*El
caso más reciente es el amparo obtenido por el ex gobernador interino Flavino
Ríos, que reveló varias irregularidades.
Xalapa, Ver. | 15 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- Una serie de inconsistencias, errores y la
falta de aportación de pruebas ante los jueces de control, ha llevado a que los
acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) obtengan amparos o salgan
libres, aun cuando fueron detenidos por delitos como robo o abuso de autoridad,
esto ante la indebida integración de las carpetas de investigación.
Jueces federales han concedido amparos a
varios acusados por la FGE al encontrar inconsistencias en la integración de
las carpetas de investigación, o porque el Nuevo Sistema de Justicia Penal, les
permite cursar su proceso en libertad, en tanto que la autoridad jurisdiccional
determina su situación.
Leonel
Bustos acusado de desviar 2 mil millones de pesos está prófugo de la justicia
Fue el 25 de octubre cuando se dio a conocer
que el ex director del Régimen Estatal de Seguridad Social (Seguro Popular)
Leonel Bustos Solís es considerado prófugo de la justicia, luego de que un Juez
Federal le negó un segundo amparo.
En enero del presente año, Bustos Solís fue
detenido por la FGE y permaneció en el penal de Pacho Viejo durante 10 días
como parte de las medidas cautelares ordenadas por un juez para enfrentar el
proceso penal 36/2017 y 243/2016 junto con el ex secretario de Finanzas y
Planeación, Mauricio Audirac Murillo por los cargos de abuso de autoridad,
incumplimiento de un deber legal, peculado y tráfico de influencias.
Días después salió libre luego de obtener un
amparo provisional en contra de la prisión preventiva de un año que le fue
dictada.
A los dos ex funcionarios se les acusa de
haber solicitado y ordenado la transferencia de dos mil 300 millones de pesos
enviados por el gobierno federal para el Seguro Popular, y por el presunto
delito de coalición los transfirieron a una cuenta del gobierno del estado,
cuando Javier Duarte de Ochoa era el gobernador.
Actualmente, Audirac Murillo está preso en el
penal de Pacho Viejo, pero Bustos Solís se le considera prófugo de la justicia
desde hace siete meses.
El
líder de los 400 pueblos amparado y en el hospital
En el caso del líder de los 400 Pueblos,
César del Ángel también logró un amparo en los primeros días de septiembre, en
el que el juez decimoséptimo de Distrito del Estado de Veracruz, Jesús Arturo
Cuéllar Díaz, resolvió la modificación de la medida cautelar emitida por la
jueza Verónica Portilla Suazo, para que pudiera continuar el proceso en su
domicilio.
César del Ángel fue detenido el 27 de enero,
al ser acusado por la FGE de haber cometido los presuntos delitos de incitación
a un delito o apología de este, estragos y motín, por lo que la jueza le dictó
como medida cautelar la prisión preventiva por termino de un año y permaneció
en el penal de Pacho Viejo hasta marzo del presente año, mientras que sus
abogados solicitaron un amparo ante un juez federal para que se le otorgara la
prisión domiciliaria porque presentaba afecciones cardiacas.
En el amparo otorgado por el juez federal
solicita a la jueza que emita una nueva resolución de medida cautelar porque en
el delito de estragos se resuelve que adolece de motivación, porque no se fundó
con claridad, es decir no hay una explicación especifica de que represente un
peligro común para los bienes o las personas.
Sobre el delito de motín, del cual fue
acusado, el juez federal resolvió que son ambiguos los datos de prueba
presentados por la FGE, y en la acusación de incitar a cometer un delito, no se
demostró que Cesar del Ángel haya tenido una participación activa o haya sido
el autor material e intelectual.
En la actualidad, César del Ángel permanece
en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” desde marzo del
presente año a causa de un mal en los riñones, insuficiencia cardiaca, no
tolera la deambulación y requiere oxigeno suplementario por catéter nasal.
Asaltantes
Peruanos son detenidos y liberados más tarde
El domingo 02 de abril se registró una
balacera entre las Fuerzas Armadas y presuntos delincuentes que habían robado
en una casa en la colonia Valle Rubí Ánimas, lo que derivó en la detención de
cuatro hombres con nacionalidad peruana, que fueron llevados al penal de Pacho
Viejo.
El 10 de abril, en la audiencia, la jueza de
Control, Verónica Portilla Suazo concedió la libertad a los cuatro presuntos
delincuentes, al especificar que la FGE hizo una indebida creación de la
carpeta de investigación.
Aun cuando uno de los cuatro detenidos
contaba con antecedentes penales y uno más había estado en prisión por 12 años
en Perú tras comprobarle el delito de robo, la autoridad jurisdiccional de
Pacho Viejo los dejó en libertad.
