* “Dime con quién andas y te diré quién eres”, recuerda un conocido
refrán. Hoy el refrán podría aplicar a Ricardo Anaya Cortés, candidato
presidencial de la coalición Por México, debido a que está rodeado por actores
políticos, quienes a lo largo de su carrera, han sido señalados e investigados
por presuntos actos de corrupción –de los que el panista tampoco se libra–.
*Para
politólogos consultados por SinEmbargo, que Anaya, sus simpatizantes e
integrantes de su campaña política estén marcados por la corrupción, no sólo
contradice su discurso político y genera desconfianza en las instituciones
–como los partidos y sus coaliciones–, sino que además evidencia a un sistema
mexicano en el que no existen elementos prácticos que reduzcan la incidencia de
corrupción. La advertencia, en ese sentido, es que estos personajes, si
llegaran a gobernar no garantizan la posibilidad de generar esquemas para
contener la comisión de delitos.
*SinEmbargo
revisó los equipos de AMLO, Meade y Anaya. Esta es la última entrega; las otras
pueden encontrarse en este mismo texto.
Ciudad de México. | 13 febrero de 2018
Tribuna Libre.- Ricardo Anaya Cortés, candidato a la
Presidencia de la República por la coalición “Por México Al Frente”, integrada
por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC), maniobra parte de su discurso de campaña política a
partir de la lucha anticorrupción, contra la impunidad y los malos manejos. No
obstante, la gente que lo rodea –operadores, asesores, personas de interés
político, estratégico y económico, entre otros– está manchada por la opacidad o
por presuntos actos deshonestos.
Por ejemplo, en el equipo de campaña de
Anaya, incluidos también los actores políticos que se limitan a apoyarlo,
destacan personajes que en cierto punto de sus carreras políticas, fueron
denunciados o investigados, formalmente, por algún presunto delito. Algunos de
ellos son Dante Delgado Rannauro [MC], Fernando Herrera Ávila [PAN], Marco
Antonio Adame Castillo [PAN], Miguel Ángel Yunes Linares [PAN], Rafael Moreno
Valle Rosas [PAN] y Santiago Creel Miranda [PAN].
O también está la presencia de individuos
implicados, directa o indirectamente, en supuestos casos de corrupción o de
irregularidades. Entre ellos destacan Alejandra Barrales Magdaleno [PRD], Édgar
Mohar Kuri [PAN], Jesús Ortega Martínez [PRD], Jesús Zambrano Grijalva [PRD],
Miguel Márquez Márquez [PAN] y Silvano Aureoles Conejo [PRD].
Para analistas consultados por SinEmbargo, el
contraste entre el discurso del político queretano, los escándalos que él mismo
arrastra, y los señalamientos y denuncias que rodean a su equipo de trabajo
rumbo a la “silla grande”, hablan de un actuar utilitario en la política
mexicana, por un lado; y por el otro, reflejan el deterioro de los partidos
políticos.
“Los partidos, en buena medida, están
pensando en el corto plazo. Naturalmente, la estrategia es sumar a los más
sumables, en términos de recursos, clientelas, estructuras territoriales,
etcétera. [En cambio], a mediano y a largo plazo, estas decisiones de acercarse
con los más impresentables, lo que hacen es dañar la credibilidad de los
partidos”, comentó en entrevista Juan Luis Hérnandez Avedaño, analista político
de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
En la opinión del politólogo, estos
personajes “impresentables”, a pesar de significar “un capital simbólico
negativo”, son sostenibles por redundar en beneficio de los candidatos y sus
coaliciones –porque en los tres frentes, sin excepción, hay “personajes
incómodos” y “repudiados por los mexicanos”–.
En ese sentido, Hernández Avedaño refirió que
“les importa poco” el costo de sacrificar prestigio, o “aquello que
eventualmente pudiera representar un capital simbólico positivo”, porque a
pesar de que pueden perder votos por el perfil de sus respectivos equipos de
campaña, el impulso que ofrecen estos personajes es mucho mayor que la posible
pérdida, ya que al final, “representan posibilidades de operación política en
las campañas y en el día de la elección”.
