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Este año inició a tambor batiente en
Chihuahua. La investigación sobre las irregularidades cometidas en la
administración del priista César Duarte Jáquez arrojó algunos nombres que
llegan a las más altas esferas del PRI, lo que generó una respuesta brisca de
parte del Gobierno federal: la Secretaría de Hacienda detuvo los recursos que por
Ley le corresponden al estado, denunció Javier Corral Jurado, actual Gobernador
de Chihuahua. Hoy, el Gobierno de esa entidad y el federal se encuentran en
medio de un conflicto abierto y frontal.
Ciudad de México. | 17 enero de 2018
Tribuna Libre.- El abogado Paulo Díez Gargari, quien mantiene
una serie de litigios abiertos contra la empresa OHL, se sumó a la batalla
legal que la entidad emprendió y para él no hay otra opción: el Gobierno de
Enrique Peña Nieto debe entregar los recursos sin condición y extraditar a
César Duarte. “No hay nada más que discutir, nada más que acordar”, afirma.
Y esa negociación que no está en la mesa,
dice, es el “pacto de impunidad” que permitió a la administración federal tener
“el control” de los alcances que tuvo la detención de Javier Duarte de Ochoa y
Roberto Borge Angulo, “es el miedo terrible del Presidente Enrique Peña Nieto
por ser llevado a los tribunales, obligado a rendir cuentas y eventualmente ir
a prisión”.
Chihuahua inició la investigación para lograr
la detención y extradición del ex Gobernador César Duarte Jáquez, y en el
camino se topó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su
decisión de no transferir los recursos que, por Ley, le corresponden.
El actual Gobernador del estado norteño
Javier Corral Jurado notó que era necesario iniciar una estrategia jurídica y
solicitó al abogado Paulo Díez Gargari elaborar esa estrategia.
El abogado, que tiene ya una historia de
batallas con OHL y el Gobierno del Estado de México, ya tiene trazado el plan:
se presentarán una o dos controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), por una violación grave del pacto federal generada por una
afectación presupuestal y porque existe la intención de impedir al gobierno de
Chihuahua ejercer sus competencias en materia de lucha contra la corrupción,
previstas en el Artículo 113 de la Constitución.
“Esas son las dos exigencias del Gobierno de
Chihuahua: entreguen los recursos sin condición y extraditen a César Duarte. No
hay nada más que discutir, nada más que acordar”, comenta en entrevista con
SinEmbargo.
Desde su perspectiva este caso no tiene
margen de derrota, sólo un enemigo poderoso que sabe defenderse.
En el fondo, dice, lo que está de por medio
es el “miedo terrible del Presidente Enrique Peña Nieto por ser llevado a los
tribunales, obligado a rendir cuentas y eventualmente ir a prisión. Ese miedo
hace que el Gobierno federal actúe de una manera absurda, irracional y violenta
que es que lo que vemos con [el caso] Chihuahua”.
Lo que el Gobierno de Peña Nieto quiere
impedir, añade, es la extradición del ex Gobernador sin tener control de los
alcances de la investigación, como dice que lo tuvo en Veracruz con Javier
Duarte de Ochoa y en Quintana Roo con Roberto Borge Angulo.
Actualmente, la Fiscalía General del Estado
de Chihuahua realiza una investigación sobre la triangulación de recursos
públicos para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en 2016, en la que estaría involucrado el ex Gobernador César Duarte y otros
miembros del tricolor, como el ex dirigente nacional priista Manlio Fabio
Beltrones, y el ex secretario general adjunto priista, Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez, quien está señalado de desviar 250 millones de pesos.
Para Javier Corral, esto es una señal de que
el Presidente Peña está preocupado por los alcances de las investigaciones
contra Duarte y contra quien resulte implicado. Por eso dice que si el gobierno
no claudicará, pero Chihuahua tampoco lo hará en su lucha contra la corrupción.
No obstante, Fernando Galindo Favela,
subsecretario de Egresos de la SHCP, ha señalado que se “le ha cumplido a los
chihuahuenses”, entregando, a través del Gobierno del estado, los recursos
económicos que le corresponden por ley.
