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agosto 03, 2018

Juez ‘regaña’ al Senado y a EPN por falta de magistrados anticorrupción


*Ordenó que el presidente transparente por qué propuso esos perfiles y al Senado, aprobar o rechazar de inmediato las propuestas presentadas desde hace casi año y medio.

 Ciudad de México. | 03 agosto de 2018
Tribuna Libre.- Tras un año de omisiones, el Senado de la República y el presidente Enrique Peña Nieto recibieron una llamada de atención del Poder Judicial, pues un juez ordenó a los legisladores ratificar o rechazar los nombramientos de 18 magistrados anticorrupción y al Ejecutivo federal transparentar por qué los propuso.

De acuerdo con la resolución del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, quien dio la razón al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sobre este tema, tanto los senadores como Peña Nieto incumplieron con su obligación.

Aquí te explicamos el caso.

¿Por qué regañó el juez a los senadores y al presidente?
Al Senado, por no decidir en tiempo y forma sobre la ratificación o rechazo de los candidatos a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y las Salas Regionales Especializadas propuestos por el presidente en abril de 2017.

“El congelamiento y la demora excesiva de la ratificación o rechazo del nombramiento de los magistrados anticorrupción (…) viola los artículos 73, 109 y 113 de la Constitución federal que prevén al Sistema Nacional Anticorrupción”, dice la sentencia.

Al presidente, porque aunque presentó antes de la fecha límite sus propuestas para ocupar esos espacios, no transparentó ni justificó la idoneidad ética y profesional de los perfiles que planteó.

¿Qué deben hacer ahora?

Al declararse inconstitucionales las omisiones en que han incurrido, el presidente Peña Nieto deberá transparentar y justificar la idoneidad de los candidatos que propuso. Para ello, deberá señalar en un apartado específico por qué las personas que postuló resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional de cada uno en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas y hechos de corrupción y rendición de cuentas.


Además, el mandatario federal deberá publicar las designaciones de los magistrados y su justificación en el Diario Oficial de la Federación para que la sociedad y las organizaciones civiles emitan sus opiniones.

La Cámara de Senadores o la Comisión Permanente —la que esté en funciones— debe decidir inmediatamente la ratificación o rechazo de los magistrados anticorrupción. Para hacerlo, deberá realizar una motivación forzada en la que expliquen por qué las personas elegidas resultan idóneas.

En caso de que las rechacen, el presidente deberá mandar sus propuestas nuevamente, bajo el principio de publicidad en la justificación.

¿Cómo llegó el caso ante un juez?

Los magistrados debieron haber sido nombrados desde julio de 2017, pero por falta de acuerdos y la postergación, los senadores no hicieron las designaciones.

Además, luego de que Enrique Peña Nieto presentara sus propuestas, organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidieron que justificara las postulaciones que hizo, pero ninguna de las dos pasó.


Ante ello, el CPC —integrado por Mariclaire Acosta, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfonso Hernández e Irene Levy— promovió un amparo el pasado 9 de mayo por el incumplimiento de los legisladores y el presidente. A casi dos meses, el 31 de julio el juez emitió su resolución a favor de los ciudadanos del SNA.

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