El priista Pablo Elizondo García
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La reforma sobre daño moral que aprobó ayer
la Cámara de Diputados era innecesaria y tiene alcance jurídico limitado, pero
puede ser considerada como un mensaje político en contra de medios e
información incomoda, coincidieron expertos en libertad de expresión y medios
de comunicación.
*Leopoldo
Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización
Artículo 19, sostiene que con esta acción es posible que los partidos y
políticos “quieran mandar un mensaje político en donde digan: ‘vamos a hacer
usos de esto recursos judiciales contra información sumamente crítica o que nos
pueda causar un agravio'”.
Ciudad de México. | 16 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- La Cámara de Diputados aprobó ayer un
dictamen que reforma en materia de daño moral que incluye el uso de medios
electrónicos y tradicionales. El aval a la modificación constitucional fue
leída de manera inmediata como un intento de censura a las redes sociales y a
los medios digitales.
Especialistas en libertad de expresión
señalaron que la modificación constitucional era innecesaria y tiene un alcance
jurídico limitado; sin embargo, destacaron, puede ser considerada como un
mensaje político en contra de medios e información incomoda.
La medida fue propuesta por el Diputado
priista Pablo Elizondo García. El 5 de diciembre pasado presentó el proyecto de
reforma a la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal.
En aquella ocasión presentó el proyecto como
una medida para para enfrentar el ciberbullying y como una manera de sancionar
“la injuria”. Ayer, la adición
constitucional pasó de manera exprés junto a otro paquete conformado por 36
dictámenes que reforman diversos ordenamientos legales. Por unanimidad y con
386 votos a favor –de PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, MC, Nueva Alianza y
Encuentro Social– se turnó al Senado de la República para su análisis.
El texto aún vigente señala “estarán sujetos
a la reparación del daño moral”:
“El que comunique a una o más personas la
imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o
falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito,
perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.
Con la modificación aprobada quedó así:
“El que comunique, a través de cualquier
medio tradicional o electrónico, a una o más personas la imputación que se hace
a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o
indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo
al desprecio de alguien”.
Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de
Protección y Defensa de la organización Artículo 19, explicó que la
modificación a ley “no cambia sustancialmente el sistema de salvaguarda de la
libertad de expresión en México, porque en realidad la redacción cambia muy
poco y porque tenemos una doctrina de protección a la libertad de expresión
robusta, fuerte y progresiva que es obligatoria para todos los tribunales del
país” respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH).
Consideró que la aprobación del cambio al
Código Civil se hizo en un “mal momento político”, pues se da “justo cuando hay
una regresión autoritaria en términos de la Ley de Seguridad Interior, que
evidentemente manda un mensaje de alarma”.
Para el representante de la organización
internacional en pro de la libertad de expresión “es una reforma innecesaria y
frívola”, pues en la práctica ya se acude a tribunales para interponer una
demanda por daño moral por información que se publica en la Internet o en redes
sociales. “Ya la rebasó desde hace mucho la práctica constante de litigios”.
Aunque sostuvo que con esta acción es posible
que los partidos “quieran mandar un mensaje político en donde digan ‘vamos a
hacer usos de esto recursos judiciales contra información sumamente crítica o
que nos pueda causar un agravio'”, lo que sería “un completo desatino, lo que
van a generar es mayor escándalo y mayor alerta”.
El analista de medios de comunicación Gabriel
Sosa Plata coincidió en que un cambio así en la legislación era innecesario
“porque la demanda por daño moral se puede hacer por lo dicho en cualquier
medio, pero los diputados quisieron ser más explícitos para incluir a medios
digitales”.
Y resaltó lo preocupante es que este recurso
de daño moral “se siga utilizando más para presionar a medios o periodistas
incómodos que como una defensa legítima del honor o la imagen”.
Al igual que el representante de Artículo 19,
el académico de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) resaltó que por lo
general “estos juicios son impulsados por personas que tienen poder político
y/o económico. Por supuesto tienen derecho a defender su honor, pero en
diversos casos se ha abusado de este derecho en aras de inhibir la libertad de
expresión”.
El analista señala que hay quienes han
considerado el hecho como “un distractor, pero yo veo una clase política
dedicada a proteger sus intereses [antes] que los de la sociedad”.
Ambos especialistas criticaron que los
diputados entren en este tipo de reformas y no en las de “fondo”.
“Tienen en la agenda temas más delicados,
como revertir la contrarreforma que tuvimos en derechos de las audiencias;
pierden el tiempo con modificaciones que no sirven mucho a la sociedad y sí a
los poderosos”, puntualizó Sosa Plata.
Mientras que Maldonado apuntó a que si los
legisladores ya habían abierto sobre libertad expresión y daño moral en el
código civil, “pues de una vez hubieran introducido todas estas salvaguardas y
estas protecciones ya reconocidas por la Suprema Corte mexicana, como la
malicia, malicia efectiva , sistemas de protección y otra serie de principios
rectores de la libertad de expresión ya reconocidos en México”.
“Cuando se trata de ampliar la protección de
los derechos humanos pues vemos a un Congreso y a unos legisladores sumamente
limitados e incluso regresivos”, expuso.
El litigante especializado en derechos
humanos agregó que lo que debería realmente “escandalizar” es la aprobación de
la Ley de Seguridad Interior.
¿QUIÉN ES PABLO ELIZONDO
GARCÍA?
El priista es Senador por Nuevo León y ganó
su escaño en las elecciones de 2015 por el Distrito 7 (Monterrey).
Actualmente forma parte de la bancada del
Partido Verde Ecologista de México
Actualmente es secretario de la Comisión
de Radio y Televisión e integrantes de
las comisiones De la industria manufacturera y maquiladora, Desarrollo Social y
de Salud.
Tiene una licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Fue Presidente Municipal de Montemorelos,
Nuevo León (2009-2012). En el cargo sufrió dos atentados, el primero con una
granada en sus oficinas en abril de 2011 y meses después fue atacado a tiros
cuando viajaba en una camioneta.
Posteriormente se desempeñó como delegado
federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nuevo León (2013-2015); en ese
cargo fue denunciado por el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Procuraduría
General de la República (PGR) por supuestamente utilizar los programas públicos
para promover la imagen del entonces Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y del
Presidente Enrique Peña Nieto.
(SinEmbargo)