FGE obligada a proceder contra ex duartistas que pierden fuero: Abogados


*Los ahora ex legisladores federales están acusados por desvío de recursos en el gobierno de Duarte; perdieron el fuero el miércoles pasado,

Xalapa, Ver. | 01 septiembre de 2018 
Tribuna Libre.- La Fiscalía General del estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz está obligada solicitar en lo inmediato orden de aprehensión contra los ex duartistas Alberto Silva Ramos y Antonio Tarek Abdalá Saad, señalados por el presunto desvío de 28 millones de pesos en el periodo 2010-2016.

Según la tesis 240835 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ahora ex diputados federales, entre ellos seis veracruzanos ligados a empresas fantasmas y acusados de desvío de recursos, perdieron la protección de ley desde el pasado martes, cuando rindieron protesta los nuevos legisladores.

Por lo anterior, la Fiscalía estaría obligada a actuar en su contra por los presuntos delitos de coalición, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad en agravio del gobierno de Veracruz y desvíos de fondos estatales y federales.

Abogados consultados afirman que el fuero constitucional se perdió a las cero horas de este sábado, sin embargo, otros, basados en la sentencia que se emitió tras la presentación del amparo indirecto 1836/78, contra el Gobierno del Estado de Sonora en 27 de junio de 1980, reconoce que los legisladores perdieron la protección el pasado miércoles.

La Constitución establece que el primer periodo ordinario de sesiones comenzará el 1 de septiembre de cada año y deberá concluir a más tardar los días 15 de diciembre.

Al inicio de una Cámara, en este caso la LXIV Legislatura, los diputados juran el cargo, como ocurrió el pasado miércoles 29 de agosto, cuando conformaron los órganos de gobierno internos de la Cámara.

En se sentido, se interpreta que en automático quienes fueron electos para el periodo anterior, perdieron la protección de ley.

Al opinar sobre el actuar de la Fiscalía General del Estado, el abogado y exSubprocurador de Justicia, Jorge Yunis Manzanares, consideró que ya es momento legal para que se giren ordenes de aprehensión contra los ex funcionarios.

“El Fiscal fue a solicitar el desafuero y si fue a solicitar el desafuero, quiere decir que ya tenía suficientes elementos para proceder, la cosa es que no le aprobaron el desafuero y había que esperar a que lo perdieran”, opinó en entrevista.

El abogado consideró que el hecho de que se haya reconfigurado la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR), contra Javier Duarte, a quien sólo se juzgará por organización delictuosa, también beneficia los exdiputados federales, pues los delitos que se les podrían imputar desde la federación no serán graves.

Yunis argumentó que es sumamente difícil el poder certificar el delito de delincuencia organizada, que por lo regular sólo se liga a narcotraficantes, de lo contrario la PGR tenía que presentar al menos dos órdenes de aprehensión más, para sustentar la acusación.

“Para que se configure el delito de delincuencia se requiere de más de tres personas, es raro que un político lo haya cometido, es por eso que no creo que tengan muchos elementos”, expuso.

Las acusaciones

Contra el ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, Tarek Abdala, existen cuatro carpetas de investigación por actuar de manera omisa y dolosa en la administración, cuando se presume desvío fondos estatales y federales por un monto de 23 mil 156 millones de pesos.

La mayoría de los recursos públicos desviados corresponden a las partidas de salud, afirmó el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler en entrevista el 26 de enero del 2017, cuando acudió al Congreso de la Unión a presentar la solicitud formal para retirarle el fuero.

En el caso de Alberto Silva Ramos, quien fungió como coordinador de Comunicación Social durante la administración de Javier Duarte, y junto a la también ex vocera Gina Domínguez, se le acusa del probable desvío de recursos públicos de 12 dependencias estatales, por un monto superior a los 5 mil 43 millones de pesos.

Otro que tiene algunas investigaciones pendientes es el diputado federal Edgar Spinoso Carrera, por el delito de peculado en los años 2014 y 2015, cuando se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones por el desvió de más de 2 mil millones de pesos, que se dejaron de pagar a proveedores y contratistas de la Secretaría de Educación.

También están en la lista negra Noemí Guzmán Lagunes, quien fue titular de la Secretaría de Protección Civil, a quien se le vincula con la denuncia penal 261/2016 que presentó el Orfis por el desvío de 940 millones de pesos, que se pagaron a empresas fantasmas.

En mayo del 2015 se informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó seis “denuncias de hechos” contra funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz, entre ellos, Adolfo Mota por “simular” el ingreso de recursos a la Federación para después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.

En el caso del diputado Erick Lagos, quien fue secretario de Gobierno, podría ser llamado a cuentas a raíz de la denuncia 365/2017, que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), luego de que se encontró una cuenta del Banco Mercantil del Norte, en el que se manejaron más de 237 millones de pesos, sin registro oficial.

Jorge Carvallo, funcionario de la administración de Fidel Herrera y Javier Duarte, no contaba con denuncias penales, sin embargo, en mayo de este año, se filtró a medios que la Fiscalía General habría iniciado una investigación sobre el propietario del rancho El Azafrán, ubicado en el municipio de Jilotepec.

Comparte ésta noticia:
 
Copyright © 2011. Tribuna Libre Noticias - All Rights Reserved
Con el libre derecho de hablar con apego a derecho | Periodismo: Objetivo, Plural, Investigación, Critica, Polí­tica...
Webmaster
Página Web Diseñada por: Lachito.com