Fiscalía de Veracruz bajo lupa, acusados obtienen amparos o salen libres

*El caso más reciente es el amparo obtenido por el ex gobernador interino Flavino Ríos, que reveló varias irregularidades.

Xalapa, Ver. | 15 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- Una serie de inconsistencias, errores y la falta de aportación de pruebas ante los jueces de control, ha llevado a que los acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) obtengan amparos o salgan libres, aun cuando fueron detenidos por delitos como robo o abuso de autoridad, esto ante la indebida integración de las carpetas de investigación.

Jueces federales han concedido amparos a varios acusados por la FGE al encontrar inconsistencias en la integración de las carpetas de investigación, o porque el Nuevo Sistema de Justicia Penal, les permite cursar su proceso en libertad, en tanto que la autoridad jurisdiccional determina su situación.

Leonel Bustos acusado de desviar 2 mil millones de pesos está prófugo de la justicia

Fue el 25 de octubre cuando se dio a conocer que el ex director del Régimen Estatal de Seguridad Social (Seguro Popular) Leonel Bustos Solís es considerado prófugo de la justicia, luego de que un Juez Federal le negó un segundo amparo.

En enero del presente año, Bustos Solís fue detenido por la FGE y permaneció en el penal de Pacho Viejo durante 10 días como parte de las medidas cautelares ordenadas por un juez para enfrentar el proceso penal 36/2017 y 243/2016 junto con el ex secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo por los cargos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y tráfico de influencias.

Días después salió libre luego de obtener un amparo provisional en contra de la prisión preventiva de un año que le fue dictada.

A los dos ex funcionarios se les acusa de haber solicitado y ordenado la transferencia de dos mil 300 millones de pesos enviados por el gobierno federal para el Seguro Popular, y por el presunto delito de coalición los transfirieron a una cuenta del gobierno del estado, cuando Javier Duarte de Ochoa era el gobernador.

Actualmente, Audirac Murillo está preso en el penal de Pacho Viejo, pero Bustos Solís se le considera prófugo de la justicia desde hace siete meses.

El líder de los 400 pueblos amparado y en el hospital

En el caso del líder de los 400 Pueblos, César del Ángel también logró un amparo en los primeros días de septiembre, en el que el juez decimoséptimo de Distrito del Estado de Veracruz, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, resolvió la modificación de la medida cautelar emitida por la jueza Verónica Portilla Suazo, para que pudiera continuar el proceso en su domicilio.

César del Ángel fue detenido el 27 de enero, al ser acusado por la FGE de haber cometido los presuntos delitos de incitación a un delito o apología de este, estragos y motín, por lo que la jueza le dictó como medida cautelar la prisión preventiva por termino de un año y permaneció en el penal de Pacho Viejo hasta marzo del presente año, mientras que sus abogados solicitaron un amparo ante un juez federal para que se le otorgara la prisión domiciliaria porque presentaba afecciones cardiacas.

En el amparo otorgado por el juez federal solicita a la jueza que emita una nueva resolución de medida cautelar porque en el delito de estragos se resuelve que adolece de motivación, porque no se fundó con claridad, es decir no hay una explicación especifica de que represente un peligro común para los bienes o las personas.

Sobre el delito de motín, del cual fue acusado, el juez federal resolvió que son ambiguos los datos de prueba presentados por la FGE, y en la acusación de incitar a cometer un delito, no se demostró que Cesar del Ángel haya tenido una participación activa o haya sido el autor material e intelectual.

En la actualidad, César del Ángel permanece en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” desde marzo del presente año a causa de un mal en los riñones, insuficiencia cardiaca, no tolera la deambulación y requiere oxigeno suplementario por catéter nasal.

Asaltantes Peruanos son detenidos y liberados más tarde

El domingo 02 de abril se registró una balacera entre las Fuerzas Armadas y presuntos delincuentes que habían robado en una casa en la colonia Valle Rubí Ánimas, lo que derivó en la detención de cuatro hombres con nacionalidad peruana, que fueron llevados al penal de Pacho Viejo.

El 10 de abril, en la audiencia, la jueza de Control, Verónica Portilla Suazo concedió la libertad a los cuatro presuntos delincuentes, al especificar que la FGE hizo una indebida creación de la carpeta de investigación.

Aun cuando uno de los cuatro detenidos contaba con antecedentes penales y uno más había estado en prisión por 12 años en Perú tras comprobarle el delito de robo, la autoridad jurisdiccional de Pacho Viejo los dejó en libertad.

