvo como resultado la exhumación de
seis cadáveres desmembrados: cinco hombres y una mujer. Sin embargo, por
motivos no explicados, la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó la
búsqueda.
Inconformes con la decisión de la autoridad
local, integrantes del colectivo María Herrera regresaron el 1 de marzo de 2017
y encontraron en diez horas 22 huecos con al menos 100 restos óseos, un horno
atestado con ceniza y marcas de sangre impregnadas en tres habitaciones de una
casa abandonada en el centro de la propiedad.
Maritza García Hernández, es una de las
madres que insistió al Fiscal General Jorge Winckler Ortiz y a Roberto Campa
Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
sobre la importancia de investigar en su totalidad el terreno que perteneció a
la delincuencia organizada desde el año de 2011.
“Desde que supimos de este rancho no tengo
tranquilidad. A mi hijo me lo arrebataron sin razón y desde entonces todos los
días son malos, porque no tengo respuestas”, refiere la joven madre mientras
toma su lugar en la planta baja de la casa, donde observa las diligencias a
cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Maritza, desde el 14 de junio de 2015 busca a
su hijo Jesús Alberto Rosales García, de 16 años de edad, quien, de acuerdo con
testigos, fue privado de su libertad en Poza Rica, por un comando armado de la
Fuerza Civil, corporación que el gobierno del Estado designó para resguardar el
terreno durante las actividades de rastreo.
Jesús Alberto fue visto por última vez en la
colonia Villa de las Flores, ubicada a unos 17 kilómetros de La Gallera. Por
ello Maritza recalca su necesidad de escudriñar cada centímetro del predio, así
como su temor de que los indicios hayan sido alterados por la fauna nociva o
por los responsables de los crímenes que ahí se cometieron.
"Fue mucho tiempo que no hicieron nada
-ochos meses- nosotros tuvimos que cuidar el rancho porque aunque las
autoridades se comprometieron a resguardarlo con evidencias les comprobamos que
nos mintieron", abunda Maritza.
A lo anterior, Celestino Espinoza Rivera,
abogado penalista, agrega que el abandono de La Gallera y los vicios en el
procesamiento de indicios y evidencias, tiene diferentes efectos negativos en
las víctimas indirectas.
“Se violentan de manera grave los principios
de dignidad, debida diligencia, participación conjunta y trato preferente de
los que habla la Ley General de Víctimas y que deben seguir todas las
autoridades; por otra parte, afectan el derecho a la verdad de las víctimas ya
que cuentan con la esperanza de conocer el destino de sus familiares, y la
espera en el procesamiento del lugar, en este caso de La Gallera, prolonga el
sufrimiento e incrementa el daño psicológico ya existente”, refirió el
especialista en entrevista.
Maritza, como el resto de sus compañeras,
suspendió sus actividades para asistir a las diligencias que terminarán hasta
el próximo 17 de noviembre. Ella, sacrificó tres días en su trabajo como
ayudante de soldadora. “Puedo no tener dinero pero mi hijo es primero”,
asegura, mientras desenfunda una fotografía de “Chucho”, como lo llama de
cariño.
Día 1:
PGR testigo del abandono de Fiscalía de Veracruz
A su llegada al predio, Maritza al igual que
los agentes de investigación de la PGR, encontraron en la parte baja de la casa
docenas de prendas de vestir de distintas tallas, que la Fiscalía de Veracruz
olvidó procesar desde su primera visita, del 02 de febrero de 2017.
A Maritza las vestimentas regadas sobre la
tierra, le hacen recordar las últimas señas de su hijo del día de la
desaparición, que ella recuerda de memoria, ”llevaba una camiseta verde,
pantalón azul de mezclilla, calcetines negros y zapatos negros tipo mocasín”,
comparte con un semblante desencajado.
La madre también presencia el sobrevolar de
drones, que, de acuerdo con el mando de la PGR, detectan cambios en la
geografía terrestre e indican probables fosas clandestinas. Mientras tanto a
ras de suelo, un grupo de jardineros poda el zacate para que el equipo del geo
radar realice su trabajo a lo largo de la jornada.
El mando de PGR, también reconoció la
existencia de tres huellas similares a las de una mano en tres habitaciones de
la casa, las cuales, explicó, serán sometidas a exámenes clínicos para
comprobar si se trata de rastros de sangre, lo que reforzaría la teoría de las
madres sobre el predio, tildado por ellas mismas como un campo dedicado a la
tortura y el exterminio de personas.
La parte medular de la jornada, fue el
trabajo de tres agentes caninos de la Fuerza Civil y PGR, los cuales
-confirmaron autoridades a este medio- marcaron al menos siete puntos en la
zona norte de la propiedad que serán escarbados a lo largo de la semana, en
busca de señales de víctimas, incluida la de Jesús Alberto Rosales García.
Maritza asegura que la posibilidad de
encontrar nuevos indicios en La Gallera le genera esperanza, pues terminaría la
incertidumbre de no tener noticias de ella y del resto de sus compañeras. “Yo
lógicamente vine porque quiero encontrar a mi hijo, pero si llegara a
encontrarse algo de mis compañeras también me daría mucha paz”, sostiene con
una ligera sonrisa.
De esa forma culminó el primer día de
búsqueda, que hasta hace ocho meses se veía imposible de concretar para el
grupo de madres de la zona norte. Esperarán pacientes los dictámenes de la PGR,
refiere Maritza, no obstante asegura que para ellas será una ganancia que
autoridades federales reconozcan el cementerio clandestino que “desde un
escritorio”, fue desacreditado por Jorge Winckler Ortíz, encargado de procurar
justicia en Veracruz.