Durante la audiencia, la Jueza informó que en
la carpeta de investigación, la FGE no hizo la descripción correcta de los
objetos presuntamente extraídos de la vivienda y no justificó la procedencia de
los mismos al carecer de los peritajes de avalúos.
Los Fiscales incumplieron con entregar las
entrevistas de los policías que los detuvieron, tampoco llamaron a declarar a
las víctimas del robo, no se llevó a cabo la secuencia de la cadena de custodia
y las videograbaciones de cámaras de seguridad donde aparece la persecución, no
fueron descargadas de manera correcta.
Ese 10 de abril, la jueza se apegó al
artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el cual se
determina que al no contar con los suficientes elementos probatorios que
demuestren la culpabilidad, no se puede dar la vinculación a proceso, y
conceder el auto de libertad.
Flavino
Ríos obtiene amparo y revela inconsistencias en investigación
El ex gobernador interino de Veracruz,
Flavino Ríos Alvarado obtuvo un amparo de un juez federal, contra la
vinculación a proceso de los presuntos delitos de abuso de poder, tráfico de
influencias y encubrimiento, de los cuales fue acusado por la FGE, porque
supuestamente apoyó al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa para fugarse de las
autoridades.
El 11 de marzo del presente año, la Fiscalía
General del Estado (FGE) detuvo a Flavino Ríos cuando salía de su domicilio, al
acusarlo de haber prestado un helicóptero al ex Mandatario estatal, Javier
Duarte para que saliera del estado de Veracruz en el mes de octubre del 2016.
La jueza Alma Leyda Sosa determinó vincular a
proceso y prisión preventiva durante seis meses en el penal de Pacho Viejo,
mientras se reunían las pruebas suficientes.
Para el 19 de marzo, Flavino Ríos presentó
hipertensión arterial con un antecedente de infarto de tres años antes, por lo
que fue trasladado del penal a un hospital particular para que los médicos lo
atendieran.
En los últimos días de abril, un Juez de
Control ordenó a Flavino Ríos que pagará una fianza de cinco millones de pesos,
entregará su pasaporte en garantía y así podría continuar el proceso penal en
libertad.
El martes 11 de diciembre, el ex gobernador
interino obtuvo un amparo federal, con el cual ya no será vinculado a proceso,
debido a que no violentó ninguna ley al permitir que Javier Duarte utilizara un
helicóptero, porque para ese entonces se desconocía que había una orden de
aprehensión en su contra.
En la resolución de este 11 de diciembre, el
juez emitió una docena de observaciones a la juez y señaló que fue omisa y
contradictoria en su sentencia, por lo que se vulneraron los derechos
fundamentales del acusado.
De acuerdo al expediente 20754676, la
sentencia consideró que la juez responsable vulneró el principio de
contradicción, al no atender la totalidad de los argumentos de la defensa del
quejoso tendentes a evidenciar que el imputado no participó en los hechos que
se le atribuyen.
Empleados
de la SSP salen en libertad
El 23 de noviembre pasado, la Jueza Verónica
Portilla Suazo ordenó la liberación de seis empleados de la secretaría de
Seguridad Pública (SSP) que habían sido detenidos por elementos de la FGE el
día viernes 17 del mismo mes, cuando se encontraban en sus áreas de trabajo de
la torre central ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, colonia Centro.
Los empleados fueron acusados por la FGE de
haber cometido el presunto delito de incumplimiento de un deber legal.
Según la Fiscalía, los empleados debieron
denunciar ante la autoridad que Roberto Esquivel Hernández -socio y amigo del
ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, preso en el penal
de Pacho Viejo por los delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un
deber legal y enriquecimiento ilícito - era el proveedor de servicios y
alimentos y a quien se le había entregado un contrato de dos millones de pesos.
La fiscalía acusó a los empleados de haber
estado presentes en la Segunda Reunión Extraordinaria del Comité de
Adquisición, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la
secretaría de Seguridad Públicas, celebrada en el año 2014.
En la primera audiencia celebrada el mismo
viernes de la detención de los siete empleados, la FGE sólo presentó como
pruebas las hojas número 1, 11, 12, 19 y 20 de los acuerdos tomados en esta
Segunda Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisición, Arrendamientos,
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la secretaría de Seguridad
Pública, cuando debería mostrar las 20 páginas.
A los seis días de haber sido detenidos, la
jueza Verónica Portilla Suazo, determinó dictar un auto de no vinculación y
ordenó la liberación de todos ellos de manera inmediata, debido a que la FGE no
pudo acreditar que los ex servidores públicos eran los responsables de
autorizar contratos a proveedores y beneficiar así al socio del ex titular de
la SSP, Arturo Bermúdez Zurita.
