*La
magistrada presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora, dijo que se requiere
impulsar acciones que doten de contenido los principios de centralidad de las
víctimas y debida diligencia
*La
ministra de la SCJN, Margarita Luna Ramos, indicó que este instrumento
contribuirá a la mejor tutela de los derechos político-electorales de las
mujeres y de la ciudadanía en el proceso electoral
*La
magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto, señaló que no habrá
presiones, amenazas, insultos, calumnias, o maniobras que detengan a las
mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, en la aplicación
de los mandatos paritarios y en la resolución jurisdiccional de los litigios
*El
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que la paridad en las
candidaturas es un mandato constitucional que las autoridades electorales están
obligadas y comprometidas a garantizar
*La
presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, señaló que la violencia política
frena el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y limita
la capacidad de elección de la ciudadanía
Ciudad de México. | 24 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- La magistrada presidenta de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine
Otálora Malassis, señaló que se requiere impulsar tres acciones que permitan
dotar de contenido los principios de centralidad de las víctimas y debida
diligencia, así como construir desde el ámbito electoral el concepto de víctima
que proyecte su autonomía y empoderamiento.
Al participar en la presentación de la
edición 2017 del “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra
las Mujeres en Razón de Género”, la magistrada Otálora Malassis mencionó que
dichas acciones son, en primer lugar, detectar los casos de violencia política,
a fin de distinguir cuándo se trata de un asunto de violencia basado en género
y cuándo no, partiendo del hecho de que lo fundamental es no dejar ningún caso
en la impunidad. “Debemos ser responsables y no caer en dinámicas que banalicen
el contenido y la gravedad de la violencia política por razones de género”.
En segundo lugar, continuó la magistrada
presidenta del TEPJF, cuando se detecte la existencia de violencia política por
razones de género, se debe estudiar la pertinencia de solicitar órdenes de
protección, aún y cuando la víctima no las haya requerido inicialmente, esto a
fin de materializar los principios de debida diligencia y centralidad de las
víctimas.
En tercer lugar, añadió, se debe calibrar el
poder transformador de las sentencias, esto es que los juzgadores se hagan
cargo de que, en cierta medida, sus sentencias no sólo resuelven el caso
concreto, sino que generan precedentes que tengan el poder de transformar las
condiciones que generan la violencia.
“Desde mi perspectiva, estas tres acciones
dotan de contenido los principios de centralidad de las víctimas y debida
diligencia. Además, permiten que, desde el ámbito electoral construyamos un
concepto de víctima que proyecte su autonomía y empoderamiento, desde una
perspectiva respetuosa de su dignidad y libre de estereotipos de cómo deben ser
tratadas y cómo deben comportarse las personas que ven violentados sus derechos
político-electorales”, sostuvo.
Otálora Malassis aseveró que no se debe
olvidar que la experiencia de las víctimas de violencia política de género va
más allá de lo que puede plasmar el lenguaje jurídico, “sin embargo, nuestras
sentencias pueden empoderarlas y repararles el daño, estableciendo, además,
garantías de no repetición para futuros casos”.
En este tenor, destacó que el próximo proceso
electoral pondrá a prueba la eficacia de la infraestructura electoral y de
todas las instituciones que deben garantizar la integridad de los comicios, y
uno de los principales temas para evaluar tal eficacia e integridad, será el de
la violencia política por razones de género.
“Además, en este proceso habremos de definir
cuestiones que aún siguen pendientes sobre el tema, habremos de dar respuestas
que urgen a quienes enfrentan violencia en razón de género. Las autoridades
jurisdiccionales nos abocaremos a nuestra labor, abiertas a la revisión y
crítica de quienes acudan a nosotras, de la academia y de la sociedad en
general”, subrayó la magistrada Otálora Malassis.
Durante su intervención, la ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, reconoció el
trabajo de las instituciones que colaboraron en la actualización del Protocolo,
ya que este instrumento contribuirá a la atención de los casos que lleguen a
presentarse con miras al inicio próximo de las campañas y de las precampañas y,
por supuesto, a la mejor tutela de los derechos político-electorales de las
mujeres y de la ciudadanía a lo largo de todo el proceso electoral.
En este sentido, manifestó que todas las
autoridades están a la altura de los retos que traen consigo los comicios de
2018, ya que “contamos con instituciones electorales administrativas y
jurisdiccionales de vanguardia que han abrevado de la experiencia de quienes
han contribuido a lo largo de tres décadas a la sola construcción de nuestro
sistema electoral, un INE serio, preparado y debidamente organizado; y un TEPJF
sólido, firme, confiable. Ambas instituciones con la vista puesta en el 2018”.
