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La Constitución marca que los diputados o
senadores tienen 30 días una vez publicada la norma para presentar este acto,
en el que se requiere el respaldo de al menos el 33 por ciento de sus
integrantes.
Ciudad de México. | 04 enero de 2018
Tribuna Libre.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) no ha recibido, hasta el momento, ninguna acción de inconstitucionalidad
en contra de la recién expedida Ley de Seguridad Interior, informó el Ministro
Presidente Luis María Aguilar Morales.
El pasado martes, durante la inauguración del
primer periodo de sesiones correspondiente a 2018, en el Salón de Plenos del
Alto Tribunal, el ministro Aguilar Morales expresó que, a pesar de que se ha
señalado en los medios de comunicación que se presentarían acciones para
impugnar la citada ley hasta este 2 de enero no hay ni una.
Al hacer una reseña de los asuntos de
relevancia que podrían resolverse en este primer semestre del año, el Ministro
resaltó el relacionado con el hecho de si el Comisionado Presidente del
Instituto Federal de Telecomunicaciones incurrió en una repetición del acto
reclamado al conocer de un recurso de inconformidad.
“El Pleno también se pronunciará, sobre la
validez de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de
réplica, al conocer de la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus
acumuladas, así como de un amparo en revisión”, señaló la SCJN en un comunicado
de prensa.
La Ley de Seguridad Interior fue avalada por
la madrugada del 16 de diciembre en el Senado de la República, con 71 votos a
favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de Acción
Nacional (PAN) y de Verde Ecologista (PVEM), y con 34 en contra de la
oposición, además de tres abstenciones. La votación se dio luego de más de 12
horas de discusión.
Ese mismo día, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) informó estaba en proceso de preparar un estudio de
acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y exhortó el
Ejecutivo Federal para que formule observaciones a la norma.
Las fracciones parlamentarias de oposición
también coincidieron en la necesidad de presentar una acción de
inconstitucionalidad.
“Estamos en diálogo con los grupos
parlamentarios necesitamos 167 firmas y creemos que las podemos lograr si la
mayoría PAN, PRD y Movimiento Ciudadano [MC] suman esfuerzos”, dijo José
Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de MC, el pasado 15 de
diciembre.
El pasado 21 de diciembre el Presidente,
Enrique Peña Nieto promulgó la Ley en medio de las críticas de organizaciones
civiles, activistas, ciudadanos y políticos de la oposición.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación
será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución
definitiva”, agregó. “La ley deja claro, y esto es muy importante, que en
ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus
responsabilidades, además las obliga a llevar a cabo un programa de
fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el
apoyo subsidiario de las autoridades federales” dijo Peña Nieto el día de la
promulgación.
La Constitución marca que los diputados o
senadores tienen 30 días una vez publicada la norma para presentar este acto,
en el que se requiere el respaldo de al menos el 33 por ciento de sus
integrantes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Human Rights Watch y Amnistía Internacional son algunos grupos que desde el
exterior del país que han alertado que la Ley de Seguridad garantizará más
violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones
extraoficiales.
