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La violencia en zonas rurales se genera,
además de por la presencia del crimen organizado, por conflictos agrarios ante
la ausencia de una consulta a las comunidades para establecer megaproyectos, lo
cual puede empeorar por la Ley de Seguridad Interior, aseguraron líderes
campesinos. Esto ha provocado el desplazamiento interno forzado de campesinos e
indígenas que engrosan los cinturones de pobreza de las urbes.
*Líderes
campesinos señalan que al defender su territorio y recursos naturales, se
enfrentan a grupos paramilitares o de choque y alertaron que cuando los productores
agropecuarios se ven obligados a abandonar su lugar de origen y trabajo, la
producción y soberanía alimentaria se ve más afectada.
Ciudad de México. | 12 febrero de 2018
Tribuna Libre.- La violencia en las zonas rurales por
conflictos agrarios a raíz de la implementación de megaproyectos ha orillado a
campesinos e indígenas al desplazamiento interno forzado hacia las ciudades, lo
cual engrosa los cinturones de miseria de las zonas urbanas, fenómeno que
podría empeorar por la Ley de Seguridad Interior, alertaron campesinos.
De 2009 a enero de 2017, en México 310 mil
527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o
por conflictos territoriales, religiosos o políticos, de acuerdo con un estudio
de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH). Solo por violencia, en 2016 al menos 21 mil 031 personas tuvieron que
abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la
intención de salvaguardar su vida, principalmente provenientes de Guerrero,
Sinaloa, Chihuahua y Michoacán. El sector indígena fue el más afectado en al
menos siete eventos.
El líder campesino Daniel Zúñiga Maldonado,
vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (CNPA-MN),
aseguró en entrevista que esa organización campesina registró durante 2017 el
desplazamiento forzado interno de campesinos en Guerrero, Chiapas, Querétaro,
Puebla, Jalisco y Michoacán, estados donde tienen presencia.
“Desde luego hay los grupos de la
delincuencia organizada que están en su comercio de productos ilícitos, [pero también]
están los ojos puestos del gobierno en las regiones de comunidades indígenas
abundantes en recursos naturales para establecer en esas áreas
minihidroeléctricas o minerías. Al oponerse tenemos el problema de la
generación de grupos paramilitares o de choque que buscan desestabilizar y
generar una situación de zozobra, y rompimiento del tejido social”, afirmó
Zúñiga.
Las comunidades indígenas de Chiapas, Puebla,
Jalisco, Guerrero, Veracruz y Querétaro, desde su cosmovisión de respeto a la
Madre Naturaleza, relación con la vida y conservación del territorio, se niegan
a entregar la tierra y agua sin antes ejercer su derecho internacional a una
consulta libre, previa e informada, por lo que “el gobierno muchas veces ha
utilizado a la delincuencia organizada para generar zozobra, asesinatos o
asaltos”, expuso.
Rocío Miranda Pérez, presidenta de la Unidad
de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), coincidió en que el desplazamiento
interno forzado de esta población se da principalmente por problemas de disputa
territorial (agrarios) donde están inmiscuidos campesinos e indígenas, por
conflictos con la industria extractiva e hidroeléctrica y por choques
religiosos-políticos.
Miranda Pérez prevé que el desplazamiento
interno seguirá al no aplicarse la consulta libre, previa e informada. “No
vemos que el gobierno tenga una metodología y reconozca que es un problema
grave en derechos humanos”, afirmó.
A su vez, alertó la dirigente de la UFIC,
“cuando la gente sale de su territorio la planta productiva agropecuaria se ve
mermada y eso trae consigo la desflación alimentaria en la medida que no existe
el abasto de alimento para que comamos en el país”.
Esta criminalización a la defensa del
territorio, consideraron los líderes campesinos Daniel Zúñiga y Rocío Miranda,
se agrava con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual ha
recibido diversas acciones de inconstitucionalidad en contra, incluyendo una de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Ahora vemos la Ley de Seguridad Interior
enfrente. Esa Ley lo que puede permitir es garantizarle a las empresas y a los
intereses políticos y económicos establecer esos megaproyectos y [que] entonces
puedan declarar zonas en que nuestras comunidades tengan que ser desalojadas
por una supuesta amenaza a la seguridad del país”, pronosticó el campesino
Daniel Zúñiga. “A lo mejor sí nos van a dejar marchar, pero no nos van a dejar
oponernos en nuestras tierras al ingreso de maquinaria”.
Además de la violencia generada a partir de
los conflictos agrarios entre comunidades rurales, empresas y gobiernos
locales, el vocero de la CNPA-MN Daniel Zúñiga destacó que el desplazamiento
interno forzado también tiene sus orígenes en intereses político-económicos e
incluso raciales.
“Si la gente no puede trabajar, se tiene que
ir de la zona”, afirmó.
En Puebla, ejemplificó, la empresa Driscolls
se apropió de las tierras a través de un supuesto uso de renta para cultivar
fresas, blueberrys y moras en 10 hectáreas. Pero, ante vacíos legales, a veces
cierra el paso a determinadas hectáreas, por lo que la comunidad no tiene
oportunidad de entrar a trabajar en esas parcelas rentadas.
