La justicia quedó corta en 2017, el año que exhibió a una generación podrida de políticos mexicanos

* Politólogos y políticos de oposición coinciden en que México tiene una “generación podrida” de gobernadores, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusados de presuntos actos de corrupción y otros ilícitos y que este año, como en ningún otro, fueron perseguidos por la justicia, algunos de ellos aprehendidos y en prisión. Pero otros están exonerados y libres de culpa.

*La justicia mexicana le quedó a deber a los mexicanos este 2017, dijeron analistas políticos a SinEmbargo.

*Los casos de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, amparado por un juez y en la antesala de su libertad; y de César Duarte Jáquez, prófugo presuntamente en Estados Unidos, son un mal augurio de lo que podría venir en el futuro: que Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, hoy presos, queden en libertad por la corrupción de los jueces y la mala integración de las carpetas de investigación.

Ciudad de México. | 21 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- A pesar de que este año hubo aprehensiones importantes de ex Gobernadores acusados de corruptos, peculado, lavado de dinero y otros delitos, la justicia le quedó a deber al pueblo mexicano, pues al menos un caso importante, el de Guillermo Padrés Elías, de Sonora, se cayó; mientras que otro de los acusados con orden de aprensión se encuentra prófugo en Estados Unidos: César Duarte Jáquez, ex mandatario de Chihuahua, dijeron politólogos consultados por SinEmbargo.

Si bien Javier Duarte de Ochoa y Eugenio Hernández Flores, ex mandatarios de Veracruz y Tamaulipas están en una cárcel en México, y Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana permanece bajo arresto y cerca de una extradición a México en Panamá, sus aprehensiones no significan que vayan a pagar por sus actos y mucho menos regresar lo robado, argumentaron los analistas.

Los ex mandatarios sólo son tres piezas de esa generación de Gobernadores a la que algunos politólogos y políticos de oposición llaman “la generación podrida”, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que gozaron y gozan de impunidad no sólo para robar, sino para aliarse con criminales para asesinar, torturar y desaparecer personas en sus entidades.

“La justicia nos queda a deber. La aplicación de la justicia en México no es imparcial, se aplica de manera distinta a quien tiene recursos y no tiene. Si un político se corrompe y roba tiene más oportunidades de salir y librar una enorme condena, que seguir en la cárcel. Vamos a ver en los años futuros si es cierto que se le da un escarmiento a Javier Duarte, sobre todo si va a devolver lo que se robó. Lo que vemos es que pagan un bufete de abogados muy caro con lo que se robaron y salen y no regresan nada. La deuda de la justicia es muy grande”, dijo Ivonne Acuña Murillo, investigadora del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA).

La investigadora recordó el fracaso del caso de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN) de Sonora, acusado y perseguido por la administración de la priista Claudia Pavlovich Arellano, por defraudar las arcas públicas de los sonorenses y que a finales de octubre fue amparado por un Juez.

“El caso de Padrés sentaría un precedente, pero lo que estamos viviendo en los últimos sexenios es que hay un relajamiento de ciertas normas, de cierto pudor. El punto es que no devuelve lo que se robó, que sería lo más importante. El sistema político se ha relajado a tal punto que no hay quien ponga límites a los gobernadores. Lo que estamos viendo es que la debilidad presidencial y el resquebrajamiento en general del sistema político en México está generando esta generación podrida de gobernantes”, explicó.

Este año Javier Corral Jurado, Gobernador por el PAN de Chihuahua, logró llevar el caso de César Duarte Jáquez, su antecesor, hasta la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, y aunque hay una orden de aprehensión en su contra, el ex mandatario está prófugo presuntamente en El Paso, Texas, Estados Unidos.

El caso de este ex mandatario de Chihuahua incluso ya alcanzó a la administración federal y a la cúpula del PRI. El diario Reforma difundió las declaraciones del ex titular de Hacienda de César Duarte, Jaime Herrera Corral, ante la Fiscalía General de Chihuahua en las que asegura que se desviaron 250 millones de pesos de las arcas estatales en 2016 hacia el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor. Manlio Fabio Beltrones era el líder nacional del PRI en ese entonces.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabezaba entonces el hoy Secretario de Relaciones exteriores Luis Videgaray Caso, avaló la triangulación, y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones, sostuvo el ex funcionario duartista.

Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila acusado en una investigación que se sigue en Texas, Estados Unidos, de tener vínculos con el cártel de los Zetas; y Rubén Moreira Valdez, señalado por los senadores del PAN de desviar recursos públicos, son intocables para la justicia mexicana porque en sus entidades no ha habido alternancia, coinciden los expertos.

