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José Antonio Meade Kuribreña, quien fue
Secretario de Estado en cinco ocasiones, se abstuvo siempre de hacer público su
patrimonio por completo. Sus declaraciones patrimoniales estuvieron cerradas
ante los ciudadanos durante los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. A
partir del peñanietismo las hizo públicas, pero sólo de manera parcial. Hoy
presentó su programa para abatir la corrupción que incluye “la fiscalización
patrimonial” obligatoria y dijo: “Puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he
obtenido, con transparencia y sin simulaciones”.
Tribuna Libre.- Hasta hoy, los servidores públicos están
obligados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas a presentar
ante la Secretaría de la Función Pública su declaración patrimonial y de
intereses. La dependencia las cuelga en Declaranet plus. Pero si el funcionario
no quiere, los bienes, valores y posibles conflictos de interés no aparecen.
En sus 17 años de servicio público, José
Antonio Meade Kuribreña publicó ante los ciudadanos sólo una parte de su
fortuna. Quien fuera Secretario de Estado en cinco ocasiones dio a conocer
declaraciones patrimoniales completamente cerradas en las que sólo aparecía su
Currículum, mientras perteneció a los Gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada
(2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). A a partir de 2012, al
iniciarse el Peñanietismo, las hizo públicas, pero de manera “parcial”.
Al principio, de 2000 a 2012, cuando ingresó
al servicio público fue muy discreto y sólo permitió que se publicara su
currículum escolar y laboral. Si se siguen los datos abiertos del suspirante
tricolor, no puede saberse si acumuló riqueza en ese periodo que abarca poco
más de una década.
A partir de 2012, cuando se iniciaba el
Gobierno priista de Enrique Peña Nieto, declaró que poseía un terreno, una
construcción y un auto, además de varias cuentas bancarias. Tenía también un
préstamo personal que pidió en octubre de 2011 y finiquitó en 2014.
Lo que jamás dijo ante los ciudadanos fue
cuánto valían sus posesiones.
Hoy,
en un acto en el que estuvo acompañado por los representantes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Unión, así como por los
dirigentes de la coalición “Todos por México” que lo desea postular, Meade
Kuribreña dio a conocer su propuesta para combatir la corrupción que incluye
hacer obligatoria la certificación patrimonial, un concepto contable que
implica auditar la capacidad del funcionario para adquirir posesiones, así como
el origen de sus fondos.
Y más tarde, de gira por Morelia, Michoacán,
planteó: “No es suficiente que presentemos la 3de3, no es suficiente saber que
se presentó la declaración de impuestos. Lo importante es que esas
declaraciones sean consistentes entre sí, consistentes con los registros
públicos de la propiedad y consistentes con la realidad que el ciudadano puede
observar.
LA
PROPUESTA DE MEADE
Al candidato le bastó menos de un minuto para
presentar su propuesta para amainar el mal de la corrupción que según todos los
cálculos le cuesta a México 10 por ciento de su Producto Interno Bruto.
En su discurso de hoy por la mañana asentó:
“Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Puedo acreditar de qué vivo y
cómo lo he obtenido, con transparencia y sin simulaciones”.
El suspirante no abundó en lo que significa
la certificación patrimonial y cómo se realizaría. Hizo hincapié en que “los
fiscales especializados” en el combate a la corrupción tendrán facultades para
“ejercer la extinción de dominio” de manera ágil, equilibrada y justa.
Además de la obligación de la certificación
patrimonial, la propuesta del precandidato incluye estos otros dos puntos:
Recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para
canalizarlos a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres, así como
aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos.
Horas después de que Meade Kuribreña presentó
su propuesta, los diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) reclamaron en Twitter la autoría de la iniciativa.
“La iniciativa #Anticorrupción presentada por
@JoseAMeadeK es un plagio, con punto(s) y comas, de la iniciativa presentada
por nuestra bancada en enero del año pasado y que @DiputadosPRI se han negado a
aprobar (en) esta legislatura: @rocionahle”, fue su publicación.
INFORMACIÓN
PARCIAL
Hasta hoy, los servidores públicos están
obligados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas a presentar
ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) su declaración patrimonial y de
intereses; pero no tienen ningún deber establecido para hacerla pública ante
los ciudadanos. Ello impide que cualquier interesado pueda darse cuenta de la
evolución de las fortunas de los burócratas.
La SFP, cuyo encargo legal es la vigilancia
del buen desempeño de quienes ocupan puestos en el Gobierno, coloca la
declaración en el portal Declaranet plus para que cualquier interesado la pueda
consultar. Se publica tal cual desea el funcionario. Es decir, si no quiere que
los ciudadanos se enteren de cuántas casas o cuánto dinero tiene, estos bienes
simplemente no aparecen. Otro dato que pueden guardarse los integrantes del
Gobierno es el valor de sus posesiones.