La jueza señaló que los empleados no tenían
facultades de ordenar contratos de servicios y proveedores, tampoco violentaron
la Ley de Adquisiciones del Estado y no violaron el artículo 46 de la Ley de
Responsabilidades, de los Servidores Públicos de la entidad.
Arturo
Bermúdez y el reporte en inglés de sus casas en Texas
El 14 de noviembre se dio a conocer que los
magistrados de la sala 3 del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE)
avalaron la determinación de la jueza de control, Verónica Portilla Suazo al
desechar como medio de prueba el reporte en lengua inglesa de cinco bienes
inmuebles que adquirió el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez
Zurita en The Woodlands, Texas, por el presunto delito de Enriquecimiento
Ilícito, del cual lo acusa la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el TSJE se realizó una audiencia de
apelación en contra de una autodeterminación de la Jueza de Control en la cual
se habían desechado seis pruebas documentales de la defensa de Arturo Bermúdez
y se habían desechado la prueba número 22 de la FGE, que es el reporte en
ingles de las propiedades que ascienden a 2.4 millones de dólares y que están a
nombre del ex secretario y su esposa, Sofía Lizbeth Mendoza.
Rodolfo De la Guardia García, abogado
defensor del ex funcionario señaló que la FGE ofertó el reporte en ingles ante
la Jueza de Control de “manera irregular” porque conforme al Código de
Procedimientos Penales, no debían aceptarlo como medio de prueba.
"Los tres magistrados llegaron a la
conclusión de que la jueza tenía razón, de que ese documento en ingles obtenido
a través del Tratado de Asistencia Jurídica entre México y Estados Unidos no
respondía a las reglas del Código de Procedimientos Penales esto significa que
ese documento no podrá ser nunca prueba en contra de Arturo Bermúdez Zurita por
la incorrecta oferta de ese medio de prueba como documento en ingles” señaló el
abogado.
De la Guardia García agregó que aun cuando la
FGE acusa a Bermúdez Zurita del presunto delito de enriquecimiento ilícito, no
lo puede probar con la adquisición de estos cinco bienes inmuebles, porque aún
no son parte de sus propiedades, sino que se trata de un crédito adquirido y no
ha terminado de pagar.
“Esto es muy relevante, porque la teoría del
caso de la acusación como ya no es un secreto, establece que hay
enriquecimiento ilícito, pero no puede haber un enriquecimiento ilícito cuando
el bien, aun ni siquiera entra al patrimonio, está sujeto a un crédito. Un
ejemplo sencillo, cuando uno compra una casa, un bien inmueble, tú no eres
dueño de la casa, no está en tu patrimonio, la estás pagando, si algo pasa a la
casa, el propietario es el banco y eso es lo que está pasando. No hay tal
enriquecimiento, por eso la importancia de las pruebas del uno al seis que
fueron admitidas” expuso.
Finalmente, dijo que la parte defensora del
ex funcionario solicitó un amparo al Tribunal Colegiado del Poder Judicial de
la Federación, que esperan resuelvan en los siguientes días, pero aún no se lo
han otorgado
Gabriel
Deantes acusado de enriquecimiento ilícito en libertad
El 22 de noviembre del 2016, el ex secretario
del Trabajo, Previsión Social y Productividad, ex subsecretario de Finanzas, y
ex oficial mayor de la secretaría de Educación de Veracruz, Gabriel Deantes
Ramos obtuvo un amparo de un juez federal para que se suspendiera de manera
provisional cualquier orden de aprehensión, comparecencia, presentación y
localización girada en su contra, de la causa penal 220/2016.
En octubre del 2016, la FGE acusó a Deantes
Ramos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de más de 50 millones
de pesos, por lo que el juez de control, Marco Antonio Domínguez Lobato
determinó como medidas cautelares el embargo de cuatro propiedades, la garantía
económica de un millón de pesos, la presentación ante la autoridad cada 15 días
y le fue prohibido salir del país.
Actualmente el ex oficial mayor de la SEV,
acude a firmar a la sala de juicios orales 3 de Pacho Viejo como parte de las
medidas cautelares impuestas por el juez, cada 15 días.
Su última firma del año 2017 fue el pasado 08
de diciembre, porque los juzgados se van de vacaciones y lo citaron hasta el 12
de enero, mientras se define su situación legal.
Deantes Ramos informó que el Nuevo Sistema de
Justicia Penal permite a los inculpados llevar el proceso legal en libertad y
en su caso dentro de ese modelo determinado medidas cautelares que es acudir a
firmar cada 15 días.
“Son medidas preventivas para que tú acudas
libre a los juzgados. Yo estaría dispuesto a venir a firmar en diciembre otra
vez, pero el Juez de Control se va de vacaciones y se corre hasta el día 12 de
enero” indicó.
