*El
secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, reiteró el compromiso del
gobierno de la República con la legalidad y la democracia.
Ciudad de México. | 02 febrero de 2018
Tribuna Libre.- El Secretario de Desarrollo Social, Eviel
Pérez Magaña, reiteró el compromiso del gobierno de la República con la
legalidad y la democracia, por lo que se acatará la instrucción del Presidente
Enrique Peña Nieto para evitar que se haga mal uso de los programas sociales en
el proceso electoral del presente año.
En el marco de la firma del Adendum para
coordinar acciones y estrategias de apoyo en materia de blindaje electoral,
dijo que se hará efectivo dicho procedimiento “en todas nuestras delegaciones,
en nuestros programas, en cada comedor comunitario, estancia infantil, lechería
o tienda rural”.
Ante el subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales y Encargado de Despacho de la Procuraduría General de la
República, Alberto Elías Beltrán; la secretaria de la Función Pública, Arely
Gómez González; el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos
Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana,
y el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo
Córdova Vianello, como testigo de la firma, el secretario Eviel Pérez Magaña
destacó la importancia de dicho instrumento y su esfuerzo interinstitucional
para garantizar la aplicación transparente e imparcial de los recursos
públicos.
“Para nosotros, en la Secretaría de
Desarrollo Social, el blindaje electoral es un tema que nos tomamos muy en
serio, porque es una obligación normativa y por la cercanía que tenemos con
diversos sectores de la población en todo el territorio nacional”, señaló.
Al afirmar que los comicios del 2018 serán
los más complejos en la historia de México, el responsable de la política
social del país destacó que desde hace dos décadas la alternancia y la
pluralidad forman parte de nuestra realidad política. “Hoy México se construye
con la participación de muchas voces y eso nos fortalece como sociedad y
enriquece nuestro proyecto de nación”, puntualizó.
Estamos obligados, dijo, “a cuidar estos
avances democráticos, y de ahí la importancia de los esfuerzos que realizamos
para que el proceso electoral de este año sea un acontecimiento ejemplar,
transparente y apegado a Derecho. Por ello, celebro que nos hayamos reunido
aquí para firmar este Adendum al Convenio de Colaboración con la Procuraduría
General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Fepade”.
A su vez, la secretaria de la Función
Pública, Arely Gómez González, destacó el compromiso para fortalecer la
participación de la Contraloría Social en la vigilancia de recursos públicos
etiquetados para programas federales de desarrollo social. La Contraloría
Social, explicó, es un mecanismo de colaboración ciudadana, en el que los beneficiarios
de dichos programas monitorean el uso de los recursos.
En ese marco, convocó a ciudadanos, medios de
comunicación y a la sociedad civil a participar en la vigilancia de la correcta
utilización del dinero público y a utilizar los mecanismos de denuncia, en caso
de un fin distinto a los programas de desarrollo social.
Durante 2017, informó, dependencias de la
Administración Pública Federal tenían constituidos más de 78 mil comités de
Contraloría Social en 34 mil localidades de las 32 entidades federativas.
En su oportunidad, el fiscal Especializado
para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, puntualizó
que con este documento “queremos que los nexos entre instituciones y democracia
aseguren y garanticen la equidad en la contienda electoral, una democracia de
calidad, fundada en el respeto a las reglas, la transparencia, la rendición de
cuentas y la participación ciudadana”.
Dijo que este blindaje electoral permitirá
que las instituciones ofrezcan certeza a la sociedad y que los recursos
públicos mantengan su ruta original que es: ofrecer bienes públicos y servicios
para atender las necesidades de los grupos sociales en condición de
vulnerabilidad.
Por su parte, el Consejero Presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que el Adendum “es una buena noticia para
la equidad y el desarrollo del proceso electoral más grande que hayamos vivido
en nuestra historia democrática”.
Lo que subyace en este instrumento, dijo, es
un compromiso público de las instituciones firmantes para impedir que los
servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a los recursos
del Estado y evitar que los programas sociales se conviertan en una fachada
para encubrir intereses partidistas o personales.
Córdova Vianello resaltó que las reglas del
juego democrático establecen roles diferenciados para las autoridades
gubernamentales, las instituciones electorales, los partidos y contendientes,
así como para organizaciones de la sociedad y la ciudadanía.
El objetivo de este instrumento es garantizar
la absoluta imparcialidad en el uso de los recursos públicos durante los
comicios que se realizarán en toda la República.
Cabe señalar que el documento firmado en las
instalaciones de la Sedesol, incluye acciones de vigilancia y supervisión
encaminadas a que ninguna persona condicione la entrega de recursos y apoyos a
cambio del voto, el acompañamiento en el resguardo de inmuebles y parque
vehicular los días previos a la jornada electoral, así como las acciones de
capacitación en materia de blindaje electoral y causas de responsabilidad
administrativa de los servidores públicos. Dichas acciones están orientadas a
fomentar la cultura de la legalidad, la prevención del delito y el combate a la
corrupción.