*
Con el proceso electoral 2018 en marcha, los
senadores se tomarán otro puente largo en noviembre sin sacar, de nuevo, el
nombramiento del titular de la Fepade, del Fiscal General de la República, y
del Fiscal Anticorrupción. Sin voluntad política, dicen los expertos, los
legisladores violan el mandato Constitucional al no cumplir con su deber ni con
una “mínima responsabilidad por su país”.
*Los
miembros del Senado de la República se van este viernes 17 y regresan hasta el
21 de noviembre. Cinco días que se suman a los seis que ya se tomaron por el
Día de Muertos, a los 47 que se toman entre diciembre-febrero y a los cuatro
meses que hay entre los dos periodos ordinarios de sesiones al año.
Ciudad de México. | 16 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- Los senadores violan
la Constitución Mexicana al postergar los nombramientos de varias fiscalías
necesarias para la democracia y la seguridad en el país; pero, en lugar de ser
sancionados, se premian con dos puentes en noviembre.
Este viernes los Senadores de la República se
van de puente por el 20 de noviembre cinco días, después de disfrutar de seis
días libres por el Día de Muertos apenas hace semana y media.
Pero se van dejando 65 pendientes sin sacar;
los más importantes, de acuerdo con los expertos, son los nombramientos del
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales (Fepade), el Fiscal General de la República, el Fiscal
Anticorrupción, así como los magistrados electorales, agrarios y
anticorrupción.
“Ya deberían de haber sacado el tema del
Fiscal electoral en cuanto quedó acéfala la Fiscalía, en cuanto se confirmó la
destitución del de Santiago Nieto [Castillo] tenían que haber iniciado por
mínima responsabilidad por su país, en cumplimiento de la legislación. Pero no
veo voluntad de cumplir con su deber; es posible que estemos ante una nueva
violación constitucional a cargo del Senado que implicaría que el nombramiento
se fuera hasta el próximo año”, dijo Roberto Duque Roquero, investigador
Constitucionalista, experto en materia electoral de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
En el caso de la falta de Fiscal electoral,
con los comicios de 2018 ya en marcha, Duque Roquero consideró que el hecho de
que el Senado de la República postergue su nombramiento afecta seriamente a la
democracia, porque la Fepade está encargada de perseguir la conductas más
lesivas para el proceso democrático.
“Los delitos electorales que se pueden
presentar en todo el proceso electoral que ya está en marcha; entonces, el
nombramiento del titular es muy importante, porque es clave para que tenga una
autonomía técnica, ya que está adscrita al poder Ejecutivo y la forma en la que
puede ser autónoma es que el nombramiento de su titular sea por el poder
Legislativo”, explicó.
El académico agregó que los senadores se van
de vacaciones y violan el mandato constitucional, porque pueden hacerlo, debido
a que no existen procedimientos efectivos para sancionar a los legisladores al
ser juez y parte en los procesos de juicio político, por ejemplo.
“Por eso nos encontramos que no hay sanciones
de ninguna especie por estas omisiones tan graves en las que incurren con una
frecuencia preocupante”, anotó.
En cuanto a la Fiscalía General,
#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva –el colectivo que agrupa a casi 300 organizaciones
civiles y académicas– ha dicho que diseñar una nueva Fiscalía General, eficaz,
autónoma e independiente debe ser una prioridad para el Congreso de la Unión.
“Del diseño integral de la fiscalía dependen
la eficacia de los ministerios públicos y buena parte también de la procuración
de justicia en el país, pero también piezas tan importantes como la Fiscalía
Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, y una cada vez más necesaria Fiscalía Especializada en Derechos
Humanos”, consideró el colectivo en un comunicado.
Sin embargo, aunque los senadores tienen en
sus manos propuestas ciudadanas para abrir la discusión a la población la nueva
Fiscalía General; los legisladores han preferido tomarse noviembre de puente en
puente.
SIN
FISCALES, SENADORES ABONAN AL PRI Y A EPN
Edgar Cortez Moralez, del Instituto Mexicano
de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y quien forma parte del colectivo
#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, dijo que hasta el momento los senadores han ido
postergando una reunión entre la sociedad civil y los senadores para discutir
la propuesta ciudadana de reformar primero el Artículo 102 Constitucional para
poder contar con una Fiscalía General autónoma.
