La
universidad pública, derecho de todos
Héctor
Yunes Landa | 13 agosto de 2018
Tribuna Libre.- La semana pasada, prácticamente todas las
universidades públicas del país iniciaron su ciclo escolar. En México, concluir
una carrera profesional es una de las aspiraciones sociales más importantes.
En materia de educación superior, México
tiene al menos tres retos titánicos: que todos los jóvenes que deseen estudiar
lo puedan hacer; que la educación sea de calidad; y que haya un espacio laboral
garantizado para todos aquéllos que concluyen sus estudios.
México es un país que cuenta con diversas
universidades; sin embargo, estudios de la OCDE nos indican que aún estamos
lejos de ser un país de profesionistas.
De acuerdo con la Secretaría de Educación
Pública (SEP), en el país hay cerca de tres mil 800 universidades y se imparten
aproximadamente 33 mil programas educativos o carreras profesionales distintas.
Sin embargo, sólo 33 por ciento de los jóvenes en edad de estudiar la
universidad lo hacen, y al salir, sólo el 50 por ciento opina que pasar por la
universidad haya mejorado sus posibilidades para emplearse.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU han planteado que para el 2030 se debe asegurar el acceso equitativo
para todas las mujeres y hombres a educación asequible, de calidad, técnica,
vocacional y terciaria, incluyendo la universidad. Esta meta enfatiza que la
educación superior debe ser globalmente accesible para todos y de alta calidad.
Pero el problema es mucho más complejo que
dar educación a todos nuestros jóvenes. La SEP reconoce que el 65 por ciento de
los jóvenes elige una carrera profesional por presión social, tradición
familiar o imagen, y esto suma al fracaso en su empleabilidad y su coincidencia
con lo que el mercado laboral demanda. Adicionalmente, las empresas que sí
logran encontrar talento, tienen que formarlo nuevamente al ingresar a su
planta laboral.
México debe desarrollar un modelo que
garantice un derecho que todos tenemos, sin embargo, apostar a la cobertura
universal no es la solución si esta actúa en detrimento de la calidad y la
oferta de empleo; una de las consecuencias es que tengamos a nuestros
ingenieros desempeñando trabajo como taxistas, abogados como empleados en
comercios o empresas y a profesionistas como burócratas que realizan tareas que
nada tienen que ver con su formación.
Cuando uno de nuestros universitarios termina
ocupando un empleo informal, se desperdicia el esfuerzo institucional del
gobierno por ofrecer educación superior y se cancela la expectativa personal de
bienestar.
Hasta ahora, pese a las dificultades que
implica el contexto social y económico de nuestro país, concluir una carrera
universitaria sigue siendo la oportunidad más importante para lograr el
desarrollo personal. Garantiza el acceso al conocimiento, pero al mismo tiempo,
a oportunidades de empleo y bienestar que no están al alcance de toda la
población.
Según Naciones Unidas, en comparación con
graduados de preparatoria, los egresados de universidades tienen una vida útil
más prolongada, un mejor acceso a servicios de salud, más estabilidad y
seguridad económica, más empleo estable y satisfacción laboral. Además, los
egresados universitarios poseen un mayor índice de acceso a internet y más
tiempo para dedicar a actividades de ocio, entretenimiento o artísticas, así
como mayores índice de participación política.
Históricamente, en México como en la mayor
parte del mundo, la educación superior ha sido con frecuencia inaccesible para
grupos como las mujeres, las minorías étnicas y raciales, las personas con
discapacidad y aquéllas en situación de pobreza. Ese es nuestro gran reto como
gobierno y como nación.
La universidad no tiene el propósito de
hacernos diferentes; por el contrario, representa la posibilidad de construir
una sociedad con mayor justicia e igualdad.
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