Gustavo López Montiel, especialista en
partidos políticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), concordó en que “esta configuración que hay ahora de
candidatos comunes de varios partidos, les resuelve mucho a los candidatos el
tema de que no quieran votar por ellos por la mala fama que tienen ellos y los
partidos”. En ese sentido, explicó, los actores políticos “encontraron
incentivos en la gente para votar más allá de sus historias”.
LOS RIESGOS
Ambos politólogos observan una situación
riesgosa, ya que, como mencionan, el hecho de que personas ligadas a la
corrupción y a la falta de rendición de cuentas -sean ciertos o no los
señalamientos en su contra- formen parte de las estructuras de apoyo de los
candidatos y de las coaliciones, junto con la posibilidad de una eventual
integración de los mismos al equipo de trabajo de un nuevo gobierno, pude
impedir una lucha verdadera en contra de la corrupción.
“El hecho de que estén rodeados de estos
personajes, nos diría que van a entrar con las manos atadas. Nos diría que van
a entrar con muchos compromisos y a simular, en el mejor de los casos, un
ataque a la corrupción que no será real. El verdadero problema […] son los
intereses comprometidos, los intereses creados, los intereses jugados durante
todos estos años, que por supuesto, están tratando de ver cómo le hacen para
sostenerlos y no perderlos”, comentó Juan Luis Hérnandez Avedaño, quien remató
diciendo que la clase política “está
haciendo verdaderas aberraciones en términos de representación de intereses”.
Para Gustavo López Montiel, en contraste, “la
corrupción obedece a un sistema de incentivos”. Lo que explica que, con
independencia del partido o de los actores, en nuestro país existen condiciones
que pueden llevarlos “a desarrollar una práctica de corrupción”.
Por ello, dijo, más allá de si se puede
luchar o no en contra de la corrupción, con un grupo de personas que pueden ser
corruptas, la cuestión radica en que en México “tenemos un sistema que no
favorece la rendición de cuentas y la transparencia, que contenga los
incentivos que los actores tienen para robar o cometer actos de corrupción”.
El gran problema es que estos políticos
manchados “asuman una posición de gobierno en el que pudieran tener más
prebendas o malas acciones, y que en ese sentido, no hubiera actos por parte de
la o el responsable para contener esos actos”, explicó. Lo ideal es que el
nuevo gobierno genere un esquema en donde no haya márgenes de corrupción,
situación que ve difícil bajo las actuales circunstancias.
Sin embargo, Ricardo Anaya sale limpio en su
balance, pese a que en reiteradas ocasiones que “queda claro que los panistas
no nos vamos a doblegar en nuestra lucha contra la corrupción” y que “en el PAN
hemos emprendido una lucha frontal contra la corrupción”, también tiene cola que
le pisen.
No sólo ha sido señalado como una persona
“desleal” que traiciona a sus operadores políticos -como en los casos de
Francisco Garrido Patrón o Gustavo Madero Muñoz-. También ha figurado en
escándalos, que a ojos del escrutinio público, levantan sospechas.
Cuando fue secretario particular del ex
Gobernador de Querétaro Francisco Garrido Patrón [2003-2009], por ejemplo, a
Ricardo Anaya le fue encomendado el manejo del Programa de Acción Comunitaria
(PAC), a través del cual son repartidos materiales de construcción e insumos de
mejoramiento urbano. Según las versiones del actual Gobernador de la entidad,
Francisco Domínguez Servién, y de la Diputada panista Raquel Jiménez Cerrillo,
hay indicios para pensar que Anaya incurrió en actos ilícitos.
Desde intercambio de predios por permisos,
hasta el testimonio de Javier Bosque Urquiza, quien en 2011 fue detenido por
defraudar al Gobierno queretano y quien aseguró que Anaya participó del timo al
aportar ocho millones de pesos como inversionista de Grupo Boss -la empresa
fraudulenta utilizada por Bosque Urquiza-, las acusaciones contra Ricardo Anaya
ensombrecen su figura.
Sin embargo, el ahora candidato presidencial
ha dicho que, las aportaciones, salieron de su patrimonio personal y no del
dinero del erario público.