Luna Ramos comentó que la tarea es ardua, los
desafíos son muchos, pero los mexicanos pueden estar seguros que la salvaguarda
de “nuestra democracia está en buenas manos y que la transición de los poderes
en todos los niveles con la participación cívica y responsable de todos los
actores políticos habrá de darse en condiciones de paz, legalidad y certeza, y
dando un paso más hacia la consolidación de un México plural igualitario, un
México de oportunidades”.
La magistrada de la Sala Superior del TEPJF,
Mónica Aralí Soto Fregoso, al participar en el lanzamiento oficial del
“Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género” hizo un llamado a las mujeres precandidatas, candidatas y ya
electas, o que están por integrar cargos en los partidos políticos, a
apropiarse de este Protocolo, a denunciar situaciones de violencia política en
razón de género, a poner a trabajar a las instituciones competentes para
atenderla.
Luego de que la magistrada presidenta,
Otálora Malassis, reconociera y agradeciera su compromiso en todo el tema de la
igualdad de género y por la coordinación para llevar a cabo la actualización
del Protocolo, la magistrada Soto Fregoso advirtió que, “a más poder y más
espacio ganado por las mujeres habrá más resistencia al cambio. Hoy ya se
percibe un ambiente, un lenguaje y un uso de las redes sociales que difunden
mensajes de misoginia, convocatorias aciertas a la exclusión femenina,
linchamientos mediáticas y campañas de odio”.
En ese sentido, Soto Fregoso señaló que, “no
habrá presiones, amenazas, insultos, calumnias, o maniobras que detengan a las
mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, en la aplicación
de los mandatos paritarios y en la resolución jurisdiccional de los litigios”.
Para finalizar, Soto Fregoso, exhortó a
“articular acciones, difundir, impulsar y a apropiarse de este Protocolo, para
que cada vez sea más sencillo prevenir, identificar, investigar, atender y
sancionar los casos de violencia política contra las mujeres en razón en género
y con ello, garantizar una reparación integral a las víctimas y alcanzar su
erradicación”.
A la presentación del Protocolo asistieron
los magistrados de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña y José Luis
Vargas Valdez, así como senadoras y diputadas federales; magistradas y
magistrados electorales de las Salas Regionales del TEPJF, y tribunales
electorales locales, entre otras y otros representantes de instituciones del
Poder Ejecutivo y Judicial.
El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, indicó que hace una década
la paridad de género en las candidaturas era todavía un anhelo, un punto de
llegada para la lucha de diversas organizaciones de la sociedad civil y de
algunas instituciones y hoy la paridad en las candidaturas es un mandato
constitucional que las autoridades electorales están obligadas y comprometidas
a garantizar.
“La paridad en las candidaturas ha sido, sin
lugar a dudas, una herramienta no sólo para incorporar a más mujeres en cargos
de representación, sino que ha servido para visibilizar su interés y talento
para desarrollarse en la esfera pública”, dijo Córdova Vianello.
Durante su participación, el consejero
presidente sostuvo que, en concreto, la violencia política contra las mujeres
en razón de género, impacta en el ejercicio de los derechos
político-electorales al menos en cuatro formas: en primer lugar, impide a las
mujeres ejercer libremente el voto; en segundo lugar, limita su vida política
como simpatizantes o militantes de los partidos políticos; en tercer lugar,
restringe su actuar como dirigentes de los partidos políticos, como
funcionarias electorales, precandidatas o candidatas a cargo de elección
popular y, finalmente, limita la autoridad de las mujeres en el desempeño del
cargo público.
En su oportunidad, la presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, señaló que
la violencia política frena el ejercicio de los derechos político-electorales
de las mujeres y limita la capacidad de elección de la ciudadanía y se
constituye como un grave obstáculo discriminatorio y excluyente donde los
prejuicios y estereotipos de género que se manifiestan, desafortunadamente
persisten en el espacio público.
“Ninguna persona debe violentar nuestros
derechos, ni la participación política ni a la igualdad, ni al trabajo, la
educación o la salud. Es momento de poner un alto a esta problemática y sumar
esfuerzos para que, herramientas como el Protocolo que hoy se presenta,
impulsen la urgente necesidad de unión estratégica entre instituciones para
enfrentar la violencia política”, puntualizó.
Cruz Sánchez reiteró que urge el compromiso
de todas las partes para poder avanzar en este gran pendiente y así poder
garantizar el ejercicio de todos nuestros derechos, poniéndole un alto a
cualquier acción que trate de menoscabarlos.
El Protocolo para la atención de la violencia
política contra las mujeres en razón de género se puede consultar y descargar
en el portal institucional del TEPJF, en la liga: