¡El
Gobernador de Veracruz se fue a vivir a Yucatán!
Héctor
Yunes Landa | 10 septiembre de 2018
Tribuna Libre.- Cuando el gobernador de Veracruz Miguel Ángel
Yunes Linares asegura que se siguen reduciendo los índices de violencia e
inseguridad en el estado no hay más opción que imaginar que se trata de un
engaño premeditado o de plano, hace tiempo que se fue a vivir a Yucatán, donde
efectivamente, la incidencia delictiva es la menor del país gracias al gobierno
del priista Rolando Zapata.
La violencia que hoy vive Veracruz, la peor
de los últimos 20 años, nos ha dejado una sociedad fragmentada y temerosa. El
Gobernador se muestra indolente e inexperto no sólo para prevenir que los
hechos delictivos que la provocan, sino que adolece una absoluta incapacidad en
investigar los delitos cometidos, castigar a los responsables y reparar el daño
a las víctimas.
El asunto es grave. Durante su campaña a
Gobernador, el panista Yunes Linares aseguró ser un experto en seguridad y se
comprometió que en los primeros seis meses de su gobierno resolvería el
problema de la inseguridad. Dos años más tarde, también en la campaña
electoral, el candidato a Gobernador de su mismo partido expresó que “sólo un
ingenuo podría creer que en seis meses alguien resolvería este problema”. Es de
significarse que el candidato era... su propio hijo!!
La realidad muestra que Miguel Ángel Yunes
Linares miente deliberadamente o, peor aún, que de tanto mentir ya este
creyendo sus propias mentiras. Por ejemplo, según el Reporte Nacional del
gobierno federal, en Veracruz no hay registros de desaparecidos en los dos
últimos años. La omisión muestra un interés deliberado del Gobernador por
ocultar el principal problema de seguridad pública.
Por todo esto, el reciente hallazgo de los
restos de decenas de personas en 32 fosas clandestinas en la zona centro del
estado ha generado más dudas que certezas; el gobierno ha inhibido la
participación de los colectivos de búsqueda de personas desparecidas y no ha
brindado la atención necesaria a los familiares de las víctimas. Por el
contrario, su fotógrafo personal -a quien habilitó como Fiscal General de su
gobierno-, ha enfrentado y maltratado a los colectivos que buscan a sus padres,
hijos, esposos o hermanos desaparecidos.
Al igual que en el resto de los asuntos
públicos del estado, la primera respuesta del gobierno estatal es acusar que se
trata de personas que pudieran haber sido asesinadas antes de que él llegara a
palacio de gobierno, intentando evadir la responsabilidad de la violencia
actual y la falta de investigación de tales homicidios. Seguir acusando a la
administración anterior de todos los males del estado, es un intento de
manipulación que ha dejado de tener efecto en los ciudadanos.
Como parte de su estrategia, para las
autoridades del gobierno estatal no se trata más que de números. Números de
víctimas y delitos que aumentan o disminuyen de acuerdo a la percepción que el
gobernador intenta generar entre los ciudadanos. Hasta la fecha, Yunes Linares
no ha tenido la sensibilidad de referirse a las víctimas, ni a sus familias.
Nada ha dicho a las familias de la joven
mujer que fue asesinada hace unos días en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa,
de la pareja que esta semana perdió la vida por un ataque en Coatzacoalcos, del
comerciante de pollos en Minatitlán que, la semana que apenas concluye, fue
victimado en su propio negocio, o la muerte a balazos de un ganadero en Jesús
Carranza y aquélla persona que tras ser perseguida a plena luz del día, finalmente
fue asesinada en el municipio de Acultzingo, ambos, también, en esta primera
semana de septiembre.
Ellos no sólo perdieron la vida por la
espiral de violencia que vive el estado; perdieron al mismo tiempo la identidad
–pasaron a ser sólo una estadística más- y el derecho a la justicia. Lo peor,
si todavía puede haber algo peor, es que cuando el gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares se refiere a ellos, lo hace sólo para sembrar la duda de su
honorabilidad, sugiriendo o acusando que su deceso pudo haber sido resultado de
sus actividades personales, algo de lo que acusó reiteradamente al gobierno de
Javier Duarte.
Es esa la razón por la que se ha excluido del
discurso oficial lo que verdaderamente está pasando en Veracruz. En el lenguaje
miyulesco, los asesinatos de mujeres –la segunda cifra más alta en el país- no
son considerados como feminicidios; y los niños que pierden la vida a causa de
la violencia tampoco se catalogan como infanticidios; en ambos casos sólo son
cifras que engrosan los expedientes que muy pocas veces llegan al juez.
En este gobierno "del cambio" en
Veracruz, la pluralidad no se entiende como un ejercicio de civilidad política
sino de inseguridad; los miembros de todos los partidos corren el mismo riesgo,
pues lo mismo secuestran y matan a priistas que a militantes de MORENA. Basta
recordar que a finales de agosto fue asesinada en Agua Dulce la ex candidata
del PRI a diputada local; y a principios de este mes, mataron al hijo de la
representante de MORENA ante el INE en Coatzacoalcos.
De hecho, durante el pasado proceso electoral
se registró el mayor número de agresiones en contra de candidatos de todos los
partidos; hubo al menos nueve atentados y otras tantas amenazas que intentaban
lo mismo disuadir a quienes aspiraban a ocupar un cargo de elección como
intimidar a la población para ejercer su voto. La respuesta de los electores
todos la conocemos.
Los veracruzanos estamos ciertos de que hoy
estamos peor que nunca. Sucedió lo que creíamos imposible: que algún día
tendríamos a un gobernador peor, mucho peor, que Javier Duarte de Ochoa.
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