*La
magistrada presidenta del TEPJF destacó que no se puede callar a más de 20 millones
de indígenas por razones de discriminación.
*La
única manera de otorgarles voz y voto es darles representación política real,
para que puedan ser escuchados, participar, votar y vetar proyectos que no
convengan a sus comunidades.
Tribuna Libre.- La magistrada presidenta del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora
Malassis, señaló que es compromiso de este órgano jurisdiccional el garantizar
la participación de toda la ciudadanía en la integración de la representación
política, así como de juzgar con perspectiva intercultural y de género, para
equilibrar las asimetrías del poder y las exclusiones existentes en la
sociedad.
Al inaugurar el segundo Foro-Taller
Sensibilización y Difusión de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos
y Comunidades Indígenas, en el auditorio José Luis de la Peza del TEPJF, la
magistrada presidenta destacó la creación de la Defensoría Pública Electoral
para Pueblos y Comunidades Indígenas, dedicada a atender a dichas comunidades y
llenar el enorme vacío en cuanto a la igualdad de derechos que padecen sus
integrantes.
Hay una eminente urgencia “de que se les
tiene que dar voz y voto; no se puede callar a más de 20 millones de nuestros
conciudadanos por razones de discriminación. Y la única manera de darles voz y
voto es darles un espacio de representación política real, que sea palpable y
que puedan ser escuchados, participar, votar y vetar proyectos que, en su
momento, no convengan a estas comunidades”, afirmó la magistrada presidenta.
En su intervención se refirió a la diversidad
étnica y lingüística del país, con sus 62 pueblos indígenas y 11 diferentes
familias lingüísticas, que no se ha visto reflejada en la composición de
nuestras autoridades, tanto a nivel local como federal, debido a que se
enfrentan a numerosos obstáculos en el ejercicio de sus derechos políticos,
tanto colectivos como individuales, así como en el acceso a la justicia del
Estado. Además, lamentó que los pueblos y comunidades indígenas viven en
condiciones de gran marginación y pobreza.
“Ante ello, es nuestra responsabilidad, como
tribunal constitucional, actuar siempre con un compromiso, un pleno compromiso
en favor de las personas indígenas, fortaleciendo sus derechos políticos y el
acceso a la justicia. Debemos juzgar con perspectiva intercultural y de género,
para así equilibrar las asimetrías de poder y las exclusiones existentes en
nuestra sociedad. De esta forma, será solo a través de nuestras sentencias como
podremos empezar a revertir los efectos de la discriminación”, señaló.
Al respecto, citó la sentencia del TEPJF de
diciembre pasado, mediante la cual se modificó los lineamientos del Instituto
Nacional Electoral para la postulación de cargos a diputados federales, a fin
de crear 13 curules para representantes de comunidades indígenas, en los
distritos electorales en los que la población indígena equivalga a más del 60
por ciento de su población total.
La magistrada presidenta señaló que la razón
de ser del TEPJF, como máxima autoridad en justicia electoral, es velar por la
legalidad y constitucionalidad en todos los procesos de renovación del poder
político, así como garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticas
de las personas.
“Lo he dicho, lo reitero y lo seguiré
reiterando: una democracia no es plena, una democracia no tiene calidad si no
cuenta con los mecanismos de representación política que reflejen y se hagan
cargo de la pluralidad y diversidad cultural de la sociedad de la que emana”,
precisó.
Finalmente, la magistrada presidenta Otálora
Malassis llamó a los funcionarios de la Defensoría Pública y de todas las áreas
jurisdiccionales del Tribunal Electoral a trabajar por lograr la participación
plena de todas las personas en las decisiones relativas no solo a los asuntos
que conciernen a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sino en
todas las decisiones del rumbo que queremos que tome el país.