*Ordenó
que el presidente transparente por qué propuso esos perfiles y al Senado,
aprobar o rechazar de inmediato las propuestas presentadas desde hace casi año
y medio.
Ciudad
de México. | 03 agosto de
2018
Tribuna Libre.- Tras un año de omisiones, el Senado de la
República y el presidente Enrique Peña Nieto recibieron una llamada de atención
del Poder Judicial, pues un juez ordenó a los legisladores ratificar o rechazar
los nombramientos de 18 magistrados anticorrupción y al Ejecutivo federal
transparentar por qué los propuso.
De acuerdo con la resolución del juez Octavo
de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, quien dio la
razón al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) sobre este tema, tanto los senadores como Peña Nieto
incumplieron con su obligación.
Aquí te
explicamos el caso.
¿Por qué regañó el juez a los senadores y al
presidente?
Al Senado, por no decidir en tiempo y forma
sobre la ratificación o rechazo de los candidatos a magistrados del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y las Salas Regionales Especializadas
propuestos por el presidente en abril de 2017.
“El congelamiento y la demora excesiva de la
ratificación o rechazo del nombramiento de los magistrados anticorrupción (…)
viola los artículos 73, 109 y 113 de la Constitución federal que prevén al
Sistema Nacional Anticorrupción”, dice la sentencia.
Al presidente, porque aunque presentó antes
de la fecha límite sus propuestas para ocupar esos espacios, no transparentó ni
justificó la idoneidad ética y profesional de los perfiles que planteó.
¿Qué
deben hacer ahora?
Al declararse inconstitucionales las
omisiones en que han incurrido, el presidente Peña Nieto deberá transparentar y
justificar la idoneidad de los candidatos que propuso. Para ello, deberá
señalar en un apartado específico por qué las personas que postuló resultan
idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y
profesional de cada uno en materia de fiscalización, responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción y rendición de cuentas.
Además, el mandatario federal deberá publicar
las designaciones de los magistrados y su justificación en el Diario Oficial de
la Federación para que la sociedad y las organizaciones civiles emitan sus
opiniones.
La Cámara de Senadores o la Comisión
Permanente —la que esté en funciones— debe decidir inmediatamente la
ratificación o rechazo de los magistrados anticorrupción. Para hacerlo, deberá
realizar una motivación forzada en la que expliquen por qué las personas
elegidas resultan idóneas.
En caso de que las rechacen, el presidente
deberá mandar sus propuestas nuevamente, bajo el principio de publicidad en la
justificación.
¿Cómo
llegó el caso ante un juez?
Los magistrados debieron haber sido nombrados
desde julio de 2017, pero por falta de acuerdos y la postergación, los
senadores no hicieron las designaciones.
Además, luego de que Enrique Peña Nieto
presentara sus propuestas, organizaciones de la sociedad civil y el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidieron que
justificara las postulaciones que hizo, pero ninguna de las dos pasó.
Ante ello, el CPC —integrado por Mariclaire
Acosta, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfonso Hernández
e Irene Levy— promovió un amparo el pasado 9 de mayo por el incumplimiento de
los legisladores y el presidente. A casi dos meses, el 31 de julio el juez
emitió su resolución a favor de los ciudadanos del SNA.