* El 8 de enero pasado, José de Jesús López Bautista, ex Policía Federal,
fue detenido, tras asesinar a su esposa y dos hijas en Tecámac, Estado de
México. La noticia se sumó a las cotidianas que tienen como protagonistas a
policías en funciones o separados del cargo involucrados en homicidios,
extorsiones, secuestros, violaciones…
Ciudad de México. | 12 enero de 2018
Tribuna Libre.- La depuración de
la policía es una deuda pendiente a cinco años de la administración del
Presidente Enrique Peña Nieto y de los gobiernos locales, pese a que durante
años se ha presumido como una de las alternativas para salir de la crisis de
inseguridad y violencia por la que atraviesa el país, coincidieron
especialistas en seguridad.
Los expertos
coinciden en que no son suficientes los controles de confianza debido a que el
problema es sistémico: bajos salarios y prestaciones, falta de seguimiento a su
retiro o baja de las corporaciones y los mandos que permiten que policías no
aptos sigan operando.
“El sistema que
está diseñado para cooptar a los policías. Saca a los honestos, al igual que en
la política se escupe a los honestos”, sostiene el criminólogo, Óscar Máynez
Grijalva.
José de Jesús
López Bautista ex policía federal, fue detenido el 8 de enero por el asesinato
de su esposa y sus dos hijas en el fraccionamiento Héroes, en Tecámac, Estado
de México. De acuerdo con los reportes oficiales, los cuerpos llevaban al menos
siete días estaban mutilados, en estado de descomposición y había intentado
calcinarlos.
Otras versiones
periodísticas, basadas en versiones de agentes locales, destacaron que el
integrante de la Policía Federal habría descuartizado los cuerpos de su esposa
e hijas con la intención incluso de devorarlos.
El caso de López
Bautista se sumó al de otros ex o policías en funciones que protagonizan casos
de asesinatos, vínculos con el crimen organizado, corrupción, secuestros…
La depuración de
la policía es una deuda pendiente a cinco años de la administración del
Presidente Enrique Peña Nieto y los gobiernos locales, pese a que durante años
se ha presumido como una de las alternativas para salir de la crisis de
inseguridad y violencia por la que atraviesa el país, coincidieron
especialistas en seguridad.
Desde el 2010 los
exámenes de confianza se componen de una prueba toxicológica, psicológica, una
evaluación médica, socioeconómica y poligráfica.
El investigador
del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Martín Gabriel Barrón Cruz
detalló que las pruebas que son aplicadas a cuerpos policiales no son
suficientes para depurar a los elementos de seguridad civiles.
“El examen de
control y confianza dice que debe de estar certificado por tres años. Es decir
que cada tres años debes someterte a esas pruebas, y a lo largo de estos tres
años debe haber un sinnúmero para ver el estado físico y psicológico durante
los tres años”, explicó.
El criminólogo,
Óscar Máynez Grijalva, agregó que detectar con oportunidad anomalías en los
agentes de seguridad ayuda a prevenir situaciones como la de José de Jesús
López.
“Creo que este
Policía Federal ya había manifestado este comportamiento, para llegar a este
acto tan extremo. El problema fue que no se detectó. Independientemente de que
lo hayan corrido de las fuerzas federales”, dijo a SinEmbargo.
El Gobierno
federal ha acusado en reiteradas ocasiones que las administraciones locales y
estatales han abandonado las tareas de seguridad.
El último
diagnóstico de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el país sostiene que hay
8 mil 921 elementos de la policía estatal preventiva, que representa el 6.9 por
ciento del total de los uniformados desplegados en el país, que cuentan con
resultado aprobatorio en la evaluación de control de confianza. Asimismo, hay
otros 27 mil 359 policías estatales sin una evaluación aprobatoria de estas
evaluaciones, que representan el 21. 2 por ciento del total.
Al respecto,
Máynez Grijalva expuso que en estados como “Chihuahua los cárteles siempre han
tenido un control de los policías municipales, y estatales. Estas pruebas,
generalmente, no son el problema, sino el sistema que está diseñado para
cooptar a los policías. Saca a los honestos, al igual que en la política se
escupe a los honestos”.
Antia Mendoza
Bautista, directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz) coincidió que el
problema de la falta de depuración es sistémico.
“Siempre he sido
muy escéptica de la efectividad y eficacia de estos cinco exámenes en los que
consiste las pruebas de control y confianza. El problema que yo le veo no es la
evaluación en sí. Es el sistema integral en el cual, las policías, o los
directivos de los titulares, toman las decisiones sobre quienes permanecen o
no. Muchos directivos no aprobaron los exámenes, siguen ahí por una decisión
política y discrecional de sus jefes”, dijo.
