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A la Ley de Seguridad Interior le sigue un
camino de acciones de inconstitucionalidad, así lo vaticinan diputados
federales opositores a esa legislación, quienes apuestan por derrumbar en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley que da facultades al Ejército
para realizar tareas de seguridad pública.
*Los
ojos de las organizaciones civiles y de las instancias internacionales que han
condenado los riesgos que representa la aprobación hecha hoy por la Cámara de
Diputados se encuentran en los legisladores que pueden presentar estos recursos
legales.
Ciudad de México. | 16 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- A la aprobación en la Cámara de Diputados de
los cambios hechos en la Ley de Seguridad Interior por el Senado, las
fracciones parlamentarias de oposición coinciden en la necesidad de presentar
una acción de inconstitucionalidad.
“Estamos en diálogo con los grupos
parlamentarios necesitamos 167 firmas y creemos que las podemos lograr si la
mayoría PAN, PRD y Movimiento Ciudadano [MC] suman esfuerzos”, dijo José
Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de MC.
Al contraataque de las fracciones que
conforman el llamado Frente Ciudadano por México, que rechazaron la Ley de
Seguridad Interior, también podría sumarse por separado la bancada del partido
Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Es una posibilidad que la ley se caiga en la
Suprema Corte, varios juristas así lo han dicho. Habría que ver, lo que importa
es promover la acción de inconstitucionalidad”, sostuvo el Diputado federal
Vidal Llerenas Morales de Morena.
El acto de inconstitucionalidad que puede
solicitar la Cámara de Diputados aún no encuentra fechas. Castañeda indicó que
primero el Presidente Enrique Peña Nieto tiene que promulgar la Ley para que se
pueda presentar esta acción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La consumación de esta presentación en la
Cámara de Diputados oscila sobre el Partido Acción Nacional (PAN). Hoy 11
panistas votaron a favor de los últimos cambios que necesitaba la Ley de
Seguridad Interior, en tanto que 95 se ausentaron de la votación.
El jefe de la bancada blanquiazul Marko
Cortés justificó que aún con sin los votos del PAN, el PRI tenía los
suficientes como para pasar la ley que regulará las operaciones del Ejército en
las calles. De los 262 votos que terminaron por aprobar la ley, 199 fueron del
PRI.
“La gran mayoría decidimos no estar presentes
en la votación. Igualmente así lo hizo el PRD y MC, que conformamos el frente
ciudadano por México porque consideramos que se requeriría fortalecer a las
policías de nuestro país”, explicó Cortés.
Hoy la organizaciones del Colectivo Seguridad
Sin Guerra acusaron al PRI y a un sector aliado del PAN de darse la espalda a
las voces de alerta.
Ante la pregunta expresa sobre si la mayor
bancada de oposición apoyará la votación para enviar un acto de
inconstitucionalidad a la SCJN, Cortés contestó: “Lo tendremos que revisar con
nuestros abogados la pertinencia y los alcances de la misma”.
La Constitución marca que los diputados o
senadores tienen 30 días una vez publicada la norma para presentar este acto,
en el que se requiere el respaldo de al menos el 33 por ciento de sus
integrantes.
El 4 de noviembre del 2016, el coordinador
del PRI en la Cámara de Diputados César Camacho Quiroz presentó la iniciativa
de la Ley de Seguridad Interior. Y hoy, más de un año después, en el día de su
aprobación final, considera que está blindada de controversial
constitucionales, pero no desestima que la acción de inconstitucionalidad
llegue a la SCJN.
“A mí juicio dado el apego a la Constitución
y a los tratados, [esta Ley] los soporta. Pero la última palabra la tendrá la
Suprema Corte. Entendemos de este régimen de pesos y contra pesos, que la Corte
tiene un papel fundamental”, dijo Camacho, quien insistió en que la Ley
garantiza el respeto a los derechos humanos.