Meade Kuribreña, el precandidato priista, fue
coordinador de asesores del entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens
(2006-2008) y luego Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda que
ocupaba Ernesto Cordero (2008-2010), subsecretario de Hacienda y Crédito
Público (2010-2011), Secretario de Energía (unos meses de 2011) y Secretario de
Hacienda (2011-2012). Todas las declaraciones patrimoniales bajo su nombre
cuando ocupó esos cargos indican: “El servidor no aceptó hacer públicos sus
datos patrimoniales”.
Mientras perteneció al Gabinete de Enrique
Peña Nieto, cuando ocupó las Secretarías de Relaciones Exteriores (2012-2015),
la de Desarrollo Social (2015-2016), así como la de Hacienda y Crédito Público
(2016-2017), la decisión de Meade Kuribreña siempre fue que en su declaración
aparecieran sus propiedades muebles e inmuebles, así como sus inversiones, pero
ningún valor ni ningún monto. En otras palabras, ninguna cantidad que brindara
una idea de cuánto posee en dinero. Siempre, en esos años, Meade suscribió la
leyenda: “Sí estoy de acuerdo en hacer públicos parcialmente mis datos
patrimoniales”.
LO QUE
MEADE SE GUARDABA
Mientras integró el Gabinete del Presidente
Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade jamás hizo públicos los valores de sus
bienes que –según sus declaraciones-
eran un terreno, una construcción y un auto, ni los montos de sus varias
cuentas bancarias, como tampoco de cuánto fue el préstamo personal que pidió en
octubre de 2011 y finiquitó en 2014.
Después de 12 años en los que gobernaron
gobiernos emanados del PAN, en 2012, el Revolucionario Institucional recuperó
el poder presidencial. Enrique Peña Nieto fue investido como Jefe del Ejecutivo
el 1 de diciembre de ese año. Dos días después nombró a su equipo de trabajo.
En la baraja de nombres, José Antonio Meade Kuribreña era el único funcionario
que había trabajado con la Administración antecesora. Político sobreviviente
del enroque, se convirtió en Secretario de Relaciones Exteriores.
Fue a partir de entonces cuando empezó a
admitir que sus bienes se dieran a conocer ante los ciudadanos. Cuando en enero
de 2013 presentó su declaración “inicial” en la Cancillería publicó por primera
vez que era dueño de un terreno de 254 metros cuadrados que adquirió el 1 de
noviembre de 2012, así como un coche Honda FIT modelo 2007, del que se hizo el
13 de febrero de 2007.
En 2012, José Antonio Meade Kuribreña no
tenía casa propia, pero sí esculturas y cuadros que compró al contado en 2008 y
2009.
En mayo del mismo año, dijo ante los
ciudadanos en su declaración patrimonial que había iniciado el ahorro en su
seguro de separación individualizado, que tenía una cuenta bancaria, cuatro
tarjetas de crédito y un préstamo personal que había adquirido en 2011. ¿De
cuánto era todo eso? No es posible saberlo sólo con los datos abiertos de
Meade.
MEADE Y
LA FORTUNA
En 2014, el ahora precandidato priista
declaró que en el terreno que compró al principio de la Administración de
Enrique Peña Nieto, había construido 145 metros cuadrados. Un año después, en
agosto, fue nombrado Secretario de Desarrollo Social y su cargo en la
Cancillería lo ocupó Claudia Ruiz Massieu.
Hasta ese momento de su carrera, su fortuna
se integraba por una construcción, un terreno, un coche 2007 y obras de arte.
Los valores de todo ello continuaban como una incógnita ante los gobernados.
En 2016, tras la visita de Donald Trump a
México, Luis Videgaray Caso, quien era Secretario de Hacienda y Crédito Público
presentó su renuncia (fue el costo por asesorar al Presidente de recibir al que
aún era candidato) y fue sustituido por Meade Kuribreña. Ese año, el suspirante
presidencial vendió su Honda FIT 2007. Le pagaron al contado. En agosto
adquirió también al contado otro Honda FIT, modelo 2017.
POR QUÉ
PUDO MEADE NO HACER PÚBLICOS SUS VALORES
En 2016, varias organizaciones no
gubernamentales cuya causa es el combate a la corrupción promovieron en el
Congreso de la Unión la denominada “Ley 3de3″ que pretendía obligar a todos los
funcionarios públicos a publicar su declaración fiscal patrimonial y de
intereses. Esta propuesta era parte del Sistema Nacional Anticorrupción y tenía
la finalidad que los ciudadanos conocieran de cabo a rabo lo que tiene un
funcionario público.
Después de una campaña de difusión de meses,
las organizaciones recabaron 634 mil firmas para que la Ley fuera aprobada.
Pero no pasó. La madrugada del 15 de junio de ese año, el PRI y el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la
acotación de que las declaraciones patrimoniales y de intereses debían ser
públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.
Y al final, sólo se le hizo una adenda al
artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo
quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de
impuestos quedó fuera.