Durante la audiencia, la Jueza informó que en la carpeta de investigación, la FGE no hizo la descripción correcta de los objetos presuntamente extraídos de la vivienda y no justificó la procedencia de los mismos al carecer de los peritajes de avalúos.

Los Fiscales incumplieron con entregar las entrevistas de los policías que los detuvieron, tampoco llamaron a declarar a las víctimas del robo, no se llevó a cabo la secuencia de la cadena de custodia y las videograbaciones de cámaras de seguridad donde aparece la persecución, no fueron descargadas de manera correcta.

Ese 10 de abril, la jueza se apegó al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el cual se determina que al no contar con los suficientes elementos probatorios que demuestren la culpabilidad, no se puede dar la vinculación a proceso, y conceder el auto de libertad.

Flavino Ríos obtiene amparo y revela inconsistencias en investigación

El ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado obtuvo un amparo de un juez federal, contra la vinculación a proceso de los presuntos delitos de abuso de poder, tráfico de influencias y encubrimiento, de los cuales fue acusado por la FGE, porque supuestamente apoyó al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa para fugarse de las autoridades.

El 11 de marzo del presente año, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Flavino Ríos cuando salía de su domicilio, al acusarlo de haber prestado un helicóptero al ex Mandatario estatal, Javier Duarte para que saliera del estado de Veracruz en el mes de octubre del 2016.

La jueza Alma Leyda Sosa determinó vincular a proceso y prisión preventiva durante seis meses en el penal de Pacho Viejo, mientras se reunían las pruebas suficientes.

Para el 19 de marzo, Flavino Ríos presentó hipertensión arterial con un antecedente de infarto de tres años antes, por lo que fue trasladado del penal a un hospital particular para que los médicos lo atendieran.

En los últimos días de abril, un Juez de Control ordenó a Flavino Ríos que pagará una fianza de cinco millones de pesos, entregará su pasaporte en garantía y así podría continuar el proceso penal en libertad.

El martes 11 de diciembre, el ex gobernador interino obtuvo un amparo federal, con el cual ya no será vinculado a proceso, debido a que no violentó ninguna ley al permitir que Javier Duarte utilizara un helicóptero, porque para ese entonces se desconocía que había una orden de aprehensión en su contra.

En la resolución de este 11 de diciembre, el juez emitió una docena de observaciones a la juez y señaló que fue omisa y contradictoria en su sentencia, por lo que se vulneraron los derechos fundamentales del acusado.

De acuerdo al expediente 20754676, la sentencia consideró que la juez responsable vulneró el principio de contradicción, al no atender la totalidad de los argumentos de la defensa del quejoso tendentes a evidenciar que el imputado no participó en los hechos que se le atribuyen.

Empleados de la SSP salen en libertad

El 23 de noviembre pasado, la Jueza Verónica Portilla Suazo ordenó la liberación de seis empleados de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) que habían sido detenidos por elementos de la FGE el día viernes 17 del mismo mes, cuando se encontraban en sus áreas de trabajo de la torre central ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, colonia Centro.

Los empleados fueron acusados por la FGE de haber cometido el presunto delito de incumplimiento de un deber legal.

Según la Fiscalía, los empleados debieron denunciar ante la autoridad que Roberto Esquivel Hernández -socio y amigo del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, preso en el penal de Pacho Viejo por los delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y enriquecimiento ilícito - era el proveedor de servicios y alimentos y a quien se le había entregado un contrato de dos millones de pesos.

La fiscalía acusó a los empleados de haber estado presentes en la Segunda Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisición, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la secretaría de Seguridad Públicas, celebrada en el año 2014.

En la primera audiencia celebrada el mismo viernes de la detención de los siete empleados, la FGE sólo presentó como pruebas las hojas número 1, 11, 12, 19 y 20 de los acuerdos tomados en esta Segunda Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisición, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la secretaría de Seguridad Pública, cuando debería mostrar las 20 páginas.

A los seis días de haber sido detenidos, la jueza Verónica Portilla Suazo, determinó dictar un auto de no vinculación y ordenó la liberación de todos ellos de manera inmediata, debido a que la FGE no pudo acreditar que los ex servidores públicos eran los responsables de autorizar contratos a proveedores y beneficiar así al socio del ex titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita.

La jueza señaló que los empleados no tenían facultades de ordenar contratos de servicios y proveedores, tampoco violentaron la Ley de Adquisiciones del Estado y no violaron el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades, de los Servidores Públicos de la entidad.