El Fondo de Fortalecimiento Financiero, que
es donde se supone que deben salir los recursos, es un fondo que la Secretaría
de Hacienda administra con absoluta discrecionalidad.
Datos obtenidos de un estudio elaborado por
México Evalúa, muestran que este fondo durante el 2017 tenía un presupuesto
autorizado de 3 mil 300 millones de pesos. Al 30 de septiembre de 2017, se
habían ejercido más de 32 mil millones de pesos.
La entidad que más recibió fue el Estado de
México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017, mientras que el estado que menos
recibió, fue Chihuahua: 60 millones de pesos.
“Que no nos digan que no hay un castigo a un
pueblo. No al gobierno, porque la lucha va más allá del gobierno”, sostuvo
Díez.
–¿Cómo describiría una batalla en la que se
lucha contra Hacienda?
–No creo que ese sea el rival. El rival es el
sistema y es mucho más que sólo la Secretaría de Hacienda. Pensamos presentar
ante la SCJN, me parece el lugar privilegiado para el diálogo democrático; es
un lugar privilegiado para llevar los temas de la agenda nacional y este, el de
Chihuahua es uno de ellos, porque tiene que ver con la Constitución, tiene
impacto federal y está en medio de la lucha contra la corrupción y la
impunidad.
Esta lucha siempre es desigual. Casi, por
definición, los corruptos son los poderosos y más en una sociedad como la
nuestra, pero al final del día tenemos derecho, instituciones y ahí se tiene
que dar la batalla. Y si los tribunales nacionales no fueran suficientes para
eso, están las instancias internacionales. Lo importante en estas batallas es
librarlas hasta el final, porque la apuesta de los corruptos es que su
contraparte, no tendrá la fuerza para aguantar el tiempo ni los recursos
necesarios para esto, pero la batalla hay que darla aunque sea desigual.
–Si partimos de que es el sistema, ¿qué
ocurre ahí para que se utilice a una de las secretarías más importantes del
país para este tipo de fines?
–Es terrible y es una de las cosas que
llevaremos a la Corte porque se trata, ni más ni menos, que del uso de la
Hacienda Pública como un medio de control político para premiar a los
gobernadores bien portados y para castigar a los rebeldes. Esto no debe ser y
es justo lo que está de fondo. El Fondo de Fortalecimiento Financiero, que es
donde se supone que deben salir los recursos, es un fondo que la Secretaría de
Hacienda administra con absoluta discrecionalidad y le distribuye más dinero a
aquellos estados en los que tiene un interés particular y partidista,
desgraciadamente.
Un ejemplo numérico: este fondo, durante el
2017 tenía un presupuesto autorizado de 3 mil 300 millones de pesos. Al 30 de
septiembre de 2017, se habían ejercido más de 32 mil millones de pesos. Un
sobre ejercicio increíble. Y la entidad que más recibió, adivinaste, es el
Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017, mientras que el estado
que menos recibió, fue Chihuahua: 60 millones de pesos. El promedio por estado
sería como de mil millones de pesos y Chihuahua está con 60 millones. Que no
nos digan que no hay un castigo a un pueblo. No al gobierno, porque la lucha va
más allá del gobierno.
Lo primero que a mí me motivó aceptar la
invitación del Gobernador Corral, es la lucha contra el agravio casi vergonzoso
cometido contra la gente, porque cuando el Gobierno federal niega estos
recursos al Gobierno del Estado de Chihuahua, no lo afecta a él, afecta al
pueblo porque le impide al gobierno cumplir con sus tareas básicas: seguridad
pública, salud, educación.
Lo que es verdaderamente grave es una intención
del Gobierno federal de impedir que las investigaciones y los procesos penales
en curso en Chihuahua, algunas de las cuales involucran a personajes del más
alto nivel del PRI Nacional, vayan adelante. El sistema, el Gobierno federal,
el Presidente Peña y el PRI saben que esto puede ser el principio del fin del
régimen. No es exageración. Todos sabemos que vivimos en un país en el que la
corrupción es quizás, el problema más grave. Nunca antes habíamos tenido una
investigación bien hecha y perfectamente documentada de principio a fin y eso
es lo que aterra al sistema, lo que explica su reacción tan violenta.
No es lo mismo extraditar a Javier Duarte o a
Roberto Borge que a César Duarte. En el caso de los otros dos están protegidos
o encapsulados por el pacto de impunidad que desgraciadamente no se queda en el
PRI, es un pacto transversal que afecta a otros partidos políticos, e incluso,
a buena parte del sector privado. Esa es la diferencia. Extraditar a un
Gobernador o procesarlo, incluso encarcelarlo, no destruye el pacto de
impunidad. Puedes traerlos bajo una investigación acotada, que se conozcan los
alcances y en el caso de Chihuahua esa posibilidad no existe y es lo que hace
novedoso este caso. Si el Gobierno federal pudiera llegar a un acuerdo con el
estado de Chihuahua para traer a César Duarte y delimitar los cargos, ya lo
tendríamos aquí y por eso la respuesta.
–Están también los funcionarios de Hacienda
que han salido a argumentar el tema del dinero de Chihuahua, con argumentos
como que no depositaron por un error en un número de cuenta. ¿Cuál es el nivel
de los funcionarios en este tema?
–Esta es una comedia de equivocaciones de
principio a fin. Justo en el momento en el que el gobernador Corral daba su
mensaje a medios de comunicación el pasado 8 de enero, la SHCP publicó un
comunicado de prensa en el que según ellos trataban de explicar qué es lo que
ocurría y que ellos cumplían con el marco legal. Pero en realidad era un tema
engañoso y no se refería a lo que el Gobernador estaba exigiendo. Hacienda
habló de las participaciones federales y a las aportaciones de fondos federales
que se hacen al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal. A lo que se refería el
Gobernador era un subsidio por 700 millones de pesos que estaba pactado en un
convenio y que tenía que haberse cumplido. El subsecretario Miguel Messmacher
Linartas fue uno de los que estaba presente en esa reunión en la que el
Secretario José Antonio González Anaya, le dice al Gobernador Corral que no le
daría los recursos hasta no saber el alcance de las investigaciones y los
procesos penales.
Sale Messmacher en una entrevista y en más de
una ocasión señaló que la Secretaría no iba a entregar esos recursos hasta que
no supiera el alcance de la investigación. Eso es una barbaridad porque pareció
que decía que no se iban a liberar los recursos hasta que el proceso penal en
contra de Alejandro Gutiérrez y de algunos otros miembros del PRI,
probablemente, concluyeran. Y eso puede tomar meses o años. Es un sinsentido.
Cuando escuché eso no lo podía creer porque
es una confesión de delitos. Era el Subsecretario reconociendo lo que Corral
había denunciado y reiterando que no iban a entregar los recursos. La SHCP se
dio cuenta y el Secretario empezó a decir que lo que no había era suficiencia
presupuestaria. Estuvo la ocurrencia anterior de un número de cuenta equivocado
y ante eso no hay nada que decir, si un niño lee las primeras planas de los
diarios entenderá que aquello es de risa. Me parece vergonzoso que la
Secretaría recurra a un argumento como esos.
En cuanto a la suficiencia presupuestaria, el
tema deriva de un convenio firmado el 14 de diciembre. Es un convenio para el
otorgamiento de subsidios por 700 millones de pesos que deriva del Fondo para
el Fortalecimiento Financiero. Es verdad que la entrega de esos convenios está
sujeta a la disponibilidad presupuestal. Pero esto se firma el 14 de diciembre
y por lo tanto hay disponibilidad, si no la hubiera no se firma el contrato.
Ahí había un compromiso ya formal. Tenían que entregarse esos recursos.
Disponibilidad presupuestal había y de sobra, porque Messmacher había dado
conferencias en las que anunció que el año se iba a acabar con excedentes muy
importantes, pero en el último boletín, el del domingo 14 de enero, dicen que
tampoco Tlaxcala y Zacatecas tuvieron disponibilidad presupuestaria y eso es
mentira.
Hay un estudio de México Evalúa, en el que se
puede ver que el Estado de México ha recibido 5 mil 251 milloneshasta el 30 de
septiembre, y Chihuahua 61 millones. Estos señores dicen que no hubo
disponibilidad para Tlaxcala, pero se le puede decir al Secretario, con cifras
y documentos que está mintiendo: Tlaxcala, al 30 de septiembre, había recibido
ya 224 millones casi cuatro veces más que Chihuahua.
