*Los
ahora ex legisladores federales están acusados por desvío de recursos en el
gobierno de Duarte; perdieron el fuero el miércoles pasado,
Tribuna Libre.- La Fiscalía General del estado, a cargo de
Jorge Winckler Ortiz está obligada solicitar en lo inmediato orden de
aprehensión contra los ex duartistas Alberto Silva Ramos y Antonio Tarek Abdalá
Saad, señalados por el presunto desvío de 28 millones de pesos en el periodo
2010-2016.
Según la tesis 240835 de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), los ahora ex diputados federales, entre ellos
seis veracruzanos ligados a empresas fantasmas y acusados de desvío de
recursos, perdieron la protección de ley desde el pasado martes, cuando
rindieron protesta los nuevos legisladores.
Por lo anterior, la Fiscalía estaría obligada
a actuar en su contra por los presuntos delitos de coalición, incumplimiento de
un deber legal, abuso de autoridad en agravio del gobierno de Veracruz y
desvíos de fondos estatales y federales.
Abogados consultados afirman que el fuero
constitucional se perdió a las cero horas de este sábado, sin embargo, otros,
basados en la sentencia que se emitió tras la presentación del amparo indirecto
1836/78, contra el Gobierno del Estado de Sonora en 27 de junio de 1980,
reconoce que los legisladores perdieron la protección el pasado miércoles.
La Constitución establece que el primer
periodo ordinario de sesiones comenzará el 1 de septiembre de cada año y deberá
concluir a más tardar los días 15 de diciembre.
Al inicio de una Cámara, en este caso la LXIV
Legislatura, los diputados juran el cargo, como ocurrió el pasado miércoles 29
de agosto, cuando conformaron los órganos de gobierno internos de la Cámara.
En se sentido, se interpreta que en
automático quienes fueron electos para el periodo anterior, perdieron la
protección de ley.
Al opinar sobre el actuar de la Fiscalía
General del Estado, el abogado y exSubprocurador de Justicia, Jorge Yunis Manzanares,
consideró que ya es momento legal para que se giren ordenes de aprehensión
contra los ex funcionarios.
“El Fiscal fue a solicitar el desafuero y si
fue a solicitar el desafuero, quiere decir que ya tenía suficientes elementos
para proceder, la cosa es que no le aprobaron el desafuero y había que esperar
a que lo perdieran”, opinó en entrevista.
El abogado consideró que el hecho de que se
haya reconfigurado la acusación de la Procuraduría General de la República
(PGR), contra Javier Duarte, a quien sólo se juzgará por organización
delictuosa, también beneficia los exdiputados federales, pues los delitos que
se les podrían imputar desde la federación no serán graves.
Yunis argumentó que es sumamente difícil el
poder certificar el delito de delincuencia organizada, que por lo regular sólo
se liga a narcotraficantes, de lo contrario la PGR tenía que presentar al menos
dos órdenes de aprehensión más, para sustentar la acusación.
“Para que se configure el delito de
delincuencia se requiere de más de tres personas, es raro que un político lo
haya cometido, es por eso que no creo que tengan muchos elementos”, expuso.
Las
acusaciones
Contra el ex tesorero de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, Tarek Abdala, existen cuatro carpetas
de investigación por actuar de manera omisa y dolosa en la administración,
cuando se presume desvío fondos estatales y federales por un monto de 23 mil
156 millones de pesos.
La mayoría de los recursos públicos desviados
corresponden a las partidas de salud, afirmó el Fiscal General del Estado,
Jorge Winckler en entrevista el 26 de enero del 2017, cuando acudió al Congreso
de la Unión a presentar la solicitud formal para retirarle el fuero.
En el caso de Alberto Silva Ramos, quien
fungió como coordinador de Comunicación Social durante la administración de
Javier Duarte, y junto a la también ex vocera Gina Domínguez, se le acusa del
probable desvío de recursos públicos de 12 dependencias estatales, por un monto
superior a los 5 mil 43 millones de pesos.
Otro que tiene algunas investigaciones
pendientes es el diputado federal Edgar Spinoso Carrera, por el delito de
peculado en los años 2014 y 2015, cuando se desempeñó como Oficial Mayor de la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
emitió observaciones por el desvió de más de 2 mil millones de pesos, que se
dejaron de pagar a proveedores y contratistas de la Secretaría de Educación.
También están en la lista negra Noemí Guzmán
Lagunes, quien fue titular de la Secretaría de Protección Civil, a quien se le
vincula con la denuncia penal 261/2016 que presentó el Orfis por el desvío de
940 millones de pesos, que se pagaron a empresas fantasmas.
En mayo del 2015 se informó que la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) presentó seis “denuncias de hechos” contra
funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz, entre ellos, Adolfo
Mota por “simular” el ingreso de recursos a la Federación para después
“sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.
En el caso del diputado Erick Lagos, quien
fue secretario de Gobierno, podría ser llamado a cuentas a raíz de la denuncia
365/2017, que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), luego de
que se encontró una cuenta del Banco Mercantil del Norte, en el que se
manejaron más de 237 millones de pesos, sin registro oficial.
Jorge Carvallo, funcionario de la
administración de Fidel Herrera y Javier Duarte, no contaba con denuncias
penales, sin embargo, en mayo de este año, se filtró a medios que la Fiscalía
General habría iniciado una investigación sobre el propietario del rancho El
Azafrán, ubicado en el municipio de Jilotepec.