Arturo Bermúdez y el reporte en inglés de sus casas en Texas

El 14 de noviembre se dio a conocer que los magistrados de la sala 3 del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) avalaron la determinación de la jueza de control, Verónica Portilla Suazo al desechar como medio de prueba el reporte en lengua inglesa de cinco bienes inmuebles que adquirió el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita en The Woodlands, Texas, por el presunto delito de Enriquecimiento Ilícito, del cual lo acusa la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el TSJE se realizó una audiencia de apelación en contra de una autodeterminación de la Jueza de Control en la cual se habían desechado seis pruebas documentales de la defensa de Arturo Bermúdez y se habían desechado la prueba número 22 de la FGE, que es el reporte en ingles de las propiedades que ascienden a 2.4 millones de dólares y que están a nombre del ex secretario y su esposa, Sofía Lizbeth Mendoza.

Rodolfo De la Guardia García, abogado defensor del ex funcionario señaló que la FGE ofertó el reporte en ingles ante la Jueza de Control de “manera irregular” porque conforme al Código de Procedimientos Penales, no debían aceptarlo como medio de prueba.

"Los tres magistrados llegaron a la conclusión de que la jueza tenía razón, de que ese documento en ingles obtenido a través del Tratado de Asistencia Jurídica entre México y Estados Unidos no respondía a las reglas del Código de Procedimientos Penales esto significa que ese documento no podrá ser nunca prueba en contra de Arturo Bermúdez Zurita por la incorrecta oferta de ese medio de prueba como documento en ingles” señaló el abogado.

De la Guardia García agregó que aun cuando la FGE acusa a Bermúdez Zurita del presunto delito de enriquecimiento ilícito, no lo puede probar con la adquisición de estos cinco bienes inmuebles, porque aún no son parte de sus propiedades, sino que se trata de un crédito adquirido y no ha terminado de pagar.

“Esto es muy relevante, porque la teoría del caso de la acusación como ya no es un secreto, establece que hay enriquecimiento ilícito, pero no puede haber un enriquecimiento ilícito cuando el bien, aun ni siquiera entra al patrimonio, está sujeto a un crédito. Un ejemplo sencillo, cuando uno compra una casa, un bien inmueble, tú no eres dueño de la casa, no está en tu patrimonio, la estás pagando, si algo pasa a la casa, el propietario es el banco y eso es lo que está pasando. No hay tal enriquecimiento, por eso la importancia de las pruebas del uno al seis que fueron admitidas” expuso.

Finalmente, dijo que la parte defensora del ex funcionario solicitó un amparo al Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que esperan resuelvan en los siguientes días, pero aún no se lo han otorgado

Gabriel Deantes acusado de enriquecimiento ilícito en libertad

El 22 de noviembre del 2016, el ex secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad, ex subsecretario de Finanzas, y ex oficial mayor de la secretaría de Educación de Veracruz, Gabriel Deantes Ramos obtuvo un amparo de un juez federal para que se suspendiera de manera provisional cualquier orden de aprehensión, comparecencia, presentación y localización girada en su contra, de la causa penal 220/2016.

En octubre del 2016, la FGE acusó a Deantes Ramos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de más de 50 millones de pesos, por lo que el juez de control, Marco Antonio Domínguez Lobato determinó como medidas cautelares el embargo de cuatro propiedades, la garantía económica de un millón de pesos, la presentación ante la autoridad cada 15 días y le fue prohibido salir del país.

Actualmente el ex oficial mayor de la SEV, acude a firmar a la sala de juicios orales 3 de Pacho Viejo como parte de las medidas cautelares impuestas por el juez, cada 15 días.

Su última firma del año 2017 fue el pasado 08 de diciembre, porque los juzgados se van de vacaciones y lo citaron hasta el 12 de enero, mientras se define su situación legal.

Deantes Ramos informó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal permite a los inculpados llevar el proceso legal en libertad y en su caso dentro de ese modelo determinado medidas cautelares que es acudir a firmar cada 15 días.


“Son medidas preventivas para que tú acudas libre a los juzgados. Yo estaría dispuesto a venir a firmar en diciembre otra vez, pero el Juez de Control se va de vacaciones y se corre hasta el día 12 de enero” indicó. 
Comparte ésta noticia:
 
Copyright © 2011. Tribuna Libre Noticias - All Rights Reserved
Con el libre derecho de hablar con apego a derecho | Periodismo: Objetivo, Plural, Investigación, Critica, Polí­tica...
Webmaster
Página Web Diseñada por: Lachito.com