*La
magistrada presidenta del TEPJF indicó que la democracia demanda que los
ciudadanos puedan vigilar cómo se ejercen los recursos públicos y cómo se toman
las decisiones.
*El
derecho a saber maximiza sustancialmente el derecho a elegir y, por tanto,
refuerza la estructura democrática fundamental del Estado mexicano, afirmó el
magistrado Felipe Fuentes Barrera.
*Para
promover la cultura de la transparencia, la protección de los datos personales
y adoptar las mejores prácticas en la materia, el TEPJF y el INAI firman un
Convenio General de Colaboración.
México, D.F. | 10 febrero de 2018
Tribuna Libre.- La magistrada
presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que, en un sistema
democrático pleno, el escrutinio público sobre las instituciones debe ser una
realidad inobjetable, incluyendo a las que imparten justicia. “Sin
transparencia no hay certeza en la democracia”, dijo.
“La democracia en un país no se limita a la
celebración periódica de elecciones ni a la renovación de cargos al interior de
los órganos de poder: la democracia implica, además, asumir prácticas y
acciones de transparencia en todas las instituciones públicas”, aseveró la
magistrada Otálora Malassis en la firma del Convenio General de Colaboración
entre el TEPJF y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La magistrada presidenta Otálora Malassis, el
presidente de la Comisión de Transparencia del TEPJF, magistrado Felipe Fuentes
Barrera, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas y la
comisionada Ximena Puente de la Mora, suscribieron el Convenio de colaboración,
acompañados por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, los magistrados Felipe
de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón y José
Luis Vargas Valdez, así como los comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar
Mauricio Guerra Ford.
La magistrada presidenta del TEPJF sostuvo
que la democracia demanda que los ciudadanos puedan vigilar cómo se ejercen los
recursos públicos y cómo se toman las decisiones que a todos conciernen, así
como supervisar que las distintas contrataciones y licitaciones se apeguen
siempre a derecho. “La democracia también exige que las autoridades protejan
los datos personales que obran en su poder, a fin de que no se haga mal uso de
ellos y que no caigan indebidamente en manos de terceros”, expresó.
“El pleno de la Sala Superior del TEPJF, al
instalarse formalmente en noviembre de 2016, señalamos que nuestras actuaciones
siempre serán visibles antes todos, en el pleno respeto al principio de la
transparencia que rige el actuar de todo servidor público del Estado mexicano.
Asumimos públicamente el compromiso de entregar cuentas claras y transparentes
de los recursos asignados al Tribunal, ese será siempre uno de nuestros
compromisos, y éste ha sido y será la guía de nuestro actuar”, apuntó Otálora
Malassis.
El derecho a saber y el derecho a elegir
tienen una vinculación indisoluble en los sistemas democráticos: Fuentes
Barrera
Por su parte, el magistrado Fuentes Barrera
indicó que, en un sistema de libertades como el nuestro, quien más conoce,
ejerce mejor sus derechos. Esta fórmula cobra especial relevancia cuando se
trata de cuestiones electorales porque el conocimiento de los postulados de
precampaña y campaña, por citar solo un ejemplo, lleva a los votantes a tomar
decisiones informadas, dijo.
El magistrado destacó que los esfuerzos de
las instituciones, cuya competencia es la electoral, no deben ceñirse
exclusivamente a garantizar que se reciba esa información electoral, pues el
compromiso incluye poner a disposición de la población elementos informativos
de interés público, relacionada con la gestión, que abonen a la construcción de
una cultura democrática.
“El derecho a saber maximiza sustancialmente
el derecho a elegir y, por tanto, refuerza la estructura democrática
fundamental del Estado mexicano”; por ello, el Tribunal Electoral debe hacer
públicas las razones que le llevan a fallar en determinado sentido, así lo
disponen las obligaciones de transparencia contenidas en el entramado legal en
materia de transparencia.
En este contexto, Fuentes Barrera subrayó que
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con ejes
rectores que atienden al quehacer institucional, dentro de los cuales está el
abrir la transparencia al máximo de nuestras capacidades, en beneficio de la
ciudadanía y como prioridad en el desempeño de las labores cotidianas, pues esa
política judicial ha sido criterio unánime de las magistradas y magistrados que
integran el pleno de la Sala Superior.
El Convenio firmado por el TEPJF y el INAI se
inserta en la decisión asumida por las y los magistrados de la Sala Superior de
ser un Tribunal Abierto, a partir de la cual han adoptado el modelo de justicia
abierta como uno de sus ejes de acción, con pleno convencimiento de que una
ruta segura para fortalecer a las instituciones es su apertura permanente a la
ciudadanía.
El Convenio tiene tres líneas de acción: 1)
Trabajar conjuntamente para promover una cultura de legalidad, transparencia
acceso a la información y protección de datos personales, a través de cursos de
capacitación entre los integrantes de ambas instituciones y la edición de obras
conjuntas; 2) Compartir estrategias de avanzada y mejores prácticas en la
materia, como son las herramientas “Comisiones Abiertas”, “Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas en México” y “Transparencia en Publicidad Oficial”,
entre otras; y, 3) Fortalecer la colaboración y la comunicación entre ambos
organismos, a través de la conformación de un Comité de Seguimiento, conformado
por tres integrantes del TEPJF y tres del INAI, para dar continuidad a los
proyectos que emprendan.