* Cientos
de mineros en Cocula, Guerrero, mantuvieron un paro laboral contra las
actividades de la minera Media Luna, propiedad de la firma canadiense Torex
Gold, y también exigían que sus derechos fueran protegidos por el Sindicato
Nacional de Trabajadores de Minas y no por la Confederación de Trabajadores
Mexicanos (CTM). La noche del 18 de noviembre, dos de los mineros fueron
asesinados a balazos, supuestamente por afiliados a este sindicato cercano a
los gobiernos priistas. “La CTM no es un sindicato, es un brazo del gobierno
mexicano […] no está cuidando los intereses de los trabajadores sino los de las
empresas”, aseguró Jerry Dias, líder sindical de Canadá.
*El
grupo de académicos y activistas Democracia Deliberada ha expuesto que los
sindicatos corporativos en México no representan los intereses de los empleados
ante la falta de autonomía y opacidad de sus líderes, lo cual ha impedido que
los incrementos en la productividad se trasladen a un salario mínimo que
abarque las necesidades básicas. Durante la renegociación del TLCAN, los sindicatos
de EU y Canadá también han exigido mejoras salariales en el país.
Ciudad de México. | 09 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- Las condiciones actuales del salario mínimo
son consecuencia del “arreglo y la colusión” entre sindicatos corporativos y
organizaciones-empresas patronales, con el apoyo “entusiasta” del Gobierno,
expuso Democracia Deliberada, un grupo de académicos y activistas de la
sociedad civil cofundada, entre otros, por los economistas Gerardo Esquivel y
Diego Castañeda.
“No transformar los elementos institucionales
que han impedido que los incrementos en la productividad se trasladen al
salario, lo que ha aumentado la desigualdad social, significa condenar a los
trabajadores a tener siempre minisalarios”, sentenciaron.
Diego Castañeda, por la London School of
Economics, afirmó que la creciente desigualdad en el país está relacionada con
inestabilidad económica, política y social por lo que incluso grupos como la
Coparmex parece que “finalmente se están dando cuenta que está en su interés
tener un mercado interno más dinámico”, por lo que han promovido un mayor
aumento al salario mínimo.
El martes pasado, durante un encuentro entre
el sector campesino, social y sindical, respecto a la seguridad social para los
trabajadores del campo y ciudad, acusaron el debilitamiento de los derechos
laborales por “el control corporativo” que mantiene el gobierno sobre las
organizaciones gremiales. Ante esto, exigieron una representación sindical
legítima y autónoma, y pidieron un sistema integrado de seguridad social de
cobertura universal, así como eliminar de la Ley Federal del Trabajo las
disposiciones que legalizan el trabajo terciarizado que facilitan los despidos.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami) anunció para este diciembre un aumento de 10 por ciento al salario
mínimo de 80.04 a 88.36 pesos diarios. David Kaplan, del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), destacó que tomando en cuenta el salario, impuestos y el
subsidio para el empleo, se trata de un monto de 96.82 pesos, aún por debajo de
la línea de bienestar.
Sin embargo, la Confederación de Trabajadores
de México (CTM), uno de los más grandes de México e históricamente cercano a
los gobiernos priistas, aplaudió la creación de 3 millones de empleos formales
durante el sexenio, aunque omitió que de ese total 45 por ciento tiene ingreso
menor a dos salarios mínimos.
El líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo,
aseguró que –salvo los jornaleros– “en México no hay nadie que, en su sano
juicio, crea que con 80 pesos cuatro centavos puede vivir persona alguna con su
familia; una persona con dos hijos y la esposa, no podrían vivir. Lo que quiere
decir que solamente es un referente”.
Quien ha sido dos veces Diputado federal y
Senador de la República por el PRI omitió que dos millones de trabajadores
informales ganan eso. Asimismo, rechazó que se esté violando el Artículo 123 de
la Constitución respecto al derecho a un salario que cubra las necesidades
básicas del trabajador.