No podemos seguirnos comportando más de esta
manera y dejar que la Secretaría de Hacienda piense que somos unos tontos que
no leemos. Los ciudadanos tenemos que mantenernos cada vez más exigentes y
poner alto a las ocurrencias […]. En el caso Tlaxcala es claro que está
mintiendo.
En el estudio de México Evalúa del Fondo de
Fortalecimiento Financiero, señala que en 2016 tuvo un presupuesto autorizado
de mil 560 millones de pesos, pero se ejercieron 64 mil millones de pesos. De
esos recursos Hacienda no le rinde cuentas a nadie. No nos dice por qué los
distribuye como lo hace, ni cuándo ni nada.
En 2017, lo aprobado eran 3 mil 344 millones
de pesos, pero al 30 de septiembre se habían gastado 32 mil 806. Es al final
del año cuando más presupuesto se reparte de este fondo, de modo que es
probable que este año tengamos un total de 50 mil millones de pesos. Eso es año
tras año.
Cuando vemos las cifras del Estado de México,
lo primero que salta es 5 mil 291 millones de pesos en el año de la elección
para Gobernador. Ese es el uso partidista, estos son los disfraces de aparente
legalidad que utiliza el gobierno para llevar a cabo actos que son delictivos;
transferir miles de millones de pesos cada año del presupuesto federal a las
campañas políticas, a sus gobernadores bien portados, a los de su partido y a
los que ellos escogen de la oposición –a lo que me refería con el pacto de
impunidad–. Por eso el sistema ha sido tan eficaz en su faceta corruptora. Es
un modelo diseñado por el PRI y ha logrado silenciar e incorporar a muchos
otros gobernadores de otros partidos políticos.
–¿Cómo se le hace para obtener resultados
concretos? El dinero que se transfiere a las campañas es una especie de secreto
conocido por todos y que se repite.
–En la estrategia jurídica vamos a llevar a
cabo varias acciones. La más importante es que desde el punto de vista del
Gobierno del estado son una o dos controversias constitucionales que van a
atacar el incumplimiento de la SHCP en la entrega de recursos y segundo, la
omisión del Gobierno federal de solicitar la extradición de César Duarte. Ambos
están relacionados: la falta de entrega de los recursos está absolutamente
relacionada con la extradición de César Duarte, que ha sido retrasada por el
Gobierno federal a pesar de las 10 órdenes de aprehensión emitidas por tribunales
estatales y una orden de aprehensión federal emitida por la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El Gobierno federal no hace nada porque no
tiene las condiciones, como las tuvo en otros estados, para traer al ex Gobernador.
En Chihuahua no controlan ellos y esta represalia de no entregar el recurso
justo reprende eso, esa negativa marca una primer gran diferencia. El
Gobernador Corral ha sido muy claro en decir que no se negociará nada y en
exigir los recursos sin condición alguna. La controversia constitucional es un
mecanismo de control de la regularidad constitucional de normas jurídicas o de
actos. Tradicionalmente la Corte había admitido el criterio de que las
controversias tenían que estar relacionadas con una invasión de la esfera
competencial de los estados, pero poco a poco ha ido flexibilizando ese
criterio, de modo que ahora basta con que haya un indicio de un agravio al
Estado, que puede ser un tema presupuestal o cualquier otro ámbito previsto en
la misma Constitución.
La novedad es esa: vamos a ir a la SCJN a
decir que no sólo se trata de una violación muy grave del pacto federal que me
genera una afectación presupuestal terrible, que me impide cumplir con mis
funciones básicas como estado, sino que además, existe la intención de impedir
al Gobierno de Chihuahua que ejerza sus competencias en materia de lucha contra
la corrupción que están previstas en el Artículo 113 de la Constitución. Esas
son las dos exigencias del Gobierno de Chihuahua: entreguen los recursos sin condición
y extraditen a Duarte. No hay nada más que discutir, nada más que acordar.
–Usted mencionó el descontento social que
podría ocasionar que esta lucha que inicie no llegue a buen puerto. Usted que
ya ha librado otras batallas, ¿qué ve en el caso Chihuahua que lo lleva a poner
todas las fuerzas?