Por lo demás, Anaya ha sido cuestionado por
el lujoso estilo de vida que tienen él y su familia. Según sus propias
declaraciones públicas, entre él y su esposa -y gracias a sus inversiones
también- tienen ingresos anuales por 4.8 millones de pesos. En contraste, ha
reconocido que mantener a su familia en Atlanta, Estados Unidos, le supone un
gasto aproximado de 2.5 millones de pesos al año.
Aunque al parecer sus gastos e ingresos
corresponden, le es reprochado que los datos incluidos en su declaración
patrimonial 3de3 y las versiones públicas de sus declaraciones ante la
Secretaría de la Función Pública (SFP) no son del todo transparentes. Por
ejemplo, la última vez que reveló las proporciones de su peculio ante la SFP
fue en 2011, cuando aseveró tener 5.8 millones de pesos en inversiones.
SANTIAGO
CREEL MIRANDA (PAN)
Santiago Creel Miranda es panista desde 1999,
según el Sistema de Información Legislativa (SIL). Un político que fue
escalando desde su primer puesto importante como funcionario público, cuando
fue Consejero ciudadano del entonces Instituto Federal Electoral -hoy Instituto
Nacional Electoral- entre 1994 y 1996, hasta convertirse en el primer
Secretario de Gobernación de corte panista que haya tenido México, entre 2000 y
2005, durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada.
El actual presidente de la Comisión Nacional
de Elecciones del PAN ha sido Diputado federal [1997-2000] y Senador de la
República [2006-2009]. Y dentro del partido que lo abandera, ha participado
como Consejero nacional [2004-2013] y como integrante de su Consejo Ejecutivo
Nacional [2006-2010], entre otros.
Su acercamiento con Ricardo Anaya Cortés,
pues hoy figura como uno de sus asesores más cercanos, no parece antinatural,
mucho menos si existe un distanciamiento con el ex Presidente Felipe Calderón
Hinojosa, luego de que este último lo venciera el las elecciones internas del
partido en 2005, para obtener la candidatura presidencial.
Creel es un personaje polémico en la política
mexicana. El hombre que asegurara que la ciudadanía ya estaba harta del
“sistema corrupto y autoritario” en 2006, a los dos años fue denunciado por la
Unión de Abogados por la Democracia (UAD) ante la Procuraduría General de la
República (PGR), por conceder seis permisos “discrecionales” para instalar 206
salas de sorteos y 176 centros de apuestas en 2005, unos días antes de
abandonar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Entre los
beneficiarios, acusaron, estaban Televisa y algunos familiares suyos.
En 2005, Creel se vio involucrado, sin haber
sido investigado o contar con cargos en su contra, en el caso de Carmen Segura
Rangel, a quien la SFP le comprobó compras irregulares con recursos del Fondo
Nacional de Desastres Naturales (Fonden). Trascendió que, en ese mismo año,
Segura Rangel había promovido material de Creel Miranda para las precampañas
presidenciales.
En 2008, Gabriel Reyes Orona, entonces ex
Procurador Fiscal de la Federación, dijo públicamente que Creel Miranda era
investigado por la PGR por supuestos delitos de corrupción durante su periodo
como titular de Gobernación. Entre los señalamientos, contó que fue uno de
muchos artífices del megafraude al Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa) por más de 500 mil millones de pesos; y haber participado, en los
noventas, en el finiquito “irregular” de la empresa aduanera Isosa -que
administraba fondos del Derecho de Trámite Aduanero-.
No obstante, Creel nunca ha sido acusado de
manera formal. Uno de los últimos escándalos de presunta corrupción en el que se
vio involucrado data de 2015, cuando la empresa EZCorp, con sede en Austin,
Texas, en la que el funge como integrante del Consejo de Administración, fue
investigada por el Buró de Protección al Consumidor Financiero, debido a malas
prácticas y violación a la Ley de Valores estadounidense. En México, EZCorp es
un consorcio de préstamos por nómina, que al menos hasta hace un par de años,
tenía convenios con más de 150 gobiernos locales, sindicatos, dependencias,
entre otros.
MARCO
ANTONIO ADAME CASTILLO (PAN)
Panista desde 1997 según el SIL, Marco
Antonio Adame Castillo pasó de su actividad empresarial a la política, teniendo
como uno de sus primeros puestos públicos el de Consejero ciudadano en la
Comisión Estatal Electoral de Morelos [1993-1996]. El otrora Diputado federal
[1997-2000], se convirtió en 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa, en Gobernador de Morelos.
Su relación con Ricardo Anaya Cortés no es
del todo clara. Pero se sabe que durante los comicios internos del PAN en 2005,
apoyó al ex Gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia [1991-1995], lo
que lo hizo enfrentarse tanto a Felipe Calderón Hinojosa como a Santiago Creel
Miranda. Empero, una vez que Calderón salió victorioso en la contienda, Adame
Castillo se sumó al equipo de trabajo del ahora ex Presidente.
Durante su gestión como Gobernador de
Morelos, Adame Castillo fue señalado de pertenecer a una red de funcionarios
locales que protegían al Cártel de los Beltrán Leyva. La cochinada fue destapada
en mayo de 2009, luego de que integrantes del grupo delictivo levantaran a 11
personas y que varios sicarios fueran detenidos en la misma calle donde vivía
el ex Gobernador.
La ristra de eventos llevó a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO) a investigar y detener a Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez y
Francisco Coronato Rodríguez, quienes eran los titulares respectivos de la
Secretaría de Seguridad Pública local y de la Procuraduría General de Justicia
del Estado.
De acuerdo con con el expediente
PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, Cabeza de Vaca recibió pagos de hasta 20 mil dólares
por concepto de “protección”, de parte de Arturo Beltrán Leyva. De la
indagatoria resultó que una cuenta bancaria [Banamex 8100148] a nombre del
Gobernador Adame, abierta en una sucursal localizada a dos cuadras del Palacio
de Gobierno. Hasta ahí llegó la controversia y el caso quedó estancado.
FERNANDO
HERRERA ÁVILA (PAN)
Fernando Herrera Ávila tiene un amplio
currículum dentro del PAN de Aguascalientes. Según el Senado de la República,
el legislador hidrocálido, actual coordinador parlamentario del partido
blanquiazul y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara
Alta, inició su trayectoria panista en 1988.
Desde entonces y hasta 1992, ocupó numerosos
cargos dentro de su partido, no sólo en las fuerzas juveniles, sino también
como secretario de comunicación y coordinador seccional del Comité Directivo
Estatal (CDE) del PAN.
Su primer puesto clave llegó en 1992, cuando
fue designado regidor de Aguascalientes por un periodo de tres años. Concluido
su mandato, volvió a las filas del CDE panista, hasta que en 1995 fue designado
como Diputado Local [1995-1998]. De nueva cuenta, al finalizar su periodo como
legislador, regresó al seno de su partido, en donde desempeño varios puestos
hasta 1999, cuando fue nombrado secretario de Desarrollo Social de
Aguascalientes.
Un año después, brincaría a las grandes
ligas. Primero como Diputado federal [200-2003]; luego como Consejero nacional
del PAN [2001-2004]. Posterior a ello y hasta 2011, tuvo varios cargos en las
administraciones de Aguascalientes y del PAN local, incluida una candidatura
fallida por la presidencia municipal de Aguascalientes.
En 2013, la PGR abrió una averiguación previa
en su contra [CAL/018/2013] por los supuestos delitos de peculado, falsedad de
declaraciones y falsificación de documentos. Ello debido a que, entre 2012 y
2013, Herrera Ávila y la Diputada local de Aguascalientes Sylvia Garfias
Cedillo, utilizaron más de seis millones de pesos de la Secretaría de
Desarrollo Social local, destinados a los programas “Empleo Temporal” y “Tu
Casa”, en beneficio de la campaña electoral de Garfias.
Sin embargo, según Isidoro Armendáriz García,
delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) en
Aguascalientes -dependencia que ahora maneja los recursos de los programas
mencionados-, los seis millones que Herrera y Garfias desviaron, forman parte
de irregularidades por al menos 55 millones de pesos, mismas que fueron
detectadas en la Cuenta Pública de 2012.