La mirada internacional es distinta. Durante
las rondas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), los sindicatos de trabajadores de Estados Unidos y Canadá han exigido
mejoras salariales en México para equiparar la competencia.
Martín Moreno, autor de Los demonios del
sindicalismo, explicó en entrevista que la estructura del sindicalismo
corporativo creció a la par del PRI en la década de los 40 y esa “complicidad”
se ha mantenido. Como resultado, determinó, las empresas no son obligadas a
pagar utilidades y contratan a los trabajadores a través de terceros que no
reconocen sus derechos laborales.
“Una cosa son los sindicatos, que buscan
beneficiar a la base trabajadora, y otra los líderes sindicales que se sirven
de eso”, aseguró. “Si bien durante los 70 y 80, cuando era el auge del priismo,
se salpicaba el beneficio a la base trabajadora, cuando el PRI dejó de ser
partido único empezó a reflejarse en los ingresos”.
LOS
MINEROS Y LA CTM
El caso de la minera Media Luna en Guerrero
evidenció el panorama completo de las condiciones laborales y cómo las
compañías extranjeras, aprovechando ese vacío de derechos, firman acuerdos con
sindicatos mexicanos “de protección” que dejan indefensos a los trabajadores.
El sábado 18 de noviembre, luego de días de
tensión, los hermanos mineros Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña fueron
asesinados a balazos por un grupo armado, supuestamente afiliado a la CTM. El
precandidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
José Antonio Meade Kuribreña, acudió a su sede durante el día de su destape.
También recibió el respaldo de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), que es el Sector Popular del PRI y de la Confederación
Nacional Campesina (CNC).
El viernes Mikel Arriola, el candidato
priista al gobierno de la Ciudad de México, también fue apoyado por la CTM. El
líder sindical Carlos Aceves lo calificó de “mago” por haber hecho magia con
las finanzas del IMSS.
“No ha pasado el tiempo en el PRI. Son formas
de hacer política de ese partido. La CTM y la CNC no son las mismas de los 80
que te llenaba el Zócalo, pero tratan de revivir cadáveres y es un tanto
patético”, dijo el periodista y analista político Martín Moreno. “Buscan el
voto y dinero, pero más allá de eso es mandar el mensaje de que el PRI está tan
fuerte como en los 80, al tener al sector obrero, popular y campesino, cuando
son la sombra de lo que fueron”.
Junto con sus compañeros, los mineros
mantenían un paro laboral contra las actividades de la minera Media Luna
–propiedad de la firma canadiense Torex Gold– ubicada en Cocula, Guerrero.
También exigían que sus derechos fueran protegidos por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de Minas dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, y no por la CTM.
“Está bien claro que la CTM es un sindicato
patronal que solamente ha velado por los intereses de la empresa y de sus
propios intereses”, acusó el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato de Trabajadores de Minas, Indalecio Pérez Morones.
En el mismo sendero, Jerry Dias, líder de
Unifor –el sindicato privado más grande de Canadá–, aseguró que “los mineros
creen y entienden perfectamente que fue consecuencia de su intento por dejar la
CTM y unirse al (sindicato de) de los Mineros”. Al percatarse de que los
mineros guerrerenses tienen salarios muy bajos, no reciben capacitación y son
reemplazados por empleados sin preparación, planteó su rechazo a esa agrupación
sindical en México.
“La CTM no es un sindicato, es un brazo del
Gobierno mexicano […] no está cuidando los intereses de los trabajadores sino
los de las empresas”, dijo Díaz.
AUTONOMÍA
EN SINDICATOS
El grupo de la sociedad civil Democracia
Deliberada explicó que los salarios deben establecerse mediante una negociación
entre empresarios y trabajadores, mientras que el papel del gobierno es el de
vigilar que se lleven de forma equitativa. No obstante, las instituciones
actuales no garantizan la verdadera representación de los intereses de los
empleados.
Además, la consabida corrupción y poca transparencia
de muchos dirigentes sindicales tiende a deslegitimar a estas organizaciones
frente a la sociedad, por lo que DD pidió que se transparente y democratice a
los sindicatos y se permita el surgimiento de nuevas organizaciones de
trabajadores.
