*Para
señalar expresamente a qué ente corresponde la recepción y revisión de la
declaración patrimonial de funcionarios en el Poder Legislativo y en los
municipios.
Xalapa, Ver. | 26 enero de 2018
Tribuna Libre.- Para armonizar las disposiciones estatales
con lo aprobado en el Congreso de la Unión, en relación a la presentación de
las declaraciones patrimoniales, la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz dio
entrada a la iniciativa de reforma a los artículos 71 y 76 de la Constitución
Política del Estado para señalar expresamente a qué ente corresponde la
recepción y revisión de estos documentos.
En la sesión, la Mesa Directiva turnó a la
Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, la propuesta signada por los
grupos legislativos del PAN y del PRI para establecer que al Congreso del
Estado de Veracruz le corresponde llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores
públicos del Poder Legislativo.
También busca señalar que los ayuntamientos
establecerán sus propios órganos internosde control autónomos, los cuales
deberán llevar el registro de la situación patrimonialde los servidores
públicos municipales, así como desarrollar su función de conformidad con lo que
establezca la ley.
Los servidores públicos municipales estarán
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial
y de intereses ante el órgano interno de control que corresponda, en los
términos que determine la ley. Todo servidor público será responsable por la
comisión de delitos en el ejercicio de su encargo.
La iniciativa subraya que es del conocimiento
público que la declaración de la situación patrimonial de los servidores se
realiza con el fin de tener un control respecto de la situación de su
patrimonio, esto es, sus ingresos, bienes muebles e inmuebles, inversiones
financieras y adeudos.
Destaca que uno de los objetivos, estrategias
y líneas de acción que tiene el establecimiento del sistema local
anticorrupción del Estado de Veracruz es instaurar el procedimiento para
determinar la evolución patrimonial de la declaración de intereses y
presentación de declaración fiscal de los servidores públicos, a través de un
balance de sus percepciones y gastos a fin de detectar posibles
enriquecimientos ilícitos.