–A nivel personal me parece conmovedor y muy
esperanzador. Lo que yo vi en Chihuahua este fin de semana era algo que no
había visto. Una concentración de personas que no parecían acarreadas, que
estaban por su propia voluntad, con mucho ánimo, muy molestos, sintiendo el
agravio del Gobierno federal. Yo estuve ahí para hacerle ver a la gente que no
es solo una lucha de Chihuahua ni por el pueblo de Chihuahua solamente. Es una
batalla mucho más amplia, por México, contra la corrupción y la impunidad.
Viendo ese ánimo social en un país que a
veces parece tan apático, ya cansado, frustrado de que nunca hay resultados, es
muy esperanzador ver a los chihuahuenses con mucha alegría, dispuestos a dar la
batalla y creo que nos corresponde a todos los demás acompañarlos en la medida
que podamos.
Me entrevisté allá con gente de la sociedad
civil, empresarios y personas físicas. Todos están muy entusiasmados y me
manifestaron que ellos están dispuestos a emprender su propia batalla y
acordamos que la estrategia jurídica trabajaría en la promoción de amparos que
serán presentados por ellos contra esos dos actos, a un nivel distinto. Es
doblemente motivador porque cruza con este camino que emprendí hace algunos
años de la lucha contra la corrupción y la impunidad, primero centrado en el
caso OHL y luego más allá, en el caso del Estado de México.
Yo creo que eso le preocupa al Gobierno
federal, que soy yo quien está encabezando la defensa jurídica de Chihuahua,
porque entienden lo que eso significa, que puede haber este tipo de
investigaciones en otros estados. Sin embargo, la diferencia es que en el
Estado de México no hubo alternancia y en Chihuahua sí y además el gobernador
es peculiar, por decirlo de alguna manera, en el espectro político-partidista.
No es un individuo que uno pueda encasillar y esa independencia es la que nos
tiene aquí.
Hubo un tema que yo denuncié, no solo en los
medios sino ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este desvío de mil 600 millones de
pesos que se hizo en septiembre de 2016, de otro aparente subsidio
–completamente ilegal– y que directamente a financiar la campaña política de
Alfredo del Mazo para Gobernador en el Estado de México. ¿Cuántas veces se ha
repetido esto en los estados de la República? Eso es lo que tenemos que empezar
a investigar seriamente a partir de Chihuahua. El hecho de que la sociedad vea
que sí se puede, que aunque el enemigo es grande y poderoso, si se hacen bien
las cosas, cuando se actúa correctamente, es posible ganar las batallas, no
solo pelearlas.
Yo me considero en algunas cosas un soñador,
pero no soy de los pelean sus batallas para perderlas, algunas se podrán
perder, pero todas las peleo para ganarlas y estoy seguro que esto se va a
ganar porque no existe margen para la derrota. Si esta pelea no gana Chihuahua,
el daño para el país será enorme en términos de esta frustración social tan
grande que hoy ya existe y que crece cada vez que la sociedad cree que se
ganarán casos que están perfectamente documentados y se pierden. Hoy tenemos la
oportunidad de empezar a cambiar la historia. De cambiar este régimen de
impunidad y permitir que nuestro país comience a retomar el rumbo, un rumbo que
no tenemos.
–¿El caso Chihuahua le dará otro tinte al
último año de administración de Enrique Peña Nieto?
–No hay duda. La violencia de la reacción del
Gobierno federal no se explica sino en función del miedo terrible de Peña Nieto
por ser llevado a los tribunales, obligado a rendir cuentas y eventualmente ir
a prisión. Eso es lo que está en juego. Ese miedo hace que el Gobierno federal
actúe de una manera absurda, irracional y violenta que es que lo que vemos con
Chihuahua. La corrupción es el problema más grave de México, pero cuando la
corrupción la vinculas al financiamiento ilegal de los partidos políticos,
entonces lo que era un acto ilegal de corrupción aislado, se convierte en la
norma, en algo permanente, porque el corruptor y el corrompido siguen ligados
en el tiempo y se ven obligados a mantener esta relación perversa en la que hay
que seguir corrompiendo y mantener los privilegios.
(SinEmbargo)