Resistencias a la fiscalía nacional anticorrupción


Ciudad de México. | 19  mayo de 2018 
Tribuna Libre.- El 18 de julio de 2016 se promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que “establece las bases del Sistema Nacional para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción”. Esta ley no termina de implementarse porque el Senado de la República no ha nombrado al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con la corrupción, debido a la falta de acuerdos, a las incongruencias y luchas políticas que se suscitan en el seno de ese órgano entre legisladores que sólo defienden intereses partidarios.

Por ello, es importante entender qué es la reforma y dilucidar, al mismo tiempo, lo que ponerla en práctica según lo que aprueben estos servidores públicos.

Por medio de esta ley, se busca “establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México”.[1]A su promulgación, se le suman dos decretos que buscan reformar y adicionar disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, promulgada en la misma fecha.[2]Por el primero (relativo al artículo 9º), se establece que el “Procurador General de la República emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República”.[3]Mientras que, a través del segundo (referente al artículo 10º bis de la citada ley), se dispone que esta “Fiscalía en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción”.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción no termina de implementarse, aunque ya se haya aprobado, debido a algunas situaciones que no son difíciles de suponer: 1) que PRD y Morena bloqueen cualquier iniciativa que venga del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se encuentra al final de su sexenio y no quieren que se justifique con el posible éxito de ésta. 2) Por miedo a que, con su aplicación, inicien la investigación a políticos y gente de la función pública a la que puedan juzgar de manera neutral, como debería ser cada caso hasta llegar a sus últimas consecuencias. 3) O bien, probablemente, que dicho bloqueo pueda significar una estrategia del partido que piense ganará la Presidencia de 2018, para obstaculizar el avance del proceso.

Así, después de la reconfiguración de las Cámaras del Congreso de la Unión como resultado de las elecciones del 1 de julio de este año, puedan determinar quiénes serán parte de dicha Fiscalía, sin temer a la revocación de tales nombramientos, o bien, al retraso indefinido que puedan ejercer en su implementación. A pesar de que las reflexiones anteriores son meras suposiciones, revelan un problema claro: la poca importancia que conceden a un problema sustancial de la realidad política mexicana, la corrupción. Esto exige poner en tela de juicio muchas de las prácticas políticas que llevan a cabo todos los partidos. Es decir, el retraso en la aplicación de esta ley muestra las dificultades que vienen cuando se hacen cambios importantes destinados a solucionar un problema grave, un lastre que ha alcanzado niveles tan profundos al interior de nuestra cultura que demanda medidas concretas. ¿Será que los políticos lo conciben como un perjuicio hacia su labor y sentido profesional? Probablemente así lo sea.

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