MORENA buscará terminar con la violencia familiar en Veracruz

*La iniciativa contempla este derecho para parejas del mismo sexo.

Xalapa, Ver. | 18 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- El diputado Rogelio Arturo Rodríguez García, del Grupo Legislativo de MORENA, presentó una iniciativa de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 92 y adiciona el artículo 121 bis del Código Civil para el Estado, con la finalidad de prevenir nuevos capítulos de violencia familiar al celebrar el matrimonio.

Es por ello que en la iniciativa se amplía el listado de los impedimentos para celebrar matrimonio ya sea entre hombre y mujer o parejas del mismo sexo, con uno de los contrayentes que haya sido condenado por sentencia ejecutoria por el delito de Violencia Familiar y sólo podrán hacerlo cuando comprueben por escrito haber tomado las medidas reeducativas para personas agresoras.

Mientras que la acción de nulidad de la causa prevista en la fracción XI del artículo 92, sólo puede ser invocada por el cónyuge que desconocía dicho impedimento.

La iniciativa nació de los datos que arrojó el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), en el que manifiestan que el 23 de noviembre de 2016, se declaró la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres al Estado de Veracruz, según cifras estadísticas del año 2000 al 2015, con 30,898 casos de violencia familiar.

Rodríguez García dijo que la alerta de violencia de género se decretó para 11 Municipios del Estado de Veracruz: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa y a 47 Municipios que cuentan con población indígena donde se reflejan altos índices de violencia feminicida.

Por lo que tales adecuaciones frenarán las consecuencias negativas que genera este problema social en el seno de la familia, de tal forma que lejos de agravar u obstaculizar tal situación, a los contrayentes les beneficia, en virtud de redundar en el mejoramiento de su calidad de vida, como derechos que les asisten.


La iniciativa fue turnada a Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y se adhirió el Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
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