*Junto
con ellos, otros once civiles fueron imputados por delincuencia organizada y
trasladados a Gómez Palacio, Durango.
Tribuna Libre.- A casi dos años de la desaparición forzada de
cinco jóvenes en Tierra Blanca, 11 civiles vinculados al Cartel de Jalisco
Nueva Generación y ocho expolicías estatales fueron imputados por el delito de
delincuencia organizada y enviados al penal de máxima seguridad de Gómez
Palacio, Durango.
Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los
jóvenes originarios de Playa Vicente, confirmó que las 19 personas, incluido el
exdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública Marcos Conde Hernández, fueron
consignadas por delincuencia organizada bajo la causa penal 09/2017.
“Fue un año y medio exigiendo y apenas lo
logramos. Ha sido todo bien difícil, pero no aflojaremos pues el proceso sigue.
Sabemos que las autoridades apuestan al olvido y a que se te vaya haciendo más
lenta la situación. Si no presionas todo el tiempo no se logra nada”, refirió
el padre.
Aunado a esta nueva imputación, los 19
involucrados en el caso Tierra Blanca continuarán su proceso en el fuero común
por desaparición forzada y homicidio doloso en agravio de Bernardo Benítez
Arroniz, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo
González Díaz y Susana Tapia Garibo.
Cabe recordar que cuatro expolicías imputados
obtuvieron un amparo para continuar su proceso en libertad luego de que
magistrados del Poder Judicial de la Federación concluyeran que su detención
fue realizada de manera ilegal. “Pero se les apestó”, acotó Benítez Herrera.
Antes de que el amparo surgiera efecto en
favor de los ex elementos de la SSP, a los 19 involucrados les fueron giradas
órdenes de aprehensión por delincuencia organizada que fueron ejecutadas el 02
de diciembre en el penal de Cosamaloapan, donde permanecían recluidos.
Benítez Herrera, refirió que, en noviembre
pasado, las cinco familias afectadas se reunieron en la Ciudad de México con
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, para externar su preocupación de que los 19 detenidos
permanecieran en el penal de Cosamaloapan, al asegurar que ahí “están como en
su casa”.
PGR
reculó e imputó a 19 por desaparición forzada
El 16 de diciembre de 2016, la Delegación
Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró
incompetente para fincar responsabilidades a los 19 detenidos por actos de
delincuencia organizada.
Mediante un acuerdo firmado por el Ministerio
Público de la Federación, dentro de la Averiguación Previa AP/PGR/VER/II/46/2016,
la PGR argumentó que del contenido proporcionado por la Fiscalía General del
Estado (FGE) únicamente se desprendía la comisión de delitos del orden local
(fuero común).
El 28 de diciembre del año 2016 las familias
promovieron el juicio de amparo 1301/2016 del Juzgado Quinto de Distrito en
contra del acuerdo antes señalado, amparo que fue concedido en favor de las
víctimas mediante el recurso de Revisión interpuesto ante el Segundo Tribunal
Colegiado de circuito.
Celestino Espinoza Rivera, abogado de las
cinco familias, consideró que en la primera instancia no fueron considerados
los hallazgos en el rancho El Limón, donde los cinco jóvenes fueron torturados
y asesinados.
Entre los indicios recabados por la Policía
Científica, de la Policía Federal hubo 3 mil fragmentos humanos, así como
vehículos automotores de carga, válvulas abrazaderas, tanques con restos de
diésel y demás implementos empleados en el robo de hidrocarburos.
“Ahora
vamos por Arturo Bermúdez”
Bernardo Benítez, dijo que además de continuar
atentos a los procesos que enfrentan 19 personas, también presionarán al
gobierno de Veracruz para que Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad
Pública en el gobierno de Javier Duarte, sea consignado por desaparición
forzada.
“Queremos que Arturo Bermúdez sea juzgado por
omisión o porque era parte del mismo grupo que nos quitaron a nuestros hijos.
Tenemos una denuncia por desaparición forzada, esperamos que haya voluntad de
las autoridades de Veracruz”, concluyó.