Una visión contraria a la del Colectivo
Seguridad Sin Guerra que consideró que el resultado final de la Ley amenaza los
derechos humanos, no soluciona los problemas de inseguridad y no cuenta con
controles para supervisar un despliegue militar extraordinario.
En 15 días, desde su aprobación el 30 de
noviembre en la Cámara de Diputados, los 34 artículos de la Ley de Seguridad
Interior fueron aprobados. Castañeda señaló que existe cree que no hay
coincidencia entre la aprobación “fast track” con el periodo de electoral que
atraviesa el país.
“Yo creo que es una Ley que le urge al
Presidente de la República, porque le paga un favor a las Fuerzas Armadas.
Segundo, porque podrá disponer de ellas sin contrapesos. Y tercero, porque lo
que se asoma en el ambiente electoral es un esquema de mantener una política de
miedo sobre la población civil, a eso le va a apostar el PRI”, señaló el jefe
de la bancada de Movimiento Ciudadano.
También el Ejecutivo puede presentar una
acción de inconstitucionalidad, pero el Presidente Enrique Peña Nieto hizo
oídos sordos a los llamados internacionales, recordó el Diputado del Sol Azteca
Jesús Zambrano.
Sobre este punto el Colectivo Seguridad sin
Guerra refirió ante la inacción presidencial también puede la Comisión nacional
de Derechos Humanos puede presentarla, en concordancia con los pronunciamientos
hechos en los que advertían su peligro.
Ayer, siete áreas de derechos humanos de la
Organización de Naciones Unidas hicieron un llamado al Congreso mexicano para
considerar los peligros a los derechos humanos que esconde dar facultades a las
Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad en las calles.
“Cualquier nueva Ley de Seguridad debería
hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales
responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de
estrictos controles”, reza el comunicado.
Los diputados dijeron que alimentarán la
acción de inconstitucionalidad por lo expuesto en los órganos nacionales e
internacionales.
Hoy, el Colectivo Seguridad Sin Guerra
demandó activar controles sobre el papel del Ejército.
Lucía Chávez, coordinadora del área de
investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH), refirió que la emisión de un estado de Seguridad Interior va
mucho más allá de lo que ya estaba previsto en el artículo 29 de la
Constitución, en el que se prevé la suspensión de garantías.
Asimismo, señaló que la Ley perpetua la
presencia de los militares en tareas que no le corresponden.
“El articulado de la Ley es que podría
determinar a hacer acciones a Seguridad Interior que en realidad son acciones a
brindar apoyo a seguridad pública. El Concepto de Seguridad Interior es
inventado y no tiene que ver con tener militares haciendo acciones de seguridad
pública”, destacó Chávez.
Las organizaciones civiles coincidieron en
que la designación que hará el Ejecutivo, junto a la Secretaría de la Defensa y
Marina, de un Comandante para dirigir las acciones de seguridad interior en un
lugar y plazo no mayor a un año es un importante revés a la democracia.
“El corazón de nuestro cuestionamiento era
que la ley modifica en 180 grados lo que debería ser una democracia y un Estado
de Derechos. Donde los militares están bajo mando de los civiles. A esta regla
se le dio un giro, para quedar al revés, son los militares ahora quienes van a
tener el mando”, reclamó Edgar Cortés Morales, investigador del Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
El 8 de diciembre, Peña Nieto llamó a los
senadores a incluir todas las voces. Un proceso que Camacho aseguró que se
cumplió al aprobar esta ley. No obstante, las organizaciones calificaron a los
legisladores de cerrarse a sus propuestas.
Chávez indicó que las discusiones carecieron
de sustento técnico.
“Hicimos señalamientos en todos los artículos
que tiene la Ley, en particular el 20, y fue uno de los que no se movió [en las
discusiones del Senado]. La conclusión fue que hubo simulación. Ningún Senador
a favor se prestó a hacer un debate técnico, sino político”.
(SinEmbargo)
