*Esta
medida pretende dar solución a la problemática que se presenta en un gran
número de familias que no cuentan con escrituras de sus predios.
Tribuna Libre.- La diputada María Elisa Manterola Sainz
presentó una iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 474 del
Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz con el propósito de generar seguridad jurídica
a los poseedores de inmuebles del fundo legal municipal que tienen en posesión
desde hace muchos años.
De esta manera, la legisladora plantea que
solo en caso de que se acredite fehacientemente que la posesión del predio la
haya obtenido diez años o más anteriores a la solicitud, el precio de la venta
se ajustará al inicio de aquella, mediante avaluó referido verificado por la
oficina de catastro municipal.
Indicó que el artículo 446 del citado Código
dispone como atribuciones de los Ayuntamientos el intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra en el municipio; determinar el valor
de los lotes de su propiedad susceptibles de enajenación, considerando su
ubicación y calidad. En ningún caso su valor será inferior al valor catastral o
fiscal.
Dijo que esta circunstancia impide en algunos
casos resolver con equidad y justicia la situación que priva en diversas
familias veracruzanas, porque el valor catastral o fiscal es exorbitantemente
más alto que cuando lo obtuvieron, ya que existen terrenos del fundo legal que
están en posesión de familias que van de los diez a los 30 años y en muchas
ocasiones manifiestan no tener la capacidad económica para realizar la compra
del predio de fundo legal que habitan
Destacó que si bien en la práctica muchos
municipios asignan un valor simbólico a los predios que se enajenan bajo estas
condiciones, también es cierto que su especificación en la norma, da garantía y
certeza plena a los poseedores de los mismos.
La diputada expuso que esta medida pretende
dar solución a la problemática que se presenta en un gran número de familias
que no cuentan con escrituras de sus predios, las cuales han habitado durante
años y que por este motivo se ven imposibilitadas de acceder a programas de
apoyo a la vivienda, además de diversos problemas que trae consigo no contar con un documento que certifique la
propiedad de los inmuebles.