“En algún momento ofrecieron una reunión
entre las comisiones involucradas para discutir un plan de trabajo, pero lo
fueron postergando y no se han dado tiempo. El riesgo que se corre de hacer
nombramientos sin reforma es que sea poco eficaz”, explicó.
Cortez Moralez agregó que el escenario ideal
es sacar la reforma al 102 Constitucional antes del 15 de diciembre, entre
febrero-abril discutir y aprobar la ley orgánica, y después nombrar al Fiscal
General.
“Ahora en caso de que no se pudiera para el
15 de diciembre, que se vayan a un periodo extraordinario. Ellos están
obligados a hacer su trabajo legislativo”, precisó.
En el Senado de la República están
conscientes de la importancia que tienen los nombramientos pendientes.
Hace unos días Luis Humberto Fernández
Fuentes, Senador del Partido del Trabajo (PT) y Secretario de la Comisión de
Justicia del Senado de la República, dijo a SinEmbargo que llegar a los
comicios de 2018 sin los fiscales que hacen falta “comprometería seriamente el
resultado de la elección presidencial”.
“El
Presidente [Enrique Peña Nieto] ha decidido no tener Fiscal General,
Anticorrupción, Fiscal de elecciones, no tener magistrados anticorrupción,
porque están obsesionados en que únicamente sus amigos, sus incondicionales,
que les han jurado lealtad tienen derecho a esos puestos”, consideró el
Senador.
Jorge Luis Preciado, Senador del Partido
Acción Nacional (PAN), advirtió que el riesgo que se corre si los senadores no
nombran a los fiscales, es “permitir que el PRI llegue a la elección de 2018
con instituciones a modo”.
Pero los senadores se irán de puente cuando
les restan apenas nueve sesiones para concluir el periodo ordinario.
En esas sesiones deberán, además de sacar los
nombramientos de los fiscales, aprobar las reformas a las leyes de la Ley de
Seguridad Interior, la que regula la salida de las calles de las Fuerzas
Armadas.
Si no lo logran, estos nombramientos y
reformas se postergarían hasta el 1 de febrero de 2018, luego de 47 días de las
vacaciones de diciembre-enero.
VACACIONES
Y PRESTACIONES DE LOS SENADORES
Los Senadores y Diputados tienen dos periodos
ordinarios de trabajo. Del 1 de febrero al 30 de abril y del 1 de septiembre al
15 de diciembre. En medio de ambos periodos hay cuatro meses en verano, en los
que puede haber periodos extraordinarios, pero a los que no todos los
legisladores asisten.
Además, el 15 de diciembre los legisladores
se toman 47 días de vacaciones por Navidad y Año Nuevo, sin contar las
vacaciones de Semana Santa y los puentes largos que se toman como ocurrió este
noviembre.
En el caso de los Senadores de la República,
no sólo gozan de vacaciones y días de asueto que cualquier asalariado de la
Iniciativa Privada ni siquiera se atrevería a soñar. También tienen bonos,
prestaciones y salarios superiores a los del cualquier trabajador.
De acuerdo con el Manual de Percepciones de
Senadores y Servidores Públicos de Mando, un Senador de la República tiene una
dieta neta mensual de 117 mil 400 pesos, un seguro de vida institucional de 40
meses de dieta bruta, un seguro de gastos médicos mayores equivalente a mil 500
unidades de medida actualizadas a las mensualidades vigentes, un seguro de
separación individualizado que se constituye por las aportaciones voluntarias
del 10 por ciento de la dieta de los senadores, más otro monto igual otorgado
por el Senado, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Además los senadores tienen una gratificación
de fin de año de 40 días de dieta, apoyos para traslado, asistencia legislativa
y atención ciudadana.
Este miércoles, el diario Reforma publicó que
los senadores cobrarán un bono de 2.4 millones de pesos –30 mil salarios
mínimos– cada uno al concluir su gestión.
El rotativo indica que hay una bolsa de 316
millones de pesos constituido por las aportaciones de las senadoras y
senadores, y por el órgano legislativo.
(SinEmbargo)