“El sindicalismo mexicano parece que tiene
una Ley no escrita, pero sí que se practica: opacidad obligatoria, prohibida la
transparencia. Cuando alguien les pide cuentas claras, alegan violación a su
autonomía”, afirmó el analista político Martín Moreno.
Aseguró que ante la falta de rendición de
cuentas y fiscalización, eso le ha redituado un beneficio económico a los
líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps del sindicato petrolero, a los
Gómez Urrutia en el sindicato minero y como ocurre en el sindicato del ISSSTE,
donde los hermanos Francisco y Fermín García Culebro manejan la Comisión
Nacional de Auxilios de la que reciben 900 millones de pesos anuales como cuota
sindical sin rendir cuentas, documentó.
Agustín Rodríguez Fuentes, del STUNAM, se ha
eternizado en el poder por 20 años y recibe 63 millones de pesos anuales de
parte de la UNAM sin especificar el uso de los recursos, agregó Moreno.
Menos del 10 por ciento de la población
económicamente activa pertenece a sindicatos. La conformación de los sindicatos
es un derecho avalado en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del
Trabajo, cuyo objetivo es defender los derechos laborales y mejorar las
condiciones salariales y de prestaciones.
Ante la legislación ambigua, la gran mayoría
de los sindicatos en México son de carácter corporativo o de “protección
patronal” y autoritarios, por lo que los trabajadores no están realmente
representados. Muchos sindicatos tienen dirigentes vitalicios que no fueron
elegidos ni reelegidos de forma democrática e impiden la formación de otros
sindicatos.
“En Democracia Deliberada llamamos no sólo a
discutir el salario mínimo, sino también a discutir cómo fortalecer los medios
de representación y organización de los trabajadores, para que tengan el poder
para negociar sus salarios con los patrones, sin tener que ser reprimidos por
clientelas, por el gobierno, o incluso por grupos de choque pagados por los
patrones”, expusieron en un comunicado. Entre sus miembros también están el
sociólogo Andrés Lajous, el economista Luis Ángel Monroy, el periodista Antonio
Martínez y el politólogo José Merino.
“Se ha limitado el poder de negociación de
los sindicatos ante las empresas y el gobierno por medio de reducir al mínimo
la autonomía sindical”, resumieron.
LA
OBSCURA CONASAMI
La “obscura” Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) no incluye una auténtica representación de los intereses de
los trabajadores porque los sindicatos presentes en las negociaciones son
grupos clientelares del gobierno en turno.
Su titular, Basilio González fue nombrado
desde 1991 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari. Percibe al mes
173 mil 620 pesos brutos, lo que un trabajador con el mínimo alcanzaría sólo si
laborara mil 486 días, publicó la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Es una incógnita si ha adquirido casas,
automóviles, obras de arte, joyas o relojes en las casi tres décadas en que ha
ocupado el cargo porque en el cúmulo de declaraciones patrimoniales que está
obligado a presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) siempre ha
suscrito que no está de acuerdo en hacer público su patrimonio.
Por ello Democracia Deliberada expone la
urgencia de que sea un órgano que recomiende con base en criterios técnicos,
claros y transparentes, el aumento de los salarios mínimos. Asimismo el
comisionado debe renovarse cada cierto tiempo ya que el actual, Basilio
González, lleva más de 20 años en el cargo. La Acción Nacional Frente a la
Pobreza, compuesta por más de 60 organizaciones, incluso ha exigido la
desaparición de esta Comisión.
“La Consami debe desaparecer o transformarse
para que deje de ser el yugo del salario de los trabajadores, ya que hasta
ahora sólo parece obedecer a los intereses patronales y a las posiciones más
dogmáticas de nuestros tecnócratas”, determinó.
Democracia Deliberada propone también que el
poder legislativo pueda aprobar, modificar o rechazar los cambios para que los
partidos políticos representen directamente los intereses de los trabajadores
no sindicalizados, que son la mayoría.
(sinEmbargo)