Xalapa, Ver. | 06 agosto de 2018
Tribuna Libre.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV)
declaró como inexistentes las violaciones atribuidas a Pedro Hipólito Rodríguez
Herrero, Presidente Municipal, Angélica Ivonne Cisneros Luján, Síndica,
Guillermina Ramírez Rodríguez, Regidora Segunda, Juan Carlos Olivo Escudero,
Director de Servicios Municipales, Javier Núñez López, Director de
Administración, Verónica Norma Rodríguez Ávila, Subdirectora de Limpia Pública
y Luis Guillermo Manzano Sánchez, Coordinador de Comunicación Social, todos del
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por la presunta difusión de propaganda
gubernamental y el probable uso indebido de recursos públicos, afectando el
principio de equidad e imparcialidad en la contienda electoral.
El quejoso, en el procedimiento especial
sancionador TEV-PES-110/2018 adujo que el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz,
hizo una publicación en su red social Facebook, la cual contiene un video
adjunto, en el cual se aprecia el símbolo usado por la presente administración
municipal, así como el logo oficial del Ayuntamiento, en el mismo aparece gente
reunida y camiones de basura con logos del Ayuntamiento y a Hipólito Rodríguez
Herrero, caminando entre dichos camiones, hablando y dándole la mano a las
personas reunidas. También aparecen integrantes del cabildo y funcionarios del
Ayuntamiento de Xalapa.
La información difundida se encuentra dentro
de los supuestos de excepción de difusión de propaganda gubernamental, en
tanto, se trata de una acción informativa en el rubro de salud, pues la
publicación denunciada hace referencias a temáticas de salud pública municipal.
El TEV en su determinación, no tuvo por
acreditado el uso indebido de recursos públicos, pues en la publicación
denunciada y el video contenido en ella, no se hizo alusión al Proceso
Electoral Local 2017-2018, ni mucho menos referencia a alguna candidatura o
partido político, pues no se advirtió de su contenido textual, visual o
auditivo, alguna referencia en términos proselitistas, asimismo, de ninguna
forma se demostró la supuesta adquisición de camiones recolectores para
favorecer a alguna opción política.