Marcos Conde
Hernández era delegado de la Policía Estatal en el Veracruz de Javier Duarte de
Ochoa cuando se le acusó de mantener vínculos con el crimen organizado. El
hecho que detonó su detención y posterior encarcelamiento fue la desaparición
de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca a menos de efectivos de la
corporación a su cargo en enero de 2016. La Fiscalía General del Estado dijo
que el funcionario laboraba sin haber aprobado los controles de confianza.
Sin embargo, los
efectivos policiacos implicados en crímenes no solo son municipales y
estatales. Tal es el caso de Daniel Enrique Bobadilla Velázquez “El Bob
Esponja” y Pedro Espinoza Vega, dos elementos de la Policía Federal, quienes
fueron detenidos por tráfico de drogas, indocumentados y maletas con dinero en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en junio de 2015 .
Además no son
pocas las acusaciones de agentes del Instituto Nacional de Migración acusados
de extorsión y de formar parte de redes de tráfico de personas.
La colusión
delincuencial de los encargados federales no queda en los mandos bajos. Iván
Reyes Arzate, ex policía federal y ex enlace mexicano de alto nivel con la
agencia antidrogas de EU, se entregó a las autoridades estadunidenses en
Chicago en abril de año pasado. Se le acusa de haber trabajado para el cártel
de los Beltrán Leyva al menos desde 2009.
El 5 pasado de
septiembre, el ahora ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong
exigió a los estados y municipios cumplir con los acuerdos del Consejo Nacional
de Seguridad para profesionalizar a los policías locales. No obstante, el think
tank México Evalúa recordó que el Diagnóstico Nacional sobre las Policías
Preventivas de las entidades federativas mostró que sólo 6 de las 39 academias
e institutos de formación policial cuentan con los 12 rubros mínimos de
infraestructura y equipamiento considerados en el estándar.
Edgar Cortez
Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
(IMDHD), señaló que las pruebas de control y confianza deberían de considerar
el rendimiento que han tenido los policías. “Es lo que se tendría que estar
evaluando en simultáneo. Y creo que [la evaluación de control y confianza]
tiene otro problema, en un momento dado no es suficientemente confiable este
proceso, sobre todo, lo que tiene que ver con el polígrafo, que ha sido
cuestionado en diversos países”.
Sobre este
detector, Barrón Cruz explicó que “en realidad el gran problema que tenemos con
las pruebas de control y confianza es que el primer gran criterio implica un
examen médico, psicológico, social, pruebas psicométricas, e inclusive la parte
de adicciones. Pero qué pasaba, podrías pasar el examen médico, el psicológico,
el toxicológico, pero si no pasabas el polígrafo estabas dado de baja. Esa
prueba para mí es un criterio, un elemento que deberías de cumplir, pero deben
de haber otros que sean tomado en consideración”.
Julio César
Mateos, ex directivo de Seguridad Pública de Valle de Chalco, es acusado de dar
protección con la Familia Michoacana. En junio pasado fue vinculado a proceso y
de acuerdo con el Alcalde Julio César Mateos el jefe de uniformados había
aprobado todos los exámenes de confianza.
De acuerdo con el
Diagnóstico Nacional, hay una carencia de elementos policiales. Se necesita
duplicar el número actual el 115 mil 943 elementos para llegar al estándar
mínimo de 1.8 por cada mil habitantes. Sin embargo, el conjunto de policías
actual ya representa un riesgo, si no se les otorga una oportunidad para vivir
una vez que dejan las labores policiales.
Martín Gabriel
Barrón Cruz señaló: “La gran pregunta que yo hago desde hace mucho tiempo es
qué ha pasado con todos elementos policiales que salen de las corporaciones,
cuál es el seguimiento que se les da una vez dados de baja para poder
determinar si en algún momento se van a integrar a la delincuencia organizada
puede”.
La relación de la
complicidad del crimen organizado y las policías ha dado lugar a capos como
Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva
Generación, quien fue policía en el municipio de Tomatlán y hoy su grupo es
considerado como el de mayor crecimiento.
El ingreso
salarial y las prestaciones de los policías mexicanos es otro factor de alarma.
Al menos 13 entidades ofrecen a sus policías un salario inferior a los 9 mil
300 pesos mensuales, que es el promedio nacional de referencia. Y ninguna
otorga al 100 por ciento las seis prestaciones básicas a sus elementos.
“Los salarios no
son un problema, no porque diga que deben continuar en ese estado. Nicaragua,
igual que República Dominicana, tienen policías en esas condiciones. Sin
embargo, no necesariamente son las más corruptas. Es una cuestión de mejorar
todo un sistema de dignificación y profesionalización. Hay que brindarles
mejores no sólo salarios, sino prestaciones, acceso a créditos hipotecarios,
incentivos que les permita a los y a las policías sentirse parte de una
institución y responder por ella”, explicó Mendoza.
(SinEmbargo)