Hasta el momento, la investigación no es
concluyente y Fernando Herrera Ávila permanece libre de cargos.
RAFAEL
MORENO VALLE ROSAS (PAN)
A principios de enero de este año, el ex
Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas [2011-2017], dio un mensaje a
través de redes sociales en el que anunció la declinación a sus aspiraciones
como precandidato presidencial blanquiazul. Asimismo, ofreció su respaldo a
Ricardo Anaya Cortés.
De 1991 a 2006, Moreno Valle fue un priista
de hueso colorado. Aspiraciones políticas más tarde, se uniría al PAN, que
junto con la plataforma del PRD, lo llevaron a ser Gobernador. Los datos del
SIL refieren que su primer cargo importante data de 1999, cuando fue secretario
de Finanzas y desarrollo Social del gobierno poblano. En 2003, dejó el cargo
para representar a su estado en la Cámara Baja por un periodo de un año. Luego
se hizo Diputado local [2005-2006] y después Senador [2006-2009].
En su último año como Gobernador de Puebla,
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 21 auditorías a la Cuenta
Pública por diversas irregularidades en los presupuestos de Seguridad Pública,
Salud, Aportaciones Múltiples, Fondos Federales, además de los programas para
Escuelas de Tiempo Completo y de Obras Públicas.
De casi 700 millones que Moreno Valle no
aclaró, 126.3 millones de pesos fueron reportados como posible daño
patrimonial, mientras que el ejercicio de otros 32.6 millones, que serían
destinados al Programas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados, es también incierto. La resultante fue una deuda enorme para el
estado poblano: al menos 46 mil millones de acuerdo con una investigación del
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Además de la opacidad en las cuentas y la
falta de rendición de cuentas, Moreno Valle ha sido señalado por activistas y
políticos de ser un “tirano intolerante a la crítica y a movilización social”,
“represor” y “persecutor” de estudiantes, maestros, habitantes de juntas
auxiliares, comerciantes, ambientalistas, amas de casa y de quienes
cuestionaban su gestión.
Hasta marzo de 2015, 134 personas fueron
encarceladas en Puebla por encabezar protestas, oponerse a construcciones
gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar
reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir
la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, reportó
el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social
en Puebla.
MIGUEL
ÁNGEL YUNES LINARES (PAN)
De 1969 a 2005, Miguel Ángel Yunes Linares
fue priista, desde donde operó a nivel local y federal en diversos puestos,
entre los años 1981 y 2003, refieren datos del SIL. No fue sino hasta 2008
cuando pasó a formar parte de la bancada panista.
Su trayectoria administrativa es larga y
data, al menos, de la década de los setenta. Pasó por ministerios públicos;
coordinaciones y oficinas de asuntos legislativos; el Tribunal Fiscal de
Veracruz; las secretarías locales de Gobernación y Desarrollo Urbano y
Ecología; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE); entre otros.
Además, Yunes Linares ha sido tres veces
Diputado: una vez local [1980] y dos veces federal [1991-1994, 2003-2005]. Y en
2016, llegó al culmen de su carrera al convertirse en el Gobernador de
Veracruz, abanderado tanto por el PAN como por el PRD.
En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares tiene
acusaciones por haber participado como cómplice de una red de pederastia
encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, quien hoy cumple una condena de
112 años de prisión por ese delito. Incluso, en 2016, organizaciones civiles
manifestaron que Yunes obstruyó la justicia para impedir que Kuri fuera
procesado.
Asimismo, el panista y dos de sus hijos han
sido investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la
Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de enriquecimiento ilícito.
Según esto, el Gobernador y su familia poseen más de una veintena de
propiedades en Veracruz, Ciudad de México y en el extranjero, y han construido
sociedades mercantiles -que datan del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa-
aprovechándose de sus cargos públicos.
Inclusive la ex líder del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, lo
denunció ante la SEIDO [averiguación previa
FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016] por haberse apoderado, de manera ilícita,
de cientos de millones de pesos cuando fungió, entre 2006 y 2010, como director
general del ISSSTE. Las investigaciones en su contra siguen en curso.
(SinEmbargo