“La gente se queda sin opciones de trabajo y
al momento de imponer una queja, se enfrenta contra el respaldo político a las
empresas y, por el acoso, se ven obligados a desplazarse de la zona”, expuso.
Asimismo, en otros lugares como Chilchota,
Michoacán, las empresas de producción de hortalizas hacen el mismo esquema. Sin
embargo, como son comunidades indígenas, “no hay un trato adecuado por parte de
las autoridades” cuando interponen quejas.
“Al ser discriminados muchos se ven en la
necesidad de tener que emigrar de su comunidad a buscar opciones de trabajo e
ingreso”, dijo.
A esta violencia y precariedad que enfrenta
el sector campesino en el país se sumaron los incrementos de precios de
energéticos que impactan en los costos de su producción.
Las gasolinas en promedio se elevaron 19 por
ciento el año pasado al subir la Magna de 13.95 pesos el litro en 2016 a 16.45
pesos en 2017 (17 por ciento más); la Premium de 14.81 pesos a 18.22 pesos (23
por ciento más) y el diésel de 14.63 pesos a 17.21 pesos (18 por ciento más),
de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Reguladora
de Energía (CRE).
Asimismo, el precio del gas LP, utilizado por
el 76 por ciento de los hogares mexicanos, subió un 40 por ciento durante 2017
al pasar de 13.39 pesos el kilogramo en 2016 a 18.82 pesos por kilogramo, su
mayor incremento desde que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene registro.
Estos aumentos energéticos presionaron al
alza la tasa de inflación de 2017 a 6.77 por ciento, la más alta en los últimos
17 años.
AUTORIDADES
LOS IGNORAN
Durante enero, alrededor de cinco mil campesinos
arribaron de 18 estados a la Ciudad de México para manifestarse en las calles
en contra de los incrementos en la canasta básica y energéticos, y exigir una
solución en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Sin embargo, no obtuvieron una respuesta
concreta, aseguró Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora Nacional
Plan de Ayala–Movimiento Nacional (CNPA-MN).
Zúñiga describió que los campesinos se han
visto “descobijados” al haber pocas opciones de trabajo y de ingresos, ya que
los productos del campo son mal pagados y no obtienen ganancias.
“Al no haber una política de Estado adecuada
para la producción, comercialización y consumo interno de los productos del
campo, estamos a la merced del intermediarismo, y eso hace que, aunque nuestra
gente está trabajando y produciendo, no es redituable”, dijo.
En el caso de los productores de maíz, al no
haber precios de garantía, por un kilo reciben 2.50 pesos. Además, en las zonas
cafetaleras de Oaxaca, Puebla y Veracruz, regiones con mayor calidad del café
de altura, están desprotegidos desde que el gobierno desapareció el Instituto
Mexicano del Café (Inmecafé), documentó Zúñiga Maldonado.
“El gobierno mexicano en lugar de fomentar la
producción nacional, prefiere la seguridad alimentaria, pero lo que se debe
promover es la soberanía alimentaria”, aseguró.
El lunes 15 de enero los miles de campesinos
acudieron al edificio de la Segob. No obstante, dijo Zúñiga, funcionarios de la
dependencia les expusieron que el Secretario Alfonso Navarrete no podía
recibirlos porque “apenas están conociendo las áreas y oficinas […] Somos
nuevos, no tenemos conocimiento de sus demandas”. Cinco días antes, el martes
10, el ex Secretario de Trabajo había tomado el cargo luego de la salida de
Miguel Ángel Osorio Chong.
“¿Debe el pueblo esperar la atención y
solución hasta que los Secretarios de Estado y funcionarios menores estén
cómodos?”, cuestionó Zúñiga. Los campesinos solo fueron atendidos por el jefe
de la Unidad de Gobierno, Germán Uribe.
Sin embargo, “hay varios conflictos agrarios
que el gobierno no ha resuelto. Con la Segob no hemos podido avanzar en los
casos de Puebla, Querétaro y Chiapas”, acusó el líder campesino.
El miércoles 17 de enero los campesinos
colocaron un plantón en la Secretaría de Agricultura, ya que, dijo Zúñiga, esta
dependencia es la más obligada a escuchar la opinión de los productores.
“Los campesinos debemos estar produciendo y
no en las calles, sin embargo, la Sagarpa ha dejado de promover la producción
de alimentos y por lo tanto ha vulnerado la soberanía alimentaria”, expuso el
vocero. “Los subsidios son entregados a empresas agroexportadoras y a los
campesinos se les trata con desprecio”.
Un día después, el jueves 18 de enero,
alrededor de tres mil campesinos caminaron por Presidente Masaryk, la avenida
empresarial más importante de la colonia Polanco, para exigir a la Sedatu que
resuelva los conflictos agrarios que han provocado confrontaciones e incluso
asesinatos y desplazamiento interno forzado.
Daniel Zuñiga Maldonado, vocero de la
CNPA-MN, destacó que la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y otros
funcionarios de la Secretaría se han negado a atender las llamadas telefónicas
de la organización campesina.
El 30 y 31 de enero la Central Independiente
de Obreros Agrícolas y Campesinos volvió a marchar en la Ciudad de México para
exigir incrementar la productividad en alimentos y rescatar la soberanía
alimentaria del país.