“Yo creo que si nos atenemos al patrón que se ha visto, de ejercer acción penal en contra de los ex Gobernadores cuando llega un partido de oposición, en contra de los Moreira no esperaría que hubiera acción al ser el Gobernador entrante del mismo partido. Son los Gobernadores de otro partido los que han empujado la información en contra de los salientes. No creo que haya nada en contra de Eruviel Ávila [Villegas] en el Estado de México, no esperaría que hubiera noticias en esos estados”, dijo Nicolás Loza Otero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Para el académico, la persecución a los ex mandatarios y la aprehensión de dos de ellos, son “hechos novedosos”, pues es la primera vez que hay detenidos por acusaciones de corrupción. Pero los resultados aún están por verse en la calidad de las averiguaciones previas que puedan garantizar que los procesos no se “caigan”.

La mayoría de los gobernadores de esta generación priista acusada de varios delitos comparte en común que fueron perseguidos por la justicia cuando un Gobernador de oposición llegó al poder, como ocurrió en el caso de Javier Duarte, de Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés.

SIMULACIÓN AL PERSEGUIR A LOS EX GOBERNADORES

En octubre Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, resolvió a favor de Padrés Elías y le otorgó amparos al no encontrar elementos probatorios de los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada, por los cuales se le procesa desde noviembre de 2016.

Y aunque la PGR impugnó los amparos y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora lo investiga por enriquecimiento ilícito, para los analistas el caso puede ser un claro ejemplo de una simulación que podría replicarse en los otros ex Gobernadores procesados.

“En el caso de Padrés hay varios temas: hay un elemento importante que es un Juez federal el que está dando amparo para detener las investigaciones y me parece que es una de las deficiencias del poder Judicial. Tenemos jueces que han sido complacientes con el crimen organizado, no sólo con ex gobernadores. Me parece que hay también una deficiencia de los litigios iniciados por los gobiernos locales. En el caso de Veracruz; por ejemplo, hay varios delitos que se le imputan al ex Gobernador, pero parecen ser menores respecto a lo que todo el mundo escucha que pasó en esa entidad”, explicó Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm).

López Montiel argumentó que el caso de Padrés Elías podría tratarse de una simulación o de una deficiencia en las procuradurías para integrar las carpetas de investigación; que se puede replicar en todos los casos en donde hay un ex Gobernador acusado de algún delito.

“A las procuradurías se les caen los casos y al final podemos ver la no intención de que no pase nada, porque los gobernadores al final de cuentas despliegan una capacidad de tráfico de influencias que hace que mucha gente haya participado de una manera u otra en el mal uso de los recursos  y que sean cómplices. Eso hace que al final un caso no termine bien, es de manera deliberada para que no haya mayor repercusión en lo local”, explicó.

El caso de los hermanos Moreira en Coahuila es emblemático, no sólo por los juicios que se siguen en Estados Unidos en donde sus nombres han sido mencionados más de una vez, sino por las investigaciones que desde la academia han evidenciado la forma de operar del cártel de Los Zetas  en Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira, sin que ello signifique que las autoridades mexicanas realicen alguna acción en contra del ex mandatario.

Ivonne Acuña Murillo agregó que los ex Gobernadores señalados de corrupción no sólo robaron de las arcas públicas: “secuestran, asesinan, mandan a asesinar a periodistas, luchadores sociales y no pasa nada. En el caso de los Moreira, se han evidenciado complicidades con grandes capos de la delincuencia organizada, pero andan libres. No hay una institución que ponga freno y castigue, por eso la deuda está y grande”.

EN 2018 PODRÍAN SUMARSE MÁS A LA GENERACIÓN PODRIDA

En 2018 se pelearán en las urnas nueve gubernaturas que pueden poner en jaque a los ex Gobernadores, de ganar la oposición en cada entidad, y colocar a alguno de ellos en la lista de la llamada “generación podrida”, dijeron los analistas.

El próximo año se renovarán las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán, Veracruz y el jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Los gobernadores que dejarán el poder son: Miguel Márquez Márques, de Guanajuato; Graco Ramírez Garrido Abreu, Morelos; Manuel Velasco Coello, Chiapas; Miguel Ángel Yunes Linares, Veracruz; Arturo Núñez Jiménez, Tabasco; Rolando Zapata Bello, Yucatán; Aristóteles Sandoval Díaz, Jalisco; Antonio Gali Fayad, Puebla, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, Ciudad de México.

“Habrá movimiento sin duda. Las últimas campañas exitosas para la oposición han sido las que se han basado en acusaciones de corrupción al Gobernador en turno. Es probable que la candidata de Morena [Movimiento Regeneración Nacional] trate de documentar actos de corrupción de Mancera; o [Enrique] Alfaro en Jalisco al priista Aristóteles Sandoval, y así en los nueve estados”, dijo Nicolás Loza.

La pauta, explicó el académico, ya está dada. Si no cambia y la tendencia sigue su curso, habrá más casos o acusaciones que se sumen a los que ya se conocen.

Pero planteó que eso se sabrá un poco antes o después de las elecciones de julio. Lo que al parecer ya inició, las acusaciones del ex funcionario de César Duarte también señalaron que los gobiernos de Javier Duarte y Egidio Torre Cantú, ex Gobernador de Tamaulipas, pactaron con Manlio Fabio Beltrones triangular recursos federales para las campañas del año pasado.

(SinEmbargo)
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