*José
miguel cobián Elías | 21
septiembre de 2018
Tribuna Libre.- No es necesario inventar el hilo negro, basta
con observar como resolvieron sus problemas de criminalidad ciudades grandes y
pequeñas, e incluso casos de éxito en dónde a pesar de continuar con índices de
criminalidad (supongo que por contagio por municipios vecinos) éstos mismos
índices se han reducido significativamente.
El
primer paso es eliminar la complicidad
entre autoridades y delincuentes o el desinterés de las propias
autoridades. Me dirá ud amable lector
que de dónde saco tan aventurada idea.
Mire, llevo cuatro años denunciando en todos los foros gubernamentales
posibles, incluso a congresistas (de la legislatura anterior) que el tramo de
Puebla a Córdoba por la autopista es uno de los más peligrosos a nivel
nacional. Con datos duros de la AMIS y
de CANACAR le he probado a quien ha querido escucharme que en efecto es una
zona dónde ocurre una cantidad enorme de robos de vehículos DIARIAMENTE.
Estoy seguro que esta situación es de sobra conocida por parte de las
autoridades municipales, estatales, federales, fiscalías, ejército, marina,
mando único, fuerza civil, policía federal y quien usted quiera, incluyendo a
los secretarios de gobernación federales actual y pasados. En el entendido de que es un tramo federal,
y que no le corresponde a municipios ni estado proporcionar la seguridad pero
sí exigirla, uno se pregunta cómo es posible que después de cuatro años, la situación se
hubiera agravado. La única respuesta
posible es que hay colusión entre
criminales y autoridades. Me imagino a las autoridades considerando que
es el año de Hidalgo, y que tienen que asegurar su vejez en lugar de proteger a
los ciudadanos. Pienso en marina y
ejército cuidando la imagen de sus elementos y la imagen de ambas instituciones
por encima del interés de los ciudadanos.
Así con colusión o desinterés el problema sólo se ha agravado, mientras
los ciudadanos sufren las consecuencias de la inacción gubernamental.
Lo
más grave es que como a nadie le interesa resolver el problema, no hay ningún
ciudadano que denuncie a las autoridades por su inacción y mucho menos que
exija cuentas por el mal desempeño de sus funciones.
Una vez eliminada la complicidad o el desinterés, el siguiente paso es
destinar presupuesto suficiente para tener vigilancia y capacidad de respuesta
inmediata. En el caso de las ciudades
implica destinar gasto público a elementos de policía preventiva con
capacitación y equipo suficiente para poder enfrentar a cualquier grupo
criminal, así como vigilancia y técnicas adecuadas de respuesta rápida. Para ello hace falta que los alcaldes dejen
de pensar que el presupuesto del municipio es propiedad personal, y comiencen a
pensar en atender con dicho presupuesto las necesidades más apremiantes de sus
gobernados, entre las principales se incluye la seguridad. Aquéllos municipios con presupuestos
raquíticos deben exigir al estado el apoyo para lograr el mismo objetivo.
Una vez que se logra que no exista colusión ni desinterés y además se
cuente con los suficientes elementos para cubrir las ciudades de manera
preventiva, y con las cámaras de vigilancia que ayudan a dar seguimiento a los
delincuentes y coparlos, el siguiente paso es que las fiscalías cumplan su
función de manera adecuada, lo cual implica no tener rezagos de miles de
expedientes y contar con personal debidamente capacitado y en número suficiente
para poder investigar los delitos de manera pronta y expedita. Algo que en Veracruz no existe, pues la
procuración de justicia siempre ha sido el patito feo del presupuesto del
estado.
Una vez que la fiscalía hace su trabajo correctamente la población debe
de vigilar a los jueces, igual que la propia judicatura, con el fin de que los
procesos de justicia se lleven a cabo también de manera rápida y eficiente,
llevando a penas corporales a los culpables y dejando libres a los inocentes.
Los penales NO deben de tener autogobierno, y los capos criminales no
pueden ni deben tener poder dentro de ellos, de tal manera que las sanciones
corporales realmente sirvan de correctivo y no de estímulo a la actividad
criminal. Se debe a la brevedad atender
a tantos inocentes sin juicio que están detenidos, y enjuiciar a los culpables,
tengan o no recursos económicos.
A
fin de cuentas se trata de que el estado cumpla con su labor de otorgar
seguridad y justicia a los ciudadanos, con tolerancia cero a cualquier tipo de
delito, sea cometido por particulares o por servidores públicos, lo cual
implica tener contralorías internas blindadas contra cualquier acto de
corrupción o violaciones a la ley de los funcionarios, sean jueces, fiscales,
investigadores o policías.
Como se puede observar la solución es sencilla, pero pasa por lo que los
mexicanos llamamos de manera eufemística ¨Voluntad Política¨, es decir que el que manda tenga ganas de que
las cosas se hagan.
A
los veracruzanos sólo nos queda esperar que los que lleguen (Cuitláhuac García)
tengan la voluntad política para resolver el problema de seguridad, así como
tantos otros que aquejan a la entidad veracruzana. Y en caso de no existir
dicha voluntad política, entonces demandarla y exigirla. La otra opción es seguir callados mirando cómo
se deteriora nuestro entorno económico, y como cada día hay más bajas en la
sociedad a causa del crimen. Creo que
no podemos permitir que las ciudades veracruzanas se conviertan en otras
Tijuanas, abandonadas y vacías por causa del índice de criminalidad.
www.josecobian.blogspot.mx
elbaldondecobian@gmail.com @jmcmexanas, abandonadas y vacías
por causa del índice de criminalidad.
