Tribuna Libre.- En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el
desvío de más de 200 millones de pesos con fines electorales por parte del
entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste
fue extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría
General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco
al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta
oprobiosa en tiempos de precampañas.
Durante los 214 días de prisión en Panamá,
Roberto Borge Angulo, el exgobernador priista de Quintana Roo no sólo perdió 20
kilos de su robusta figura sino también logró “adelgazar” los delitos que le
imputa la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia
ignoró los ilícitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de
pesos y los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.
Considerado uno de los grandes “piratas” del
erario federal y el de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda pública estatal
115% durante su mandato, desvío más de mil 464 millones de pesos recaudados por
el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la
Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del
erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la
PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal
de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron
parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de
Quintana Roo (IPAE).
La PGR sostiene en su acusación que esos 22
predios, que suman 7 millones 118 mil metros cuadrados, fueron rematados entre
2011 y 2014 por el IPAE a familiares del entonces gobernador y a una red de
prestanombres y amigos por debajo de su valor real. Los compradores pagaron
sólo 238 millones 790 mil pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones,
de ahí el quebranto calculado en poco más de 900 millones.
La madre de Borge, María Rosa Angulo
Castilla, se quedó con dos terrenos de 116 mil 196 metros cuadrados en la isla
de Cozumel por los cuales pagó una suma inferior a su valor real.
Otros beneficiarios, según la PGR, fueron el
empresario gasolinero Santiago Jiménez, el abogado César Celso González
Hermosillo, la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto, así como
una red de empresas como Caveri Servicios Inmobiliaria, Inmobiliaria Maguves,
Posada Diving Ranch, Rancho La Posadita e Inmobiliaria Matics.
La fiscalía estatal le imputa diversos
ilícitos a Borges por 3 mil 104 millones de pesos, pero desde julio pasado el
exgobernador obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación contra
delitos del fuero estatal.
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