*“Principal
Enajena” obtuvo contratos por 9.5 millones de pesos en el gobierno de Javier
Duarte.
*Pagaron
por concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión.
*Servirían
para promover programas de Gobierno que nunca se llevaron a cabo.
Xalapa, Ver. | 25 septiembre de 2018
Tribuna Libre.- Nuevamente, Mexicanos contra la Corrupción y
la Impunidad, dio a conocer la llamada conexión fantasma Robles-Duarte En un
desvío de 164 millones de pesos de SEDATU entre 2016 y 2017 se utilizó una red
de empresas fantasma ligadas a desfalcos en Veracruz en tiempos de Javier
Duarte.
En un reportaje de Raúl Olmos Mexicanos
contra la Corrupción reveló este lunes la existencia de una red de 11 empresas
fantasma, utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en tiempos de Rosario
Robles, tiene una liga con Javier Duarte.
En las actas de 5 empresas por las que
transitó el dinero saqueado de SEDATU entre 2016 y 2017 aparece como socio
mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, un vecino de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, que a la vez funge como dueño de un despacho de servicios contables
involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.
Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con
otras 6 que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos
federales, de acuerdo con un cotejo de documentos realizado por Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Toda esta red tiene su base de
operaciones en Chiapas y es distinta a la que el pasado 11 de septiembre reveló
el diario REFORMA.
De acuerdo con la investigación de REFORMA,
entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700
millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de
contratos en SEDATU y SEDESOL y llevados en efectivo a 10 domicilios en la
Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.
Tanto en el caso revelado por REFORMA como en
la red chiapaneca de empresas fantasma, se triangularon los recursos federales
mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación
Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).
A inicios de 2016, la SEDATU firmó dos
acuerdos con el SQCS y con Telemax para desarrollar productos de difusión en
audio y video que servirían para promover programas de Gobierno; el primer
convenio fue por 450 millones de pesos y el segundo por 320 millones.
Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los
servicios a una red de empresas que simularon operaciones.
Entre esas empresas estaba Agatha Líderes
Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones
de pesos.
Agatha había sido constituida el 31 de marzo
de 2012 por un muchacho de 23 años de edad que aportó como su domicilio una
humilde vivienda de un piso en una colonia popular del municipio de Soledad de
Graciano, en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Al poco tiempo de haber
sido creada, la empresa se mudó a Chiapas.
El domicilio fiscal de Agatha es un despacho
contable en la capital de Chiapas.
El 21 de septiembre de 2016, el mismo joven
que había fundado la empresa Agatha nombró como apoderado general a Alfonso
Gómez Méndez, residente en el barrio Niño de Atocha, de Tuxtla Gutiérrez, quien
funge como dueño mayoritario de Principal Enajena SA de CV, un despacho que ha
sido reportado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por simular
operaciones y que durante el sexenio de Javier Duarte formó parte del esquema
de empresas fantasma utilizado para el desvío de recursos.
El 21 de septiembre de 2016, Alfonso Gómez
Méndez se incorporó como apoderado de Agatha Líderes Especializados, casi a la
par de que esta empresa recibió transferencias por más de 133 millones de pesos
por servicios ofrecidos a la SEDATU.
Principal Enajena fue creada el 14 de
noviembre de 2011 en Tuxtla Gutiérrez por Gómez Méndez como dueño del 90% de
las acciones, además de fungir como administrador y gerente único, de acuerdo
con la información recopilada por MCCI. Su socio era un empleado de 41 años que
tenía su domicilio en una casita de un piso en el barrio Colón de la capital
chiapaneca.
Esta empresa obtuvo contratos por 9.5
millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.
En el acta constitutiva, Gómez Méndez dijo
haber nacido el 10 de marzo de 1960, ser empleado y con domicilio en una casa
de un nivel en una privada del barrio Niño de Atocha. En las actas de otras
empresas, en las que también funge como socio, declaró ser comerciante, haber
nacido el 10 de mayo de 1960 y vivir en otra vivienda que está a una cuadra de
la anterior.
Alfonso Gómez Méndez en realidad es un
presunto prestanombres de los verdaderos dueños de la red de empresas
chiapanecas, pues ha declarado que es empleado y comerciante y su domicilio es
esta humilde vivienda en Tuxtla Gutiérrez.
Aunque aparentemente se trataba de dos
personas, se confirmó que en realidad es una misma que aportó información
distinta ante los notarios que constituyeron 6 de las empresas en las que funge
como socio o apoderado. Lo anterior se corroboró al cotejar la credencial de
elector que presentó para identificarse, con número de folio 1650012107191.
Su empresa Principal Enajena obtuvo contratos
por asignación directa por 9 millones 500 mil pesos en el Gobierno de Javier
Duarte, por concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión, de
acuerdo con lo que en su momento detectó el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz cuando hizo la revisión de contratos de publicidad.
Dichos servicios nunca se prestaron, pues la
empresa no contaba ni con instalaciones ni infraestructura. El domicilio fiscal
que aportó en los contratos corresponde a una pequeña casa de un piso, con
techo de lámina, en la colonia La Pimienta, de Tuxtla Gutiérrez.
Este es el domicilio fiscal de Principal
Enajena, en una colonia pobre de Tuxtla Gutiérrez.
A partir de una serie de visitas de
inspección realizadas por empleados de la Secretaría de Hacienda de Chiapas se
declaró a la empresa como “no localizada” y fue notificada al SAT, la cual
desde el pasado 26 de enero de 2017 la incluyó en su lista negra por presunta
